La mentira de la fiscal: Luz Adriana Camargo habría incurrido en falsedad en documento público en el escándalo de corrupción de la UNGRD. SEMANA revela las pruebas

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, mintió al señalar por escrito que su despacho no tenía nada que ver con los principios de oportunidad en la investigación por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el mayor escándalo de corrupción del Gobierno de Gustavo Petro.

El pasado 13 de mayo, en un documento de siete páginas, la fiscal Camargo dijo que “los fiscales cuentan con independencia y autonomía para el desarrollo de su función y para adoptar decisiones en la investigación a su cargo”, en relación con el proceso de la UNGRD. Asimismo, señaló: “Se delegó expresamente a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia a tramitar los principios de oportunidad en los casos que hayan recibido por asignación especial”.

Sin embargo, esa versión de la fiscal Camargo es falsa, según un documento de carácter reservado de la Fiscalía y conocido por SEMANA.

Allí, los propios fiscales advirtieron por escrito, el pasado 14 de mayo, un día después de lo dicho por Camargo, que el eventual principio de oportunidad solicitado por Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, “está pendiente de autorización por parte de la señora fiscal general de la nación”.

Es decir, la fiscal Camargo habría incurrido en una falsedad en documento público al indicar que sus fiscales no le consultaban sus decisiones.

Ortiz es considerada una testigo clave del robo a la UNGRD. Ella le entregó una matriz de colaboración a la Fiscalía el pasado 18 de marzo, en la que se comprometió a delatar con pruebas a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre; a Vladimir Fernández, exsecretario jurídico del Gobierno Petro y hoy magistrado de la Corte Constitucional, y a Iván Name, expresidente del Senado.

Aunque en un principio los fiscales encargados del caso, María Cristina Patiño y Gabriel Sandoval, mostraron interés en la calidad de las pruebas presentadas por Sandra Ortiz, la situación dio un giro inesperado. Actualmente, la colaboración está en suspenso, lo que pone en riesgo la posibilidad de esclarecer lo ocurrido en la UNGRD y sus tentáculos con la Casa de Nariño.

Carlos Ramón González es uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, quien ternó a la fiscal Camargo, y Vladimir Fernández habría sido fundamental para garantizar la elección de la fiscal, en marzo de 2024, ante la Corte Suprema de Justicia.

Las pruebas

Al asumir su cargo, la fiscal Camargo anunció que un pilar de su administración sería la “justicia premial”, es decir, aquella que busca promover la colaboración, así como la descentralización de los principios de oportunidad para darles más autonomía e independencia a los fiscales.

La fiscal Camargo ha dicho en todos los escenarios que no tiene injerencia en los procesos. Pero fueron sus propios fiscales quienes dejaron constancia de que, en el caso de Sandra Ortiz, es la fiscal Camargo quien tiene en el congelador la posibilidad de una negociación. En síntesis, ella es quien dicta la última palabra.

En una resolución firmada el pasado 14 de mayo por la jefa encargada del Departamento de Protección y Asistencia de la Fiscalía, Juana Marcela Cárdenas, en el que explica las razones para no incluir a Sandra Ortiz y a su familia en el programa de protección a testigos, la funcionaria deja en evidencia a la fiscal Camargo.

Allí detalló que la “fiscal de conocimiento”, a cargo del escándalo de la UNGRD, confirmó cómo la decisión del principio de oportunidad para Sandra Ortiz estaba en manos de la fiscal general.

“Lo único presentado por la evaluada y su defensa jurídica fue una matriz de colaboración, donde detalla la información que aportaría a la Fiscalía en virtud de un eventual principio de oportunidad que se encontraba negociando y pendiente de la autorización por parte de la señora fiscal general de la nación”, advierte el documento en poder de SEMANA.

La fiscal Camargo juró, con su firma, que solo se ha limitado a cumplir funciones de dirección que constitucionalmente le fueron asignadas, como descentralizar el principio de oportunidad, dar lineamientos a los fiscales al momento de aplicar “mecanismos” de justicia premial, y solicitarles que adelanten los actos de verificación necesarios que corroboren la información ofrecida por los procesados.

Esas competencias, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía, son contrarias a la jefatura que realmente ejerce Camargo sobre sus funcionarios en el búnker y que terminan convirtiéndose en una forma de determinar y ordenar a quién se le puede otorgar un principio de oportunidad o no, aunque esa decisión la firme otro funcionario, supuestamente independiente.

“La suscrita no adelanta la referida investigación en contra de (Sandra) Ortiz Nova; por el contrario, se profirió resolución para que sean los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia”, dijo la fiscal Camargo en respuesta a una recusación en su contra instaurada por Pablo Bustos, de la Red de Veedurías Ciudadanas.

Bustos, en un documento que radicó en la Corte Suprema de Justicia, en el que solicita pruebas para sustentar la recusación contra Camargo, advierte que tiene evidencias de que la “negativa” para darle vía libre al principio de oportunidad a Sandra Ortiz fue de la fiscal general y no de los delegados para el caso.

El pasado 21 de mayo, Bustos le pidió expresamente lo siguiente a la Corte Suprema de Justicia: “Certifiquen si en el caso de la señora Sandra Ortiz la decisión de no aprobar el principio de oportunidad pasó por las manos de la fiscal general de la nación, certificación que deberá ser bajo juramento, ya que tengo la evidencia de que la negativa de aprobar el principio de oportunidad fue de la fiscal general”.

Por si esto fuera poco, SEMANA conoció que hay chats de conversaciones de los fiscales del caso que dejan en claro que la decisión del principio de oportunidad para Sandra Ortiz dependía exclusivamente de lo decidido por la fiscal Camargo, contrario a lo que ella afirma.

Fiscal ad hoc

La Red de Veedurías Ciudadanas recusó a la fiscal Camargo luego de que SEMANA reveló el pasado 20 de abril las pruebas de Sandra Ortiz contra Vladimir Fernández. Según dijo la exconsejera presidencial en el búnker, en sus primeros acercamientos en busca de una negociación, la elección del magistrado Fernández se habría agilizado con plata corrupta de la UNGRD.

En concreto, los 3.000 millones de pesos que Ortiz le habría entregado a Iván Name en octubre de 2023 no solo tenían como finalidad que el congresista ayudara al trámite de las reformas del Gobierno Petro, entre ellas la pensional, sino también que agilizara la plenaria del Senado para garantizar la elección de Fernández como magistrado de la Corte Constitucional, tal y como ocurrió.

Pese a la gravedad de este señalamiento y de las pruebas reveladas por SEMANA, como mensajes de WhatsApp, la Fiscalía no ha hecho nada ni ha compulsado copias contra Fernández ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Para el abogado Bustos, víctima en el proceso de la UNGRD, la fiscal Camargo tiene que declararse impedida para conocer asuntos de este proceso y, en particular, de la investigación contra Sandra Ortiz, teniendo en cuenta que Vladimir Fernández la habría ayudado en su elección como fiscal general. Por eso, la defensa de Sandra Ortiz ha solicitado un fiscal ad hoc.

Para tratar de restarles importancia al testimonio y a las pruebas de Sandra Ortiz, antes de que fueran reveladas por SEMANA, la Fiscalía dijo inicialmente que la información de la exconsejera presidencial era “confusa y contradictoria”.

Sin embargo, la exfuncionaria respondió al comunicado de la Fiscalía y, por medio de su defensa, advirtió que la información suministrada a los fiscales del caso era verificable y que podría llevar a nuevos escenarios de investigación contra aforados, como en el caso del magistrado Vladimir Fernández.

“Se aportaron datos precisos y verificables, con una narrativa coherente y lógica que corroboran sus afirmaciones, con los que, inclusive, se podrían iniciar investigaciones contra aforados”, explicó la defensa de Sandra Ortiz.

Días después, como pocas veces ha ocurrido en la historia de la Fiscalía, y menos en un proceso de relevancia nacional como el de la UNGRD, los fiscales María Cristina Patiño y Gabriel Sandoval, a cargo de la investigación, en un pasillo del búnker, hablaron con los medios de comunicación para advertir que las declaraciones de Sandra Ortiz podrían ser consideradas un “chantaje”.

La Fiscalía se negó a brindarle protección a la familia de Sandra Ortiz y así se lo notificó el pasado 14 de mayo, es decir, tres días antes de que la exconsejera tuviera una diligencia en la Corte Suprema de Justicia para declarar en el proceso contra Iván Name, hoy detenido en la cárcel La Picota. Ante la vulnerabilidad en la que están sus dos hijas y la falta de beneficios por su colaboración, Ortiz se vio obligada a guardar silencio en la Corte.

Las actuaciones de la fiscal Luz Adriana Camargo en el escándalo de la UNGRD empiezan a levantar sospechas. Recientemente, la Fiscalía decidió no apelar la negativa de un juez frente al acuerdo que había logrado el ente acusador y Olmedo López, exdirector de la UNGRD.

López ha declarado contra Carlos Ramón González, Iván Name, los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, y todos los congresistas de la Comisión de Crédito Público investigados por este escándalo.

Como la Fiscalía no apeló lo que decidió el juez, quedó la sensación de que comulgaba con ello, dejando completamente en el aire la colaboración de otro de los principales testigos del saqueo a la UNGRD.

La fiscal Camargo está hoy contra las cuerdas por la manera en que ha manejado la investigación del peor escándalo de corrupción del Gobierno Petro. SEMANA ha podido establecer que, por su polémica gestión, hay molestia en la Corte Suprema de Justicia, donde fue elegida, y en el Consejo de Estado, donde cursa una demanda que podría declarar nula su elección en las próximas semanas.