Todo el Consejo de Estado se declararía impedido en demanda contra elección de procuradora

Margarita Cabello Blanco se impuso sobre sus contrincantes –Juan Carlos Cortés y Wilson Ruiz– al ser elegida con 83 votos en el Senado como la primera mujer procuradora. Con esta decisión, el Gobierno nacional al fin se anotó este punto a su favor, pues ya había intentado sin éxito poner el nombre de Cabello Blanco como fiscal ad hoc y antes como fiscal general, durante la presidencia de Álvaro Uribe.

Pero antes de cantar una victoria absoluta, la elección de Cabello Blanco tendrá que pasar una prueba de fuego ante el Consejo de Estado, tribunal que estudia tres demandas de nulidad electoral contra su elección.

La primera quedó en el despacho de la magistrada Lucy Jeanette Bermúdez y fue interpuesta por el ciudadano Humbert de Jesús Longas. El demandante pretende que vía interpretación constitucional se equipare el régimen de inhabilidades del cargo de procurador general al que tienen magistrados de las Altas Cortes.

Así las cosas, el demandante pretende que el Consejo de Estado declare una violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, pues Cabello Blanco renunció al cargo de ministra de Justicia apenas tres días antes de haber sido elegida procuradora y no un año antes, como lo establece la Constitución para algunos cargos públicos.

En sentido similar se pronunció el segundo demandante, Daniel Fernando Eslava Ríos. Este aseguró en su escrito –que será revisado por la magistrada Rocío Araújo– que con la elección de Cabello Blanco se desconoció el principio constitucional de separación de poderes. Subrayó, además, que Cabello Blanco siendo ministra de Justicia intervino ante el Congreso como defensora de las pretensiones del Gobierno.

La tercera de las demandas es la que obligaría a que el Consejo de Estado se declare impedido. Los ciudadanos Ramiro Basili Colmenares y Álvaro Jesús Silva reclaman que se incumplió con lo establecido por la Constitución en cuanto a que, salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos deben estar precedidos de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su elección.

”Las normas han sido vulneradas por acción directa por parte del señor presidente de la República, quien facultado para elaborar la terna omitió el proceso administrativo de convocatoria pública meritocrática en la escogencia de su candidato, quien fue escogido a dedo", señalan los demandantes. Cuestionan también que los magistrados, en su proceso de elección, no reportaron criterio meritocrático alguno y omitieron dar los porcentajes obtenidos por los candidatos en las entrevistas.

Para Basili Colmenares y Silva, a pesar de haberse efectuado una convocatoria pública, el proceso de elección de los candidatos postulados por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado pudo haber incurrido en falta de transparencia y fallas en la aplicación de criterios de méritos para la elección. “Queda palpable la ausencia de meritocracia alguna, fluyendo intereses directos en la elección del postulado”, señala la demanda.

Esta demanda está en el despacho del magistrado Roberto Serrato, pero el pronóstico inmediato es que la Sección Primera se apartará del caso y así con las demás salas. De seguir por este camino, un grupo grande de conjueces tendrá que tomar cartas en el asunto, primero para estudiar los impedimentos y después para eventualmente fallar de fondo este caso.