¿Quién mandó a matar al fiscal Pecci? Investigación trasnacional apunta a una ‘vaca’ entre narcos paraguayos y brasileños

Aunque en el cinematográfico homicidio del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en Cartagena el 10 de mayo de 2022, la Policía logró en tiempo récord reconstruir milimétricamente cómo se ejecutó el homicidio, los movimientos, cada una de las fichas de este plan criminal y hasta capturó a todos los sicarios involucrados, aún están tras la pista de los peces gordos, los autores intelectuales del vil asesinato. La investigación apunta a una alianza criminal de mafiosos de Paraguay y Brasil, que hicieron una vaca multimillonaria para matar a Pecci sin dejar un solo rastro.

SEMANA revela detalles inéditos de esta investigación transnacional, en la que trabajan agencias de inteligencia de Colombia, Estados Unidos, Centroamérica y los países de origen de estos mafiosos, quienes se habrían puesto de acuerdo para sacar del camino a Pecci. Uno de los aspectos revelados es que el asesinato se ejecutó en Colombia contratando una agencia criminal de Medellín, pero el plan inicial era matarlo en Paraguay.

Las autoridades han establecido que meses antes del crimen, en Brasil, se acordó entre los mafiosos su ejecución, y se realizó la vaca de un millón de dólares para que los delincuentes se desplazaran hasta Asunción, Paraguay, y cegaran la vida de Pecci. Ya hay rastro y datos exactos de las reuniones y sus participantes, cómo se movió el millón y del grupo de sicarios que durante varios días siguió al fiscal antimafia en los despachos judiciales, su oficina y hasta su casa en Paraguay, donde vivía con su esposa, la periodista Claudia Aguilera.

Varios testigos, entre ellos uno de los capturados y condenado por este crimen, Francisco Luis Correa, quien habría transportado las armas para asesinarlo en Cartagena y está colaborando bajo principio de oportunidad, confirmó esta versión ante las autoridades. Aseguró que al fiscal Pecci le habían mandado unos “pesados”, a quienes les pagaron el millón de dólares para asesinarlo en Paraguay, y que “allá esa vuelta no se había podido hacer”.

Evidentemente, “la vuelta”, como la denominan los mafiosos, cambió de planes porque Pecci en su país tenía suficiente seguridad y resultaba muy evidente que era la mafia local la que lo habría ejecutado. Supieron, entonces, que Pecci y Aguilera iban a viajar de luna de miel a Cartagena y enrutaron el plan hacia Colombia para no dejar rastro.

En principio, pretendían que el crimen pareciera un robo cometido por delincuencia común. No obstante, en los seguimientos no encontraron espacio, por lo que no les quedó otra alternativa que dirigir el atentando hacia el hotel donde estaba la pareja y por eso lo ejecutaron justo el último día.

Para este “plan B” se efectuó una nueva vaca millonaria. Otra vez la cifra fue de un millón de dólares para contratar la oficina de sicarios, entre quienes se repartieron 2.000 millones de pesos.

Las autoridades, en la investigación trasnacional en búsqueda de quiénes están detrás del crimen, recibieron información de diferentes fuentes. Apuntaron al pacto mafioso, con nombres específicos, que se cruzaban con las pesquisas de Pecci, quien había logrado desnudar operaciones criminales de narcotraficantes.

Ahí aparece Jarvis Chimenes Pavao, un hombre brasileño, pero con nacionalidad paraguaya, a quien llaman el Barón de la Droga. Pavao fue detenido hace varios años en Paraguay y extraditado a Brasil, pero tras las rejas seguía comandando la operación de tráfico, hasta que las autoridades, en julio del año pasado, en medio de la operación Pavo Real Py, capturaron a 40 de los miembros de su red. El vínculo con la criminalidad en Colombia era claro: según inteligencia, a través de una empresa de exportación de cerveza enviaba droga hacia Colombia y también intercambiaba la mercancía ilegal por armas para las Farc.

Una línea adicional de investigación se dirige hacia otro delincuente paraguayo. Se trata de Miguel Insfran, alias Tío Rico, capo del narcotráfico detenido en Río de Janeiro, Brasil, en febrero del año pasado. La caída de Tío Rico se dio como coletazo en otra gran operación llamada A Ultranza PY, en la que participó Pecci y fue ejecutada por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay. Realizaron más de un centenar de allanamientos, emitieron 30 órdenes de captura y confiscaron vehículos de alta gama, embarcaciones y nueve avionetas para el transporte de drogas.

El otro narco sobre el cual las autoridades también buscan establecer su presunta participación en la vaca sería Jaime Franco, de origen paraguayo, quien quedó tras las rejas con una condena de 18 años por las investigaciones del fiscal antimafia Marcelo Pecci. Sin embargo, las autoridades descubrieron que seguía delinquiendo desde su lugar de reclusión, en la Dirección de Apoyo Táctico de la Policía paraguaya, llamada Agrupación Especializada. Los narcos, no obstante, siguen negando su participación en el asesinato.

Lo cierto es que en esta investigación criminal entre varios países se conoció de otra colecta, esta vez para desviar la atención y evitar que los radares apuntaran a estos narcos del sur del continente. Entre las versiones que han surgido, Francisco Luis Correa, quien llevó las armas para el crimen y ha venido confesando con cuentagotas, hay dudas por un nuevo nombre que mencionó hace apenas unas semanas, el de Horacio Cartes, expresidente de Paraguay, a quien también relaciona con este crimen. Dicho señalamiento lo hizo después de más de cinco largas diligencias.

Los investigadores de agencias internacionales han tratado de que Correa entregue detalles y pruebas sobre ese último tema, pero es nula la colaboración y sus declaraciones son ambiguas.

Para las autoridades podría tratarse de una retaliación, pues en su mandato, entre 2013 y 2018, el expresidente Cartes envió tras las rejas a estos capos y a otros los extraditó a Brasil, dando duros golpes a esta organización que reunía criminales de alto perfil.

El expresidente Cartes ha negado cualquier tipo de señalamiento. Se refiere a un montaje en su contra y su abogado, Pedro Ovelar, le dijo a SEMANA que “las palabras de Correa Galeano no son suficientes para probar absolutamente nada y que quien cobró dinero para matar podría estar también incentivado para mentir”.

Ovelar dijo que no existen pruebas y su cliente nunca ha sido investigado por el asesinato, ni la familia, ni allegados, ni empresas: “El expresidente de la república nunca tuvo ningún inconveniente con el fiscal Marcelo Pecci”. Mientras tanto, la viuda, Claudia Aguilera, sigue reclamando que las investigaciones den con quienes están detrás del crimen que ejecutaron en Colombia, justo en su luna de miel y cuando se enteraron de que iban a ser papás.