INVESTIGACIÓN
La ruta de la plata de la UNGRD: SEMANA accedió a un documento de la Corte Suprema que evidencia millonarias transacciones bancarias de congresistas
SEMANA revela un documento de la Unidad de Investigación de la Corte Suprema en el que se hace un rastreo detallado de los congresistas involucrados en el escándalo de corrupción de la UNGRD. Hay movimientos financieros inexplicables.
La Corte Suprema de Justicia avanza con celeridad en la investigación contra siete congresistas de la Comisión de Crédito Público, acusados de haber vendido su conciencia a cambio de millonarios contratos con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Estos legisladores habrían respaldado con su voto los empréstitos que el Gobierno Petro gestionaba con la banca internacional. El cerco jurídico y probatorio los tiene contra las cuerdas.
SEMANA tiene en su poder un explosivo informe de cerca de 200 páginas de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en el que se hace un minucioso rastreo a cada uno de los siete congresistas y su círculo más cercano. En el documento se detallan relaciones políticas, especialmente en las zonas a donde iban dirigidos los multimillonarios contratos; financiación; miembros de sus UTL; análisis financieros de las cuentas bancarias, movimientos y cheques; relaciones con los contratistas y hasta un rastreo de sus vínculos en redes sociales.
Durante semanas, un equipo de la Unidad de Apoyo Investigativo de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema construyó el informe sobre los congresistas Julio Elías Chagüi, Liliana Ester Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Karen Manrique, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz, y lo envió al magistrado Misael Rodríguez.
Análisis financiero
En el cruce de datos financieros hay información que resulta explosiva e injustificada para la Corte Suprema de Justicia. Consiste en multimillonarias transacciones entre miembros de las UTL y los congresistas, más allá del salario que deberían recibir.
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Uno de los ejemplos más claros se lee en el documento y señala a Wadith Manzur, expresidente de la Comisión de Acusación de la Cámara. “Se encontró que el miembro de su UTL (reservamos el nombre) y el congresista realizaron 22 operaciones que ascienden a un valor de 289 millones de pesos, entre enero de 2023 y julio de 2024”, dice el documento.
Transacciones de este tipo, por diferentes montos, fueron detectadas entre los congresistas y miembros de sus UTL, con fechas que coinciden con el multimillonario escándalo en la UNGRD.
La Unidad de Apoyo Investigativo, por orden del magistrado Misael Rodríguez, rastreó los movimientos y transacciones de los congresistas. No solo se requirió información bancaria, también de la Dian, la Superintendencia Financiera y las Cámaras de Comercio. “Durante enero de 2023 y agosto de 2024, se identificaron 51 productos financieros de los siete congresistas”, advierte la investigación.
En ese caso específico, a los investigadores de la Corte nuevamente les llamó la atención los movimientos de Manzur, de quien señalan: “De la cuenta corriente del Banco XXX # 680223XXXXX, en titularidad del señor Wadith Alberto Manzur, durante 2022 a 2024, se identificó el giro de 107 cheques, títulos valores, que fueron cobrados por 20 personas naturales”. El monto de estas transacciones suma más de 1.495 millones de pesos.
El cruce de cuentas pone sobre la mesa vínculos entre las campañas de congresistas, como al parecer sucedió en Córdoba, con Manzur y Julio Elías Chagüi, quienes casualmente tienen transacciones hacia una misma persona de nombre José Gregorio.
El representante a la Cámara Julián Peinado registra en su cuenta un depósito por 400 millones de pesos, el 20 de abril de 2023, realizado por la señora Luz Estrella. En el cruce de datos, la Unidad de Investigación detectó empresas relacionadas con esta persona y las que resultaron beneficiadas con contratos de la UNGRD. La firma está vinculada en el informe también con la congresista Karen Manrique.
El detalle de este análisis pondría al descubierto un asunto más grave: un carrusel de contratistas que terminan siendo beneficiados y están justamente involucrados en el escándalo de la UNGRD. “Las 11 sociedades de interés para el periodo comprendido entre 2020 y 2024 han tenido representantes legales, socios o miembros de junta directiva de 327 empresas o consorcios en Colombia, cifra establecida desde la individualidad de dichas sociedades”, se lee en la investigación.
