Primicia: Carlos Ramón González tiene ya la “protección” de un gobierno extranjero. Hay dudas sobre lo que pasará en caso de que le dicten orden de captura

Carlos Ramón González, uno de los hombres de confianza del presidente Gustavo Petro, llamado a imputación de cargos el próximo 21 de mayo por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), recibió la “protección” de un Gobierno en el extranjero. Así lo confirmó SEMANA con fuentes cercanas a la investigación en contra de González. El nombre de ese país donde él se resguarda es un misterio. Teniendo en cuenta que el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) será imputado el próximo miércoles, y la Fiscalía pedirá una medida de aseguramiento en su contra, surgen dudas sobre lo que puede ocurrir teniendo en cuenta el blindaje obtenido por González. El exfuncionario es señalado de ser el “determinador” en la compra de los congresistas a cambio de contratos y dinero en efectivo por parte del Gobierno Petro. González lo tenía claro. Pese a que había pasado más de un año y la Justicia no lo había tocado, sabía que le llegaría su turno, y no se quedó esperando. Salió del país.

González era uno de los hombres más influyentes del Gobierno. Le hablaba al oído al presidente Petro y fue su compañero de armas en el M-19. Ocupó uno de los cargos más estratégicos, el de director del Dapre, y, al momento de renunciar en medio del escándalo de corrupción, era el director nacional de inteligencia. Quienes lo conocen señalan que es un político curtido, pausado, que se mueve como un ajedrecista y no da un paso en falso.

Ante los contundentes señalamientos de Olmedo López, Sneyder Pinilla y Sandra Ortiz, elaboró un plan porque sabía que la Justicia le respiraba en la nuca. SEMANA confirmó que González logró que un Gobierno extranjero le brindara “protección” mediante una figura más sólida que el conocido asilo político con la condición de mantener la mayor reserva. Por eso, incluso para las autoridades, ha resultado imposible ubicarlo.

Aunque SEMANA reveló que González había salido de Colombia desde noviembre del año pasado, solo hasta que la Fiscalía lo citó para imputarle los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, cohecho por dar y ofrecer, y lavado de activos, este medio confirmó su condición de protegido, lo que haría imposible cumplir la solicitud de medida de aseguramiento de la Fiscalía en caso de que sea avalada por un juez.

Antes de llegar a esa instancia, González tenía dos opciones. La primera era defenderse en Colombia, pues de alguna manera se sentía tranquilo con la fiscal Luz Adriana Camargo, elegida de una terna de su amigo, el presidente Petro. Sin embargo, muchas voces coincidían en que, si el escándalo crecía y su nombre seguía sonando, terminaría en la cárcel.

La segunda alternativa era buscar refugio en un país distinto. Sin embargo, se le advirtió que no sería sencillo, ya que formaba parte del actual Gobierno, tenía vínculos cercanos con el presidente y no podía alegar persecución por motivos políticos para solicitar asilo.

Aprovechando sus vínculos, cercanía y viejas amistades con defensores de derechos humanos, tomó el segundo camino. González actuó bajo la más absoluta confidencialidad y empezó a salir del país de forma reiterada para acordar su protección en un país extranjero. Parecía algo habitual. En los últimos tres años, como reveló SEMANA, el exdirector del Dapre sumó 23 registros migratorios.

El último destino de González fue la ciudad de San José, en Costa Rica, el 2 de noviembre del año pasado. No reportó fecha ni tiquete de regreso y, desde entonces, se le perdió el rastro. En ese momento, resonaba en la Corte Suprema de Justicia la inminente captura de quienes habrían sido sus cómplices: los expresidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name y Andrés Calle. Finalmente, dicha captura se concretó la semana pasada en Bogotá, cuando ambos excongresistas fueron trasladados a la cárcel La Picota.

SEMANA ha seguido la pista y tiene claro que su refugio en otro país no es ajeno a su altísima influencia en el actual Gobierno e incluso habría tenido apoyo no oficial para las gestiones. Entre los argumentos presentados para solicitar la protección está justamente su participación en el M-19 como guerrillero, haber formado parte del proceso de paz que desmovilizó a este grupo y convertirse en uno de los principales líderes de ese movimiento político en el país.

Reincidente

Lo que pocos saben es que esta no es la primera vez que González se oculta de la Justicia. Ya había ocurrido hace más de 30 años, cuando terminó involucrado en un escándalo por presunto peculado en el manejo de las basuras en Bucaramanga. Había dejado las armas y aterrizó en la arena política como concejal en la capital santandereana.

La Justicia lo requirió, y González no apareció. Coincidencialmente, para ese entonces fue defendido por el reconocido abogado penalista Antonio José Cancino, quien era apoyado en el proceso por su joven hijo, Iván Cancino, quien hoy, tres décadas después, es su apoderado en el proceso por el saqueo a la UNGRD. En ese momento, padre e hijo lograron que el Tribunal de Santander lo declarara inocente.

El próximo miércoles está programada la imputación de cargos y medida de aseguramiento de manera virtual. Lo que se ha conocido es que González podría conectarse a la audiencia junto con su abogado Cancino, pero, de darse la orden de captura, González no estaría dispuesto a regresar a Colombia.

Esta situación no sería algo nuevo en el círculo del presidente Petro. El país recuerda el denominado ‘petrovideo’ presentado en la plenaria del Senado, en un debate de control político, en el que Juan Carlos Montes le entregó a Petro fajos de billetes en efectivo sacados de una bolsa de basura. Montes, quien fue funcionario de la Alcaldía en la administración Petro, nunca aclaró los hechos, se fue del país y se desconoce su paradero. El último rastro lo ubica en Suiza.

