¿Manos oscuras en Medicina Legal? Los secretos del expediente que siembra grandes dudas frente al dictamen de la muerte del coronel Óscar Dávila

El supuesto suicidio del coronel Óscar Dávila ha resultado un misterio desde el primer momento. Nadie se explica cómo un hombre entrenado, experto en labores de inteligencia y acostumbrado a todo tipo de presiones habría decidido quitarse la vida cuando estaba en el epicentro de uno de los escándalos más grandes del Gobierno del presidente Gustavo Petro: la persecución, prueba de polígrafo e interceptación de las comunicaciones a Marelbys Meza, la exniñera de la entonces jefa de gabinete, Laura Sarabia.

El viernes 30 de mayo, la tesis del suicidio de Dávila quedó en entredicho luego de que SEMANA reveló la apertura de una investigación contra diez funcionarios de Medicina Legal que, de manera irregular, ingresaron al sistema de información forense (Sirdec), “al expediente identificado con el número 2023010111001002175, correspondiente al caso del coronel Óscar Darío Dávila Torres”, como se lee en el documento.

“Según el informe de auditoría realizado por la Subdirección de Servicios Forenses, un total de 23 funcionarios accedieron al caso, de los cuales solo 12 tenían competencia funcional para hacerlo, mientras que los 11 restantes, incluido un exfuncionario cuyo usuario seguía activo sin justificación, habrían ingresado sin autorización, en algunos casos por simple curiosidad”, advierte la investigación que se abrió en la Comisión de Disciplina Judicial.

El asunto no es de poca monta. Todo lo que rodeó la muerte del coronel Dávila genera sospechas porque se dio justo en el momento en el que el país supo que el aparato de seguridad del Estado se volcó para perseguir a la niñera Marelbys Meza por ser la sospechosa de un hurto en la casa de Laura Sarabia.

Aún es un misterio cuánto dinero se le perdió y qué documentos cargaba en la maleta para desplegar ese operativo contra Marelbys Meza y otra de las empleadas de Sarabia llamada Fabiola Perea. Lo que sí es claro es que, para cumplir sus objetivos, les impusieron arbitrariamente una prueba de polígrafo a Meza y a Perea, les hicieron seguimientos a ellas y a su círculo más cercano, y lo más grave, hicieron un montaje para que un juez de control de garantías autorizara la interceptación de los teléfonos haciéndolas pasar como integrantes del Clan del Golfo.

Frente a la investigación que acaba de abrir la Comisión de Disciplina Judicial, hay dudas por la lentitud y hasta un posible intento de engavetar esta grave denuncia de ingreso de personas no autorizadas al expediente del coronel Dávila en los sistemas de Medicina Legal.

El director (e) de esa entidad, Jorge Arturo Jiménez Pájaro, una vez conoció los resultados de la auditoría de la Subdirección de Servicios Forenses, en junio de 2023, remitió los hallazgos a la Comisión de Disciplina Judicial. Todo a los pocos días de la muerte de Dávila. En la comisión, la primera en tomar el caso fue la magistrada Paulina Canosa Suárez, el 31 de agosto de 2023. En este despacho fue abierta una indagación previa el 9 de septiembre del mismo año, pero no pasó nada más.

Un año después, el caso pasó a manos del magistrado David Dalberto Daza Daza. Ahí nuevamente durmió el sueño de los justos por ocho meses, hasta que este viernes, de manera personal, el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Mauricio Rodríguez Tamayo, dio a conocer la tozuda irregularidad.

Hoy, Colombia conoce que al dictamen de Dávila ingresaron funcionarios de Medicina Legal sin autorización, lo que pone en tela de juicio la conclusión de que la muerte del oficial fue un suicidio.

Las dudas están a la orden del día, pues con base en ese informe forense, el 26 de septiembre de 2023, la Fiscalía archivó el caso al dar por hecho que se trataba de un suicidio. “Para la Fiscalía, los resultados de la necropsia son claros en positivos para suicidio”, fue la declaración de la entonces vicefiscal Martha Mancera.