Contratistas
Ante las graves denuncias por el desvío de dinero hacia los contratistas aliados en los municipios, la Corte Suprema los rastreó, los individualizó y estableció la relación que tienen con los parlamentarios en los municipios Carmen de Bolívar, Bolívar; Cotorra, Córdoba, y Saravena, Arauca. En todos ellos, la Unidad Investigativa no solo se fijó en el municipio, sino también en las relaciones departamentales.
La orden era clara y así se lee en el informe: “Rastrear e identificar los contratistas de obra e interventoría de los municipios de Carmen de Bolívar, en Bolívar; Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca, a partir de criterios como su lugar de creación, su domicilio, el asiento principal de los negocios, las vinculaciones contractuales, o cualquier otro nexo que los ligue a dichos municipios”.
En el exhaustivo análisis quedó claro que hay contratistas que se repiten y serían las fichas de los congresistas. El asunto es así, tal como señaló el detenido exdirector de la UNGRD, Olmedo López, hoy testigo estrella de la Fiscalía: esta entidad no se rige por la ley de contratación pública por su necesidad de actuar de forma rápida ante emergencias. Para disponer del dinero se requiere solamente de un CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal). Al hacer esta revisión, todo quedó claro: los mismos contratistas siempre son los beneficiados.
Por ejemplo, en el caso de la representante Karen Manrique, a quien incluso Olmedo López ha señalado de tener relaciones con el ELN, la Corte identificó claramente las empresas beneficiadas y pudo individualizar a algunos contratistas, como “John Fredy”, quien ha tenido una millonaria contratación de maquinaria amarilla para atender emergencias.“Contratista que toma relevancia al haber suscrito contratos de maquinaria amarilla en el departamento de Arauca y a su vez con el municipio de Saravena”, detalla el documento.
De igual manera ocurre en Córdoba, donde se identificó a la Asociación de Municipios del Sinú (Asosinú), representada legalmente por “Johnny Manuel”. Según la Corte, “se identifica el siguiente contratista afín con los parámetros de rastreo e identificación que pueden guardar correspondencia con los criterios claves contenidos en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal”. Eso coincide con la explicación de Olmedo López sobre el mecanismo para sacar el dinero.
En este caso, entre muchos contratos, la Corte destaca uno para el mantenimiento y mejoramiento de vías rurales, en Cotorra, por 2.500 millones de pesos.
En Saravena los hallazgos son más claros y la Corte pone la lupa al contratista “Camilo Ernesto”, al señalar que “respecto de este contratista, se encontró que su abonado telefónico concuerda con el número de teléfono que en su momento remitió la asesora del ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, al WhatsApp de Sneyder Pinilla, identificándolo como el intermediario de Saravena”.
La Corte detectó que el contratista ha convenido mediante diferentes personerías jurídicas como Asociación Regional de Municipios del Caribe, Unión Temporal Macondo, Consorcio CRA 33 Yopal, Consorcio Trinchera, Consorcio Brisas de Cravo. Son, en total, 11 personerías jurídicas identificadas y relacionadas con el saqueo a la UNGRD.
Relaciones políticas
En la gruesa investigación a la que tuvo acceso este medio, también fueron identificados “los perfiles sociales, académicos y políticos” de cada uno de los congresistas involucrados, los miembros de sus UTL, además de funcionarios y alcaldes de los municipios a donde direccionaron los contratos.
Tal fue el detalle de esta investigación que nuevamente el expresidente del Congreso Iván Name queda mal parado. A las declaraciones de Olmedo López, según las cuales los 3.000 millones de pesos que le habrían entregado por medio de “la mensajera” Sandra Ortiz eran para la campaña al Concejo de su hija María Clara Name, se suma un cruce de datos. Ahí quedó en evidencia que otro hijo, llamado Iván Leónidas Name Ramírez, para el momento en que explotó el gigantesco escándalo, era miembro de la UTL de uno de los congresistas investigados. Se trata del exrepresentante Juan Diego Muñoz, quien ya se presentó en la Corte Suprema, pero guardó silencio.
Los detalles de este informe ya reposan en el despacho del magistrado Misael Rodríguez. Las piezas comienzan a encajar, mientras los congresistas de la Comisión de Crédito Público involucrados, aunque han guardado silencio ante la Corte Suprema de Justicia, insisten en su inocencia frente a los micrófonos. Las pruebas están hablando por sí mismas y tendrán que dar explicaciones.
