Este es el plan criminal contra guardianes del Inpec. Sería una venganza por supuesta “trampa” con la paz total del Gobierno Petro

El dragoneante del Inpec Jesús Cárdenas fue baleado frente a la cárcel La Ternera, en Cartagena. Un día antes, un grupo de funcionarios de la entidad fue atacado a tiros en Buga. No era algo nuevo. La cacería estaba latente y ya varios líderes sindicales del Inpec habían denunciado las amenazas que se convirtieron en la arremetida criminal que viven hoy. Eso es lo más grave, todos sabían, pero nadie tomó medidas.

SEMANA conoció detalles de la sentencia de muerte contra los funcionarios del Inpec y lo que motivó a convertirlos en el objetivo de organizaciones criminales como la Inmaculada, en el Valle del Cauca. Fuentes de inteligencia y los propios guardianes del Inpec revelaron el origen de esta ola de violencia. Se trataría de una promesa incumplida que la Inmaculada calificó como una “trampa” del Gobierno y que activó el plan pistola contra los funcionarios.

“Lo que esperaban los cabecillas de organizaciones criminales era ser incluidos en la ‘paz total’ con la posibilidad de recibir mejor tratamiento penitenciario e incluso la libertad a través de mesas de paz que se supone se instalarían en diferentes cárceles del país. Pero nada de eso se cumplió”, señaló un atemorizado guardián del Inpec que, por seguridad, pidió reserva de su nombre.

Lo dicho por el funcionario coincide con los comunicados que abiertamente compartía la llamada Oficina de Tuluá, una burda pantalla que la banda de criminales La Inmaculada, responsable de asesinatos, secuestros y extorsiones, tiene para esconder su esencia de bandidos desesperados para que les permitan tener comodidades y delinquir a sus anchas en prisión; incluso, obtener el pasaporte a la libertad.

En los comunicados, que tienen de fondo la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción, los delincuentes le escriben de manera directa al alto comisionado para la paz, Otty Patiño, y al amenazado alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, para que los “escuchen” y sean “reconocidos” como parte del conflicto. A renglón seguido, advierten de su poder en el país.

“Seguimos con nuestra voluntad de parar las armas y entrar en un diálogo, como lo demostramos desde el principio con nuestra entrega de armas y nuestra palabra, las cuales fueron subestimadas. No es un chantaje de nuestra parte, como lo dice el señor presidente, pero le recordamos que antes de que esto sucediera le informamos que hacemos responsable al señor alcalde Vélez de ser él quien está haciendo cerrar los negocios y todos los actos que están sucediendo”, señala el comunicado.

Los guardianes del Inpec, sobre quienes cayó la sentencia de muerte de las organizaciones criminales, las mismas que le cobran al Gobierno no cumplir las promesas ofrecidas al amparo de la mentada ‘paz total’, le aseguraron a SEMANA que, dicho por los propios cabecillas, fue Danilo Rueda, excomisionado para la paz, quien se acercó a ellos en distintas cárceles con la promesa de incluirlos en el proyecto.

“El problema es que les prometieron más de lo que podrían darles. Danilo Rueda llegó a los centros de reclusión y les aseguró mejores condiciones, participación en mesas de paz, beneficios por sentarse a dialogar y hasta la posibilidad de salir en libertad. Pero lo que recibieron fue una estrategia muy dura del mismo Inpec contra la extorsión”, señaló un guardián que tuvo la oportunidad de hablar con los detenidos.

Esa estrategia contra la extorsión que llegó a las cárceles, en lugar de las supuestas mesas de diálogo prometidas, fue la Operación Dominó. Un exitoso plan que terminó por arrinconar, casi enloquecer, a los cabecillas de las organizaciones criminales responsables de las extorsiones en las principales ciudades del país.

En otras palabras, de la supuesta promesa de Danilo Rueda quedó un operativo que pretende desbaratar los negocios ilegales de los delincuentes tras las rejas, razones de sobra para que la horda de asesinos se enfilara contra los funcionarios encargados de los operativos, de hacer cumplir el aislamiento, los castigos, mantener la vigilancia 24 horas y hasta controlar las llamadas telefónicas para evitar las extorsiones.

