La insólita historia de falsos divorcios, embarazos exprés y extrañas paternidades de funcionarios en la Fiscalía que buscan “atornillarse” a sus cargos

El preaviso de que 4.000 cargos en la Fiscalía saldrían al mercado para dar paso a empleados que llegarán por concurso se convirtió en una lotería que ningún funcionario quiso comprar. La incertidumbre provocó falsos divorcios, embarazos exprés y extrañas paternidades. Esta es la historia de los engaños de funcionarios del ente acusador para atornillarse en los cargos.

“En nueve meses verán una asonada de licencias de maternidad”, advirtieron los funcionarios de la Fiscalía en los pasillos del búnker de Bogotá. La profética gestación en masa es ahora una investigación en la Comisión de Disciplina Judicial y está acompañada por denuncias que llegaron a la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía.

El temor a ser despedidos motivó una sarta de mentiras y falsedades firmadas por funcionarios de la Fiscalía de todos los niveles. De la noche a la mañana hubo falsos divorcios, embarazos “de última hora” y paternidades raras para mantenerse en los cargos. Todos querían ser padres o madres cabeza de hogar y así asegurar su permanencia en la entidad.

Cuando la Fiscalía, en la administración de Luz Adriana Camargo, lanzó un concurso de carrera para suplir 4.000 cargos, hubo aplausos. Sin embargo, lo que no se imaginaron en la misma entidad es que esos cargos saldrían de los que actualmente están ocupados por funcionarios en provisionalidad.

Con el concurso de carrera en marcha, la Fiscalía redactó una circular, la 0030 del 3 de septiembre de 2024, con el objetivo de excluir los cargos y funcionarios del listado de vacantes que saldrían del concurso. Allí se fijaron las condiciones para “proteger” a los funcionarios con enfermedades, discapacidad o prepensionados. En ese listado también se incluyeron a padres o madres cabeza de hogar. Y ahí fue Troya. Los funcionarios que consideraban estar en esas “medidas afirmativas”, de acuerdo con la circular de la Fiscalía, y querían proteger sus cargos, debían soportar las condiciones con declaraciones notariales, registros civiles, certificados de discapacidad o incluso actas de defunción. Muchos dieron fe, juraron y firmaron mentiras en notarías. Se convirtieron en padres o madres cabeza de hogar de un plumazo.

Las denuncias que llegaron a la misma Fiscalía advierten con nombre propio, cargo, ciudad y fecha, cómo algunos funcionarios se presentaron a medidas de protección para atornillarse en los cargos con una historia falsa; otros con problemas familiares inventados y hasta, de manera súbita, hogares separados, divorcios ficticios. También se dispararon los embarazos.

SEMANA tuvo acceso a las denuncias en poder de la Fiscalía que motivaron una compulsa de copias a la Comisión de Disciplina Judicial. Los detalles parecen los capítulos de una serie de humor de oficinistas, y no las supuestas verdades de funcionarios que tienen en sus manos la Justicia del país, como son los fiscales.

“Resulta grave que la dirección ejecutiva se hiciera la de la vista gorda y ni siquiera indagara las condiciones personales y familiares de fiscales que tienen cónyuges que trabajan en la misma institución y ciudad, y resultan beneficiados con dicha medida de exclusión de sus cargos”, señala la denuncia que llegó a la Fiscalía.

En el correo electrónico, que se convirtió en denuncia, se señalan casos de fiscales que aseguraron, bajo la gravedad de juramento, que eran padres o madres cabeza de hogar, mientras que sus respectivos esposos trabajan en la misma entidad. La jugadita estuvo en un falso divorcio y sufrimiento fingido. Un abandono inventado para lograr las medidas de protección laboral.

“Una fiscal de la seccional Bolívar (se reserva el nombre), con su esposo pensionado, alegó ser madre cabeza de familia para obtener las medidas afirmativas y la Fiscalía General, de manera cómplice, las otorgó, sin indagar siquiera si esa condición se verificó como lo determina la Corte Constitucional”, señala la denuncia.

Otro caso, en la misma seccional, resultó más descarado y novelesco. Una fiscal, al parecer, se inventó un problema familiar de talla mayor. De acuerdo con la denuncia, la funcionaria alegó ser madre cabeza de hogar, pero, curiosamente, no tiene hijos. La trampa estaba en “apropiarse” de unos hijos y lo hizo con una demanda de patria potestad en contra de su propia hermana. Un problema familiar hizo necesario, supuestamente, que ella asumiera la responsabilidad de cuidar a sus sobrinos. Es decir, se convirtió en madre cabeza de hogar en cuestión de meses y motivada, al parecer, por el concurso de carrera que amenazó la estabilidad laboral en la Fiscalía y desbarató la frase que tanto sonaba en los despachos de la entidad: “En la Fiscalía no hay nada más permanente que la provisionalidad”.

“Tiene en cuidado temporal a sus sobrinas, porque interpuso demanda de pérdida de patria potestad contra la madre de sus sobrinas, con el único propósito de solicitar la medida afirmativa; no tiene la patria potestad de sus sobrinas y sus padres son pensionados, no se configura la condición de madre cabeza de familia”, advierte el denunciante.

Llamó la atención que, una vez se fijaron las reglas para “proteger” los cargos, se empezó a conocer de repentinos divorcios. Hombres y mujeres que huyeron de sus hogares y abandonaron a su cónyuge. Una triste historia que encajó rápido en los requisitos para “protegerse” del concurso de carrera.

“Estos servidores públicos son un claro ejemplo del gran fraude que se cometió en la Fiscalía General de la Nación para beneficiar a algunos y excluirlos del concurso, privilegiando las afinidades ideológicas con un Gobierno de turno”, señala la denuncia en poder de la Fiscalía y ahora investigada por la Comisión de Disciplina Judicial.

La lista de supuestos padres, esposos separados y recién embarazadas es larga. La denuncia hace relación a casos en la Seccional de Fiscalías en Bolívar, pero el escándalo de mentiras y juramentos falsos, al parecer, se extiende por otras regiones del país. En la compulsa de copias también se reseñan eventos en el departamento de Caldas. Pero hay más.

“Fiscales y funcionarios de la Seccional Bolívar, ciudad de Cartagena, al igual que en muchas otras ciudades, han defraudado, engañado y abusado de la confianza legítima de la fiscalía general, y han mentido de manera grave en la solicitud de medidas afirmativas para que sus cargos no fueran ofertados en el concurso de méritos”, señala la denuncia.

Al concurso se inscribieron más de 100.000 personas, muchas de ellas funcionarios de la Fiscalía, para cambiar su condición laboral, de provisionales a carrera. Ese, justamente, es el objetivo de la entidad y del mismo concurso, que los cargos en el ente acusador sean ocupados por mérito, aunque muchos intentan hacerle conejo.

En la Fiscalía también se adelantan las investigaciones, pero sindicatos y grupos de funcionarios se unieron para demandar las resoluciones que, con cuentagotas, están descabezando a fiscales que, en otras administraciones, eran los investigadores estrella. Ahora terminaron en una lista de indeseados.

Fueron 5.033 funcionarios de la Fiscalía los que se postularon a esas medidas de protección y se concedieron 2.797, entre quienes estarían justamente los que aparecen en las denuncias.

SEMANA consultó con la Fiscalía y allí aseguraron que presumen de la buena fe de los funcionarios que buscaron “proteger” sus cargos, pues se trata de declaraciones juramentadas. Sin embargo, aclararon que se han recibido 11 denuncias y se compulsaron las copias correspondientes, en el propósito de establecer la veracidad de las mismas.