Papá Pitufo, bajo la lupa de Estados Unidos. La justicia de ese país tiene en la mira al ‘zar del contrabando’ en Colombia. Estas son las razones

Para las autoridades colombianas ha sido difícil lograr traer a Colombia, vía extradición, al considerado zar del contrabando, Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, hoy detenido y con solicitud de asilo en Portugal. Tampoco han logrado desenredar la madeja corrupta que infiltró a la Dian, a la Policía Fiscal y Aduanera, a jueces, fiscales y altas esferas del poder. Sin embargo, el asunto en Estados Unidos es a otro precio.

SEMANA conoció que las autoridades de ese país le siguen los pasos desde hace varios años y están armando un proceso judicial que terminaría en una solicitud de extradición. El motivo sería el gigantesco operativo de lavado de activos que manejaba la organización de Papá Pitufo y que es uno de los delitos más graves para la Justicia estadounidense.

Según fuentes federales, están trabajando de la mano con las agencias de seguridad colombianas, y ya hay varios miembros de la red de contrabando de Papá Pitufo que levantaron la mano y ofrecieron colaborar a cambio de beneficios, precisamente porque en ese país han venido armando el rompecabezas de lo que consideran una auténtica empresa criminal.

Miembros de la red, aunque estaban siendo judicializados, se mantenían relativamente tranquilos porque eran procesados solamente por contrabando o sobornos para permitir el ingreso de mercancías al país de manera ilegal. Pero con los reflectores de la Justicia estadounidense en el caso, detonaron los delitos de lavado de activos y hasta la relación con el narcotráfico.

Para los investigadores es claro que la infiltración de Papá Pitufo no solo fue en las agencias de seguridad y la Justicia colombiana, pues los tentáculos de la organización de Marín habrían llegado a la poderosa agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA.

Para las autoridades de ese país, es claro que Marín es cercano a José David Irizarry, un curtido exagente de la DEA, quien era una de las estrellas de esta agencia en Colombia y estuvo en misión desde 2011 hasta 2019, ubicado como eje central en Cartagena.

Justamente, en enero de 2019 explotó el escándalo de que Irizarry había sido permeado por el crimen, a partir de empresas fachada que había creado para realizar operaciones encubiertas y desnudar el lavado de activos de narcos. Él mismo habría lavado cerca de 7 millones de dólares en sociedad con los criminales que debía perseguir.

Para ese momento se dijo que uno de sus principales socios era “el rey del contrabando en Colombia. El hombre importa contenedores llenos de aparatos electrónicos y ropa, adquiridos con dólares del narcotráfico, que se venden en mercados callejeros a bajos precios”, señalaba la información exclusiva de la agencia de noticias Associated Press (AP).

Irizarry, quien fue condenado a 12 años de prisión en su país, tenía esposa colombiana y se documentó que adquirió una casa lujosa en Cartagena, un costoso Land Rover y viajaba frecuentemente a Europa en primera clase con maletas Louis Vuitton y un reloj de oro Hublot, algo incompatible con sus ingresos.

En medio de este escándalo fueron salpicados funcionarios de la DEA que pasaron de agache en ese momento, pero luego de que se supo del poder de Papá Pitufo y su infiltración durante décadas en las autoridades colombianas, el Gobierno de ese país desempolvó los expedientes y varios de los implicados estarían colaborando y revelando hechos hasta ahora desconocidos.

Pero los testigos no son solamente exagentes de la DEA. En la lista estaría un viejo conocido para la Justicia colombiana, Ómar Ambuila, el exfuncionario de la Dian que fue extraditado por participar en esos negocios de contrabando y que fue descubierto por las ligerezas de su hija Jenny Ambulia, quien en redes sociales posaba con lujos de la talla de un Lamborghini Huracán Spider color rojo y una camioneta Porsche Cayenne blanca.

En la investigación hay un vínculo que era desconocido para las autoridades: la compra del famoso Lamborghini habría sido realizada con la colaboración del exagente de la DEA José David Irizarry. Ese círculo lo están cerrando las autoridades de Estados Unidos, teniendo como epicentro un solo nombre: Diego Marín Buitrago.

Varios de los llamados extraditables en las cárceles de Colombia y Estados Unidos encontraron en este proceso la posibilidad de acceder a beneficios a cambio de contar detalles de la operación de lavado de Papá Pitufo, con el requisito de que les protejan su identidad.

Las investigaciones se han extendido a Europa, donde Diego Marín Buitrago tiene ciudadanía española y se instaló cuando salió de Colombia. Al sentir que le seguían los pasos, se radicó en España, donde están varias de las personas de su núcleo familiar cercano. Allá también montó empresas, estableció nexos oscuros y también habría logrado infiltrar a las autoridades.

Marín Buitrago fue capturado en España, y al recuperar la libertad de inmediato se fue para Portugal, donde está en trámite una solicitud de asilo, mientras que el Gobierno colombiano busca afanosamente su extradición, solicitada públicamente en varias ocasiones por el presidente Gustavo Petro.

SEMANA se comunicó con abogados del equipo jurídico de Marín. El exfiscal Mario Iguarán afirmó: “Sobre la extradición de Diego Marín, el único requerimiento que se ha hecho fue uno realizado por el Gobierno colombiano y que hoy cuenta con un fallo que la aprueba, pero que no está en firme, pues deben surtir otras instancias ante las cortes españolas y europeas. A esto agréguele la solicitud de asilo, que todavía no se ha decidido por el Gobierno portugués, toda vez que ni siquiera se ha dirimido el conflicto de competencias que se presentó entre tribunales de Lisboa y Oporto”.

Iguarán afirmó, pese a la información que tiene este medio, que “no hay por el momento ni solicitudes, ni siquiera señales, de una solicitud de extradición por parte del Gobierno americano”.

Por su parte, el abogado John Villamil, defensor de alias Papá Pitufo, confirmó que en Estados Unidos se adelanta una investigación por cuenta de supuestos vínculos con redes del narcotráfico; sin embargo, anticipó que se trata de procesos que completan más de cinco años en la Justicia de ese país.

Aseguró que desconoce si de parte de la Justicia estadounidense existe alguna clase de requerimiento, esto es una solicitud de extradición diferente de las actuaciones internacionales que adelanta Colombia con Portugal, en el proceso que por contrabando lleva la Fiscalía colombiana.