A pocas horas de ser imputado por la Fiscalía, por el escándalo de Aguas Vivas, Daniel Quintero habla en su defensa

En la tarde de este lunes, 24 de marzo, y a unas pocas horas de ser imputado por la Fiscalía, por el escándalo de Aguas Vivas, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero entregó unas declaraciones a través de una transmisión en directo por sus redes sociales, con las que busca esclarecer lo que ha pasado con el predio.

El exmandatario distrital está citado para este martes, 25 de marzo, a las 2:10 de la tarde, para ser imputado por el ente investigador, por el presunto delito de prevaricato por acción, debido a que emitió un decreto en el año 2023 que habría cambiado el uso del suelo en las tierras para el beneficio de privados.

Las supuestas irregularidades cometidas en Aguas Vivas, un terreno de 147.000 metros cuadrados que fue cedido de manera gratuita a la administración de Federico Gutiérrez en 2019 y que Quintero devolvió en 2022 en medio de cuestionamientos, fue precisamente lo que intentó explicar en su declaración del lunes.

Quintero señaló que el actual alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, es quien tendría que responder por este tema, ya que a través de documentos que presentó en su exposición, dio cuenta que el proceso viene desde la primera administración de Gutiérrez.

Quintero contó que el entonces alcalde Gutiérrez habría firmado un decreto, justo el último día de su administración en 2019. “El Decreto 2502, firmado por Gutiérrez el mismo día, permitió validar lo que calificó como un acto ilegal, facilitando la adquisición irregular del predio”, dijo Quintero.

El exalcalde manifestó una presunta irregularidad en relacionar el lote de Aguas Vivas con áreas rurales. Para él, a través de obligaciones urbanísticas en el contrato firmado por Gutiérrez, se habrían adquirido terrenos rurales de manera irregular. Para ello, presento 18 documentos.

Entre estos se encuentran los casos de Guacharacas y La Volcana, el avalúo de Aguas Vivas, el derecho de petición y escritura de Aguas Vivas, el Decreto 2502 de 2019 con la modificación de las normas de cesión urbanística, entre otros; los cuales tendrán que ser objeto de investigación por las autoridades.

También señaló de la presunta existencia de un “cartel de lotes” que salpicaría a poderosos constructores de Antioquia y a funcionarios públicos del Distrito, entre ellos al hoy alcalde de Medellín, si se llegan a comprobar las denuncias que hizo Quintero al presentar varios documentos.

Según el exmandatario, estos predios eran sobrevalorados para luego ser recibidos como obligaciones urbanísticas. La Alcaldía tomaba esos predios, los valoraba hasta en cien veces el valor real y luego lo adquiría a través del fondo inmobiliario de Medellín, enriqueciendo en segundos a actores privados”.

Allí colocó el ejemplo los predios denominados Guacharacas y la Volcana, que fueron las primeras dos pruebas que colocó sobre la mesa. Sobre el primero, aseguró que en el año 2016 tenía un valor aproximado de $ 80.000 por metro cuadrado y, para justificar su adquisición, el predio fue reclasificado artificialmente.

Quintero asegura que este fue reclasificado en la “ZHG424 de la comuna 90 (Santa Helena-Las Palmas), elevando su valor a $ 273.124 por metro cuadrado, más del 300 % por encima de su valor” y, posteriormente, en 2018, su valor fue actualizado nuevamente a $ 273.124 por metro cuadrado”.

“Esta práctica benefició económicamente a los vendedores, generó un posible detrimento patrimonial para el municipio, configurando otro caso clave dentro del cartel de los lotes”, manifestó Quintero durante su intervención de este lunes en la tarde.

Sobre La Volcana, un predio ubicado en el municipio de Medellín, resaltó que contaba con un valor catastral promedio en la misma zona de $ 273.124 por metro cuadrado, pero el municipio lo aceptó a un valor “significativamente superior”, generando una “ganancia injustificada para los vendedores y una pérdida para la ciudad de $ 36.255 por metro cuadrado”.

Quintero aseguró que “esta maniobra, basada en la sobrevaloración artificial del predio, permitió que privados se beneficiaran a costa de los recursos públicos, constituyendo un patrón similar al evidenciado en los de Guacharacas y Aguas Vivas, y reforzando la existencia de un Cartel de Lotes”.

En la edición de este sábado, SEMANA reveló el testimonio de los funcionarios que estuvieron al frente de la operación de Aguas Vivas en Medellín y entregó detalles inéditos del proceso que promete una larga batalla judicial y política en Colombia.

Para mayo de 2023, Quintero firmó un decreto en el que reglamentó el parque ambiental en ese sector y anticipó que, respetando el plan de ordenamiento territorial de Medellín, por medio de iniciativas públicas o privadas, se podían desarrollar edificaciones de dos pisos, como hospedajes, para actividades relacionadas con el ecoparque. En ese momento, la Alcaldía ya no tenía la titularidad del predio.

De acuerdo con los testigos, esta determinación de Quintero buscaría beneficiar a Luis Pérez Gutiérrez y a sus aliados: “Era un suelo de uso ambiental destinado a la conservación. A la hora de firmar este decreto, levantaba esas restricciones y sacaban provecho todos los privados”.

Este decreto es el que tiene en líos al exalcalde en la Fiscalía, pues el ente de acusación y el Distrito —ahora bajo el control de Gutiérrez— creen que se tomó atribuciones exclusivas del Concejo, pues tienen la certeza de que habría modificado el plan de ordenamiento territorial. Quintero lo niega: “En todos los artículos dice: ‘Siempre y cuando cumplan el POT (Plan de Ordenamiento Territorial)’. Todas las cosas que decimos que se pueden hacer en esa área, ya el POT decía que se podían hacer”.