Una dura confesión

El principal motivo por el que González está citado para imputación el próximo miércoles 21 es el señalamiento de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien fuera su amigo y compañero en el M-19. Él afirma que recibió la orden directa del entonces director del Dapre para comprar congresistas con contratos y dinero en efectivo. La primera operación fue la entrega de 3.000 millones a Iván Name y otros 1.000 millones a Andrés Calle.

SEMANA tiene en su poder la explosiva declaración de Olmedo López ante la Corte Suprema, realizada el 26 de agosto del año pasado, que tiene contra las cuerdas a González y se suma a los chats, ubicaciones, llamadas, fotos y el arsenal de pruebas que presentó el exdirector de la UNGRD.

“Mi responsabilidad, honorable magistrado, en cumplir una orden del doctor Carlos Ramón González, que en su despacho, en el mes de septiembre, en el Palacio de Nariño, en el Dapre, me ordenaron inicialmente entregar contratos dirigidos con nombre propio de la UNGRD, de donde salían a municipios y contratistas específicos, por valor de 60.000 millones de pesos para el senador Iván Name, y por cerca de 10.000 millones de pesos para el representante a la Cámara Calle, dirigidos a un aporte económico que ellos necesitaban para las elecciones de octubre”, contó López sobre la orden precisa, que luego pasó de contratos a dinero en efectivo por la inminencia de los comicios.

Nuevamente, con González como encargado de dar la orden, según se escucha en la declaración de nueve horas en poder de SEMANA, se da la otra compra de congresistas. La entrega de contratos a los miembros de la Comisión de Crédito Público para pagar el compromiso asumido, luego de que en diciembre votaran de forma favorable los empréstitos de la nación ante la banca internacional.

“La reunión del viernes 7 de febrero se da en las oficinas del doctor Carlos Ramón González y allí dan la especificación detallada del por qué era necesario entregar dádivas a los congresistas; no así en la orden recibida en septiembre cuando el doctor Carlos Ramón González pidió ‘apoyar a Olmedo y darle todo el respaldo’. Ya para esa época creo que está corriendo la situación de la aprobación en el Congreso y estaba muy compleja”, afirmó López, sobre quien, reconoce, era su jefe en el M-19.

El poder de Carlos Ramón

Pragmático, silencioso y millonario. Así describen a González quienes lo conocen. Una orden suya habría sido suficiente para echar a rodar el mecanismo de corrupción que se tomó la UNGRD. Además, según le contaron varios funcionarios y exfuncionarios a SEMANA, era quien movía los hilos del poder en asuntos tan importantes como la elección de Vladimir Fernández en la Corte Constitucional y la de la fiscal Luz Adriana Camargo.

González, a finales de 2023, habría puesto en marcha una estrategia para favorecer la candidatura de Camargo. En un consejo de ministros a comienzos de 2024, según dichas fuentes, llamó la atención cuando les pidió a los presentes que le compartieran a Sandra Ortiz, en ese momento consejera presidencial para las regiones, los amigos que tenían entre los magistrados de la Corte Suprema de cara a la elección de la nueva fiscal.

Ortiz quedó a cargo de recopilar los datos. Algunos ministros le entregaron esa información; otros, como la vicepresidenta Francia Márquez, reconocieron que no conocían a nadie entre los magistrados. El objetivo, al parecer, era hacer lobby desde la Casa de Nariño a favor de Camargo, quien fue incluida por Petro en la terna el 26 de septiembre de 2023 tras haber retirado a Amparo Cerón.

“Luego de la orden que le dio Carlos Ramón, Sandra hizo un trabajo de inmediato con todos los ministros y en una agenda anotó los nombres de los magistrados que los ministros reportaban como conocidos o amigos. Luego, ella le entregó ese reporte a él”, contó un alto exfuncionario de la Casa de Nariño.

Pero no solo eso. Por orden de González, Ortiz habría ido más allá de recopilar datos. En la Corte Suprema, magistrados y exmagistrados recuerdan que en las Navidades de 2023 recibieron una agenda de parte de Sandra Ortiz con una botella de vino y un mensaje de feliz Navidad y feliz año.

El regalo se interpretó como un extraño acercamiento de la Casa de Nariño con el alto tribunal a pocos meses de la elección de la nueva fiscal, que se concretó el 12 de marzo de 2024. Según testigos, la agenda tenía fotos del presidente Petro, de Sandra Ortiz en su rol como consejera para las regiones y de cada uno de los magistrados. El regalo, según testigos, tuvo el visto bueno de González.

Al ausente Carlos Ramón González se le cerró el círculo con las últimas declaraciones de la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz, que, aunque todavía no han sido tenidas en cuenta por la Fiscalía para una eventual negociación, resultan demoledoras por tratarse de una de las principales protagonistas de esta trama corrupta.

Ortiz, del Partido Verde, al igual que Carlos Ramón González e Iván Name, contó que fue solicitud del mismo exdirector del Dapre que hiciera la entrega de ese dinero, aprovechando su cercanía y amistad con el entonces presidente del Senado, quien estaba distante con el Gobierno. Con un ingrediente adicional revelado por SEMANA: el dinero para Name también comprometía agendar y facilitar la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional. Asimismo, con la entrega del dinero, se le habría pedido a Name apoyar el trámite de la reforma pensional.

Por lo pronto, en la Corte y en la Fiscalía por fin se están tomando decisiones en torno al escándalo. Iván Name y Andrés Calle ya están tras las rejas; se habla de próximas determinaciones frente a los congresistas de la Comisión de Crédito Público, y, desde la Fiscalía, resulta inminente una decisión contra Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda. De momento, está la cita del miércoles con Carlos Ramón González, con una duda pendiente: ¿qué pasará si le dictan orden de captura?