Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia, demandará al Estado colombiano por las interceptaciones y seguimientos de los que fue víctima

Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia, se hizo famosa en Colombia. Pero la fama, en su caso, llegó con amenazas, señalamientos y el temor de terminar en la cárcel. Su humildad no le dio para ser influenciadora y facturar a través de las redes sociales.

Por el contrario, la escondieron, la dejaron sin trabajo y viviendo de la caridad de su familia. La exniñera de la futura canciller se convirtió en la muestra de que el “cambio” prometido en el Gobierno Petro no incluyó a personas como ella, que apoyaron la campaña del actual presidente, incluso como protagonista de un comercial que invitaba a votar por el mandatario. Fue perseguida, sometida e interceptada en sus comunicaciones y los autores reconocieron que la orden salió de la seguridad de la Casa de Nariño.

Pero el tiempo de recibir garrote, de perder oportunidades de trabajo y de las injustas acusaciones se acabó. Marelbys Meza, en compañía de su abogado, el penalista Iván Cancino, está lista para dar la pelea contra los responsables de convertirla en una cabecilla del Clan del Golfo, cuando su trabajo era cuidar al hijo de la poderosa Laura Sarabia, y anunció una demanda contra el Estado.

Cancino habló con SEMANA y reveló que tienen lista la acción judicial por los daños y perjuicios a Marelbys. La demanda recaerá en el Ministerio de Defensa y, de paso, en la Policía Nacional, como responsables de las actividades ilegales adelantadas por sus funcionarios.

“Quedó claro que la Policía, como institución, así sean unos pocos efectivos, participó en la comisión de actos delictivos, causando graves perjuicios a Marelbys Meza, a otras personas y a sus familias. Por lo tanto, en muy poco tiempo, estaremos presentando una demanda de responsabilidad contra el Estado colombiano, específicamente la Policía Nacional y, por supuesto, el Ministerio de Defensa”, dijo el abogado.

La seguridad presidencial y la Policía Nacional, según las investigaciones y condenas contra algunos de los uniformados implicados, tomaron la justicia por su cuenta. Se burlaron de la Fiscalía, inventaron informes judiciales, engañaron a fiscales y ahora tendrán que responder.

Los policías que interceptaron las comunicaciones de Marelbys Meza, de su familia y sus amigos admitieron que cumplían órdenes de sus superiores. Los condenados son policías y todos pidieron perdón. Allí están los cimientos de la demanda que, de acuerdo con el abogado Cancino, será ponderada y limitada al daño patrimonial que dejó en la vida de Marelbys estar, irónicamente, privada de la libertad siendo la víctima.

“Es absolutamente claro que hay perjuicios que se causaron y que tiene todo el derecho a recibirlo, porque ha sido muy perjudicada durante tanto tiempo. No ha podido tener contacto con su hija, con su familia, con sus hermanos, con sus progenitores, que no han podido trabajar y, por lo tanto, su parte económica ha sido gravemente afectada. Y alguien tiene que responder por eso”, advirtió Cancino.

Marelbys se convirtió en testigo de un vergonzoso escándalo que arrancó en el apartamento de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete del Gobierno Petro, y llegó a la Casa de Nariño. Cuando SEMANA reveló la forma en que se dieron los hechos, y quiénes fueron los responsables de someter a la exniñera al poder ilegal del Estado, Marelbys tuvo que abandonar su vida, la que disfrutaba con su familia en el sur de Bogotá.

Nadie la volvió a llamar para trabajar, tampoco le contestaban el teléfono, su familia fue perseguida por la Policía. Hasta sus amigos aparecieron en los informes de la Dijín como supuestos colaboradores de grupos criminales en el Chocó. En pocos días, pasó de empleada de la mano derecha del presidente Petro a ser supuestamente una cocinera del Clan del Golfo, sin tener un solo antecedente judicial.

Para la defensa de Marelbys, luego de que los policías aceptaron cargos, es justo que el Estado, representado en la Policía en este caso, también reconozca su responsabilidad. Los uniformados condenados, los que inventaron los informes para chuzar el teléfono de la exniñera, estaban cumpliendo órdenes de sus superiores, todos integrantes de la Policía.

“Es absurdo que personas que han cometido graves delitos tengan esquemas importantes de protección de la UNP y puedan andar en restaurantes, fiestas, centros comerciales, mientras que la víctima tuvo que vivir escondida, no podía hablar ni siquiera con nosotros, sus abogados, sin un operativo previo… Su vida sigue siendo afectada, sus condiciones de existencia, su labor económica sigue teniendo unas graves brechas que por ahora son insalvables”, insistió el abogado.

Marelbys no solo fue víctima de las interceptaciones, motivadas y ordenadas, según los propios policías condenados, desde la “Presidencia”. Se convirtió en la testigo principal y su vida estuvo en riesgo.

La Fiscalía garantizó su seguridad en una casa de protección, pero, con las limitaciones propias del momento, tuvo que despedirse de su familia. La defensa de la exniñera confía en que, tras el avance de la investigación y las condenas preacordadas, la Policía no se niegue a una conciliación y así evitar un desgaste mayor para la Justicia y el propio Estado, cuando se trata de un asunto tan evidente como la actuación ilegal de los funcionarios que, dicho por ellos, “estaban cumpliendo órdenes del llamado Caso Presidencia”.

Este proceso judicial que dejó como víctima a Marelbys Meza tiene dos capítulos. El primero, las interceptaciones ilegales. Son tres los policías condenados y dos más en juicio. El segundo, las pruebas de poligrafía de la seguridad presidencial.

Se investiga la actuación del coronel Carlos Feria, exjefe de seguridad del presidente Petro, y de la nominada canciller, Laura Sarabia. En este caso, la justicia penal militar y la ordinaria se pelean la competencia. “No tengo confianza… Pero, si se lo llevan a la justicia penal militar, si se lo llevan para la justicia divina, el resultado es el mismo.

Aquí se cometieron delitos, y quién los cometió ya será lo que toca responsabilizar. Lo único que sí tengo claro es que, de definirse la competencia en la justicia penal militar, pediré la veeduría internacional de cuanto órgano defensor de derechos humanos exista, porque aquí no vamos a dejar que haya impunidad”, advirtió el abogado Cancino.