Antioquia
Alcaldía de Medellín demandó al Gobierno nacional por crisis del sistema de salud
La demanda busca garantizar el pago de deudas a las IPS, asegurar el flujo oportuno de recursos y actualizar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Antioquia para exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de sus obligaciones legales y financieras en materia de salud, en un intento por salvaguardar los derechos fundamentales a la vida y la salud de sus ciudadanos.
La acción judicial, presentada con solicitud de medida cautelar, busca que el Estado garantice el flujo oportuno de recursos a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) públicas y privadas, muchas de las cuales se encuentran al borde del colapso operativo por la cartera vencida que supera los $20 billones a nivel nacional, según el Estudio de Cartera n.º 53 de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas.
En el caso específico de Medellín, el Hospital General, Metrosalud y el Hospital Infantil Concejo de Medellín concentran más del 90 % de la deuda en sus carteras por parte de EPS intervenidas como Savia Salud, Coosalud, Sanitas y Nueva EPS. Solo el Hospital General reportó una deuda superior a los $ 128 mil millones.
“Hemos agotado todas las gestiones técnicas, financieras y administrativas, sin obtener una respuesta efectiva del Gobierno Nacional”, afirmó el Distrito en el texto de la demanda.
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El documento judicial también solicita al Ministerio de Salud el cumplimiento del Auto 007 de 2025 de la Corte Constitucional, que ordena actualizar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), dado que la insuficiencia de este indicador ha agravado la crisis financiera del sistema.
Además, se pide ordenar a la Superintendencia Nacional de Salud —entidad responsable de las EPS intervenidas— que garantice el pago de la cartera vencida por los servicios médicos ya prestados, y se exija a la ADRES cumplir con los giros directos conforme a lo estipulado en la normativa vigente.
Entre las consecuencias denunciadas por el Distrito se destacan:
- Saturación del 118 % en servicios de urgencias de alta complejidad en Medellín.
- Cierre de servicios como ginecobstetricia y Unidades de Cuidados Intensivos.
- Aumento del 101 % en las PQRSD desde 2022.
- Incremento del 34 % en tutelas para acceder a servicios médicos.
El alcalde Federico Gutiérrez, a través de su representación legal, solicitó también la vinculación de la Procuraduría General de la Nación y de una serie de IPS públicas y privadas al proceso, con el fin de documentar las afectaciones directas del incumplimiento estatal.
Finalmente, el Distrito reitera que ha cumplido con sus obligaciones presupuestales, destinando más de $ 250 mil millones en 2024 y 2025 para mitigar la crisis, sin que estos esfuerzos hayan sido suficientes ante la inacción del Gobierno nacional.