Aunque el ingreso irregular al informe forense del coronel Dávila pone sobre la mesa la posibilidad de una adulteración del dictamen, Medicina Legal emitió un comunicado y dijo que no hubo manipulación alguna.

“La actividad realizada y la revisión del caso no han documentado alteraciones en los informes periciales ni en las conclusiones forenses remitidas a la Fiscalía General de la Nación”, se lee en el comunicado enviado por Medicina Legal. Sin embargo, todas las dudas no están despejadas. ¿Por qué esos funcionarios no autorizados ingresaron al expediente? ¿Quién les dio la orden? ¿Qué otro tipo de actuaciones irregulares se pudieron haber cometido antes de que se concluyera que la muerte de Dávila fue un suicidio?

Según Medicina Legal, los diez funcionarios y el exfuncionario habrían ingresado a conocer el dictamen, entre otras razones, por “curiosidad”, y no podían modificarlo porque ya estaba cerrado.

SEMANA buscó el concepto de exdirectores de Medicina Legal para que explicaran la magnitud del hecho. Carlos Eduardo Valdés explicó que “el sistema guarda la información, la hora en que se produce, desde dónde se produce y quién la produce, con su código y nombre. Si en algún momento es necesario ampliar la información o modificarla, el sistema lo hace siempre y cuando sea por parte del personal autorizado para hacerlo. Se pueden hacer modificaciones; sin embargo, el reporte original se conserva”.

Máximo Alberto Duque, también exdirector de la entidad, aseguró que la manipulación en el sistema Sirdec puede, efectivamente, alterar el curso de la investigación. Por ejemplo, en el caso del coronel Óscar Dávila, modificar la manera de la muerte: de homicidio a suicidio. Sin embargo, Duque aclaró que “la plataforma tiene métodos para registrar cuando se ha hecho un cambio y desde cuál usuario se ha realizado”.

Confirmó que los controles en el sistema de Medicina Legal son exigentes y que el hecho de que un exfuncionario tenga acceso es una falla grave, pues cada vez que alguien sale de la entidad se suspenden sus claves o códigos, incluso los correos electrónicos. Las sombras rodean de nuevo la muerte del coronel Dávila y no se puede dejar de lado que antes de morir le había enviado una carta al entonces fiscal Francisco Barbosa buscando una cita para contar todo lo que sabía de la persecución del Estado a la niñera. Minutos antes de su muerte, había hablado con su familia.

La muerte de Dávila ha impedido conocer la verdad de los hechos que rodearon la persecución contra Marelbys Meza. En particular, la responsabilidad en estos hechos de la hoy canciller Laura Sarabia y del poderoso coronel Carlos Feria, exjefe de seguridad del presidente Petro, a quien uniformados investigados han señalado como la persona que dio la orden de encontrar a como diera lugar lo que se le había perdido a la entonces jefa de gabinete.

Dávila, antes de ser llamado por Feria para convertirse en uno de los hombres fundamentales en el esquema de seguridad de la Casa de Nariño, era el jefe de las Comisiones Investigativas contra el Crimen Organizado (Cicor), una serie de unidades de la Policía distribuidas en el país para la persecución de objetivos de alto valor.

Justamente, el Cicor n.º 6, con sede en Medellín, era el encargado de la persecución al Clan del Golfo en la región de Urabá, donde operaba Wilmer Antonio Giraldo, alias Siopas, y a ese Cicor le habrían dado la orden, desde la Policía Judicial en Bogotá, de chuzar los teléfonos de Marelbys Meza y Fabiola Perea, también empleada de Sarabia. Ahora, la Comisión de Disciplina Judicial tiene la obligación de esclarecer con prontitud la explosiva denuncia que tiene en sus manos contra los funcionarios de Medicina Legal. El país exige conocer la verdad.