Ante la masacre de 6 personas en el Bajo Cauca antioqueño, le piden a Petro que ponga en marcha el “gobierno de la vida”

La ONG de derechos humanos Corporación Comité de DD.HH. Jesús María Valle confirmó que criminales presuntamente adscritos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como el Clan del Golfo, asesinaron a seis personas en una zona rural de Cáceres (Antioquia).

Los hechos se habrían registrado en la noche del pasado 23 de agosto de 2023, en la vereda San Pablo, ubicada en el Bajo Cauca antioqueño. La corporación indicó a través de un comunicado que los presuntos asesinos arremetieron contra sus víctimas en medio de una incursión que adelantaron por el sector.

“Al paso, estos hombres realizan intimidaciones de tipo verbal contra la comunidad y en sus acciones de terror perpetran 6 asesinatos a personas, entra esas se encuentran lides sociales y comunales de la zona”, indicó la ONG.

Asimismo, indicaron que mientras realizaban estas acciones que generan temor, pánico y zozobra en la comunidad, dieron órdenes como el no permitir la salida ni entrada hacia el casco urbano.

Del mismo modo, contaron que “la zona no cuenta con accesibilidad constante a medios de comunicaciones, por lo que estos hombres cierran los únicos establecimientos de comercio donde se cuenta con el acceso a llamadas telefónicas y a internet”.

Igualmente, mencionaron que “la comunidad desde sus acciones de autoprotección y de organización logran establecer comunicación para dar aviso y colocar en conocimiento los hechos que vieron hasta la madrugada del 24 de agosto”.

Peticiones para el Gobierno Nacional

Ante estos hechos, la ONG de derechos humanos realizó nueve peticiones entre las que están:

1. Exigimos reacción inmediata por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, “El Gobierno de la Vida” a fin de que se adopten por parte del Estado Colombiano las medidas pertinentes para garantizar la vida, integridad física y garantizar el derecho a permanecer en el territorio de estas comunidades vulnerables.

2. Exigimos el desmonte del paramilitarismo y que se atienda la Emergencia Humanitaria reconