La reforma pensional, una iniciativa envenenada: el presunto pago de coimas a congresistas podría acabar con ese proyecto del Gobierno

El país está a la espera de que la Corte Constitucional tome decisiones frente a las demandas contra la reforma pensional por los posibles vicios de trámite en el Congreso. Sin embargo, a ese análisis le salió un nuevo y espinoso capítulo relacionado con el escándalo más grande que ha sacudido al Gobierno Petro: el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El asunto no es de poca monta. La pensional podría volver al Congreso para subsanar los vicios de trámite, pero resulta imposible limpiar el presunto pago de coimas a congresistas a fin de asegurar su aprobación. Así las cosas, sería ilegítimo respaldarla en la plenaria.

Días después de que la Corte Suprema ordenara las capturas de Andrés Calle e Iván Name, expresidentes del Congreso, SEMANA reveló que Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, confesó en la Fiscalía que los 3.000 millones de pesos que le entregó a Iván Name, en octubre de 2023, habrían tenido el propósito de asegurar la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional y obtener respaldo para las reformas del Gobierno, entre ellas la pensional.

Fuentes cercanas a la investigación detallaron que Ortiz relató cómo el presidente del Senado en ese momento, Iván Name, se habría reunido el 13 de octubre de 2023 con ella, con Carlos Ramón González, director del Dapre en aquel periodo, y con Vladimir Fernández, quien ocupaba el cargo de secretario jurídico de Petro, a fin de aceitar la elección.

Cuatro días después, Name agendó en el orden del día de la plenaria del Senado la elección de magistrado, en la cual resultó ganador Fernández. Así se habría cumplido con el primer compromiso.

Ortiz también dio un dato demoledor frente al trámite de la reforma pensional. Dijo que al inicio de 2024 se materializó el apoyo de Name a su trámite, al parecer, tras haber llegado a un acuerdo con el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Las plenarias del inicio de la legislatura de ese año demostraron que el 27 de febrero Name agendó la discusión. Llamó la atención que Name le entregó el control de los debates a María José Pizarro. La senadora del Pacto Histórico manejó ocho de 13 sesiones.

El 15 de junio de ese mismo año, la Cámara aprobó en un cuestionado último debate la reforma pensional con la jugadita de acoger el texto del Senado sin discusión. Ese día fueron registrados festejando los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior, también señalados por los exdirectivos de la UNGRD como los encargados de dar las órdenes en el entramado corrupto.

Hecha la jugada, la pensional se convirtió en ley y apareció una lluvia de demandas alegando el vicio de trámite en el último debate en la Cámara. Uno de los procesos que más ha avanzado está en el despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional, quien le pidió a la Corte Suprema las pruebas sobre el escándalo de la UNGRD para analizar la constitucionalidad de la reforma.

Entre esas pruebas estarían los testimonios de Olmedo López, exdirector de esa entidad, que han coincidido con las declaraciones de Ortiz sobre los 3.000 millones de pesos que le habrían entregado a Name, entonces presidente del Senado, para que apoyara las reformas que en ese momento el Gobierno estaba impulsando.

“3.000 para el presidente del Senado (Iván Name), y 1.000 para el presidente de la Cámara (Andrés Calle). En total, 4.000 millones. Es una instrucción que yo le di a él (Sneyder Pinilla, entonces subdirector de la UNGRD), el 26 de septiembre del año 2023”, sostuvo López en una entrevista exclusiva con SEMANA.

En medio de la tormenta judicial, la Corte Constitucional deberá definir el futuro de la pensional, que se empezaría a discutir a finales de mayo, teniendo en cuenta que el magistrado Ibáñez Najar ya radicó la ponencia.

La reforma tendría dos caminos: que la tumben, aunque parece no haber los votos suficientes para que esto suceda, o que la devuelvan al Congreso para subsanar el error que se presentó durante su debate y aprobación.

Pero el gran interrogante es: ¿los congresistas votarían por un proyecto de ley que, según la Corte Suprema y las pruebas, habría tenido plata corrupta de por medio durante su trámite? SEMANA contactó a constitucionalistas para entender el meollo del asunto, que ahora deberá resolver la Sala Plena de la Corte Constitucional.

Para el abogado Juan Manuel Charry, “no habría un vicio subsanable y sería suficiente para declarar la inconstitucionalidad. El hecho de que se hayan pedido las pruebas del proceso penal indica que la Corte da un paso nuevo en el control de constitucionalidad cuando hay indicios de la posible comisión de un delito en el trámite de la ley”.

Sin embargo, la Agencia Jurídica del Estado (Andje), entidad que forma parte del Gobierno, se le plantó a la Corte Constitucional y afirmó que no tiene “competencia” para pedir pruebas del caso UNGRD, pues la demanda contra la pensional se basó en unos vicios de trámite, lo que no tendría relación con las investigaciones penales contra Iván Name y Andrés Calle por el saqueo a la UNGRD.

El abogado constitucionalista Germán Calderón España emitió un concepto diferente: “La reforma adolece de un vicio, ya no de forma, sino material, porque, como lo ha dicho Sandra Ortiz, dineros destinados a garantizar el agua de los niños de La Guajira se utilizaron en actos de corrupción para lograr las mayorías en esa reforma. Este vicio es insubsanable”.

De hecho, el artículo 146 de la Constitución detalla un dato importante: “Toda reunión de miembros del Congreso que, con el propósito de ejercer funciones propias de la Rama Legislativa del poder público, se efectúe fuera de las condiciones constitucionales, carecerá de validez”. Esto marcaría una hoja de ruta para este nuevo panorama de la reforma pensional.

La senadora Paloma Valencia, autora de la demanda que más ha avanzado en el alto tribunal contra esa iniciativa, le dijo a esta revista que sería un “error de la Corte Constitucional devolver la pensional al Congreso”. Y agregó: “Creo que tiene un problema de nulidad grave, y es que ya está comprobado que, efectivamente, circularon dineros ilícitos, que ya han confesado los propios funcionarios del Gobierno Petro, para comprar la voluntad de los congresistas. La pensional es el resultado de un proceso de corrupción”.

Por su parte, la senadora Jennifer Pedraza, quien forma parte de los independientes en el Congreso, dijo que “si la Corte es coherente con los fallos que ha emitido en casos similares, lo más probable es que la tumbe”. Sobre la posibilidad de retomar la discusión, señaló: “Yo personalmente no me sentiría cómoda. No veo qué garantías podamos tener para un debate transparente en el Congreso después de cada uno de estos escándalos”. Es un hecho, la reforma pensional está envenenada.