JUSTICIA
Otro saqueo a la UNGRD: César Manrique Soacha, exfuncionario de confianza de Petro, habría recibido 2.000 millones de pesos en un baño de un centro comercial
César Manrique Soacha, exdirector de Función Pública y un hombre cercano al presidente Gustavo Petro, fue señalado de formar parte de una empresa criminal. Esta es la historia.
Desde hace varios días se encuentra en el despacho de la fiscal Luz Adriana Camargo un documento que contiene los ingredientes para abrir un nuevo capítulo en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El documento está firmado por Luis Carlos Barreto Gantiva, el exsubdirector para el conocimiento del riesgo de la UNGRD, quien, en prisión desde septiembre pasado por el desvío de millonarios contratos de la entidad, ha tenido que ver cómo la anterior cúpula involucrada en el saqueo ha recibido variados beneficios judiciales. Por eso decidió prender el ventilador.
Barreto Gantiva puso sobre la mesa una petición de un principio de oportunidad con información novedosa que tiene temblando, y con razón, a los involucrados. Entre ellos a uno de los hombres más cercanos a Gustavo Petro durante toda su carrera política: César Manrique Soacha, quien acaba de ser condenado a diez años de cárcel por hechos de corrupción en la compra de 100 motocicletas eléctricas para la Policía Metropolitana de Bogotá en 2012 durante la alcaldía de Petro.
Manrique Soacha ha caminado de la mano del presidente Petro y hasta el pasado primero de noviembre de 2024 fungió como director del Departamento Administrativo de la Función Pública.
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Tras las rejas y sin beneficios judiciales, Barreto Gantiva no se ahorró detalles sobre la forma como Manrique Soacha, supuestamente, direccionó millonarios contratos de la UNGRD para beneficiar a un grupo de contratistas y empresarios a cambio de las coimas que se desprendían de un porcentaje del valor total de los contratos.
Para que no queden dudas, el exfuncionario de la UNGRD entregó fechas exactas de momentos clave del oscuro pacto. En uno de los hechos más llamativos del extenso documento, se indica que Manrique Soacha habría recibido, en el baño de un reconocido centro comercial de Bogotá, la suma de 2.000 millones de pesos.
El dinero, señala, le fue suministrado en un maletín por el mismo Barreto Gantiva en billetes de 100.000 y 50.000 pesos, en dos entregas, tal como se proporcionó en su momento la coima a Iván Name, expresidente del Senado. En ese lugar, el menos pensado para contar dinero, el entonces director de Función Pública verificó el pago de lo prometido por un empresario beneficiado con un contrato en La Guajira.
Los hechos se presentaron entre los días 10 y 11 de enero de 2024 en un centro comercial ubicado en el occidente de Bogotá. Pero para que este dinero llegara hasta allí, existió una trama corrupta que parece sacada de una película de espías. A comienzos de 2024, el 4 de enero, una mujer identificada como Ana María Riveros le entregó en efectivo 5.000 millones de pesos a Barreto Gantiva para que realizara la distribución entre las personas que formaban parte del entramado criminal que direccionó contratos para la adquisición de carrotanques, plantas desalinizadoras, interventoría de pozos profundos y topografía en tanques de agua en La Guajira.
En este punto aparece en escena, según la propuesta de colaboración de Barreto Gantiva, un personaje que habría pasado de agache en este entramado de corrupción: Jorge Aristizábal, quien por meses fue la mano derecha de Manrique Soacha en el Departamento de la Función Pública. Aristizábal, señala la propuesta de colaboración, sería una persona clave en el movimiento de los dineros en efectivo, pues portaba en su vehículo altas sumas de dinero y las dejaba en puestos estratégicos señalados por su jefe, a quien siempre le reportaba sus movimientos. Manrique Soacha le habría dado la bendición a su funcionario, quien se desempeñaba como asistente de dirección, para que recolectara y moviera las coimas pactadas con los contratistas.
Barreto Gantiva, quien se refería a Manrique Soacha como su “padrino político”, aseveró que vio todos los chats y escuchó las llamadas que dejan muy mal parado al exdirector de Función Pública.
El exfuncionario de la UNGRD aseguró que fue testigo de este millonario movimiento de dinero, por lo que está dispuesto a declarar en juicio y en todas las investigaciones que se abran.
La versión tiene más peso si se tiene en cuenta la relación de vieja data entre Barreto y Manrique. Se conocieron en 2014 en la Alcaldía de Fusagasugá.
Coima en el parqueadero
Entre el 23 de enero y el 3 de febrero de 2024 –continúa la matriz de colaboración– se registraron otros movimientos de sobornos cercanos a los 3.000 millones de pesos de los contratos direccionados. Nuevamente, Barreto Gantiva se reunió con Jorge Aristizábal en un parqueadero cercano al Departamento de Función Pública, en la carrera 15 con calle 11, en el centro de Bogotá.
Aristizábal recibió la otra parte del dinero, unos 1.000 millones de pesos, en su apartamento. De todos estos movimientos, siguiendo el protocolo, habría estado informado Manrique Soacha.
En el documento aparece un viejo conocido, el abogado Édgar Eduardo Riveros, quien actualmente está en prisión por intentar comprar el silencio de Sneyder Pinilla para que evitara señalar en sus interrogatorios ante la Fiscalía a Barreto Gantiva. Ese acto fue puesto al descubierto cuando Gustavo Moreno, abogado de Pinilla, ofició de agente encubierto.
El exsubdirector para el conocimiento del riesgo de la UNGRD salpicó a su otrora abogado asegurando que tuvo un papel clave como intermediario para el direccionamiento de contratos a cambio de una comisión de entre el 7,5 por ciento y el 12 por ciento del valor total de los convenios.
En la propuesta de principio de oportunidad, que se extiende por 87 páginas, se incluye a una decena de exfuncionarios de la UNGRD y de Función Pública, así como a contratistas que saquearon a La Guajira.
Los días pasan lento para Barreto Gantiva en la cárcel mientras espera que se le dé luz verde a esta nueva oferta de colaboración con la Justicia.
La mala hora de Manrique Soacha
Esta semana, Manrique Soacha fue condenado a diez años de cárcel por su participación directa en los hechos de corrupción que rodearon la firma de un contrato para la compra de 100 motocicletas eléctricas para la Policía Metropolitana, cuando era el gerente (e) del Fondo de Vigilancia de Bogotá, en la administración Petro.
Manrique Soacha celebró este contrato por un valor de 4.347 millones de pesos. Sin embargo, para el juez, no tenía la potestad para la firma de este contrato, que presentó un sobrecosto cercano a los 1.000 millones de pesos y una nula justificación, pues las motos eléctricas no habían sido pedidas por la Policía.
En el fallo de primera instancia, se indica que Manrique Soacha habría promocionado y presionado la firma de este contrato, direccionándolo para que llegara a una empresa. Las motos nunca cumplieron el objetivo de proteger a la comunidad, ya que presentaron graves fallas técnicas.