“Los actos violentos de los últimos días son intentos desesperados para ser considerados como un grupo beligerante. La idea es que, al ser reconocidos así, nacional e internacionalmente, podrían ser incluidos en la negociación de ‘paz total’ y entrar en la justicia especial, pagar ocho o diez años y salir limpios a delinquir de nuevo”, aseveraron los funcionarios del Inpec que hablaron con SEMANA, convertidos en objetivo de estos grupos criminales.

Mientras asesinaban guardianes y ordenaban ataques terroristas, los cabecillas de La Inmaculada redactaban comunicados, nuevamente con la estampa de la Virgen, para advertir que la arremetida criminal era culpa del Gobierno nacional por la “trampa” de las llamadas mesas de paz, en las que se veían sentados y discutiendo los beneficios que recibirían por una palabra empeñada en sangre.

“Tomaremos represalias por la trampa que hizo el Gobierno nacional con nuestros líderes, los cuales piden ser escuchados y, en un buen gesto de paz, se les hizo entrega del mortero para mostrar la disposición que se tiene para llegar al fin con toda esta problemática”, señala otro comunicado en el que, de forma descarada, se disculpan y justifican los asesinatos.

El plan pistola para asesinar guardianes del Inpec se convirtió en una forma de presión al Gobierno para cumplir una promesa que no quedó escrita. Fuentes de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz advirtieron a SEMANA que la disposición del Gobierno para conversar con los grupos criminales de todo orden está vigente, pero no están dispuestos a ceder a presiones o a intimidaciones violentas.

Los funcionarios del instituto penitenciario cerraron filas y se declararon en cese de actividades. Son muchos los amenazados y a merced de los criminales que deben cuidar. Algunos tienen riesgo alto de seguridad y apenas les dan un celular, un chaleco, un botón de pánico y les toca sumar una oración como esquema de protección, en busca de la ayuda divina que en el Gobierno y en el Inpec no encuentran.

“Los delincuentes declararon la guerra contra el Estado y el Inpec es la representación del Estado. Como cuerpo de custodia, tenemos el contacto directo con ellos, pero es necesario que estas personas entiendan que no formamos parte de ese conflicto, solo estamos para cuidar los centros de reclusión”, señaló un funcionario del Inpec a SEMANA.

El Gobierno declaró la emergencia carcelaria, la primera vez en la historia del Inpec que se hace por temas de seguridad. El propósito es destinar, a través de esa resolución, los recursos necesarios para implementar las estrategias en materia de seguridad en las cárceles, en beneficio de los guardianes y para lograr un mayor control de los detenidos. “Son meses de estudios de seguridad y, cuando llega la resolución que confirma el riesgo, el funcionario ya está muerto. Después de que pasa toda la emergencia, vienen las recomendaciones, que se reducen a trámites administrativos.

Pero los funcionarios solo tenemos una vía de acceso a la casa y al trabajo, no tenemos más opción que enfrentar la muerte”, manifestaron los funcionarios que hablaron con este medio. Danilo Rueda, el supuesto responsable de los ofrecimientos a los cabecillas de las organizaciones criminales, no respondió las llamadas de SEMANA, pero fuentes del Inpec confirmaron que, efectivamente, el excomisionado visitó los centros de reclusión explicando los alcances de la gaseosa propuesta de ‘paz total’.

Aunque Rueda no respondió las llamadas de SEMANA, este domingo publicó una carta en la que señaló: “Siempre ha rechazado la violencia, la del hambre, la de la mentira, la de la impunidad y la de las balas. Cualquier asesinato, muerte violenta, tortura, desaparición es un paso atrás como humanidad y como proyecto de coexistencia con otras especies. Por tales motivaciones, por supuesto, repudio los asesinatos de trabajadores del INPEC”.

Rueda agregó: “Lo que pasa en las cárceles en nada puede ligarse a decisiones o actuaciones de mi parte en periodo como comisionado de paz (...) Todas mis actuaciones fueron en derecho, todas tuvieron testigos, sin presión o medios indebidos de mi parte, porque la paz no tiene precio, no es un negocio”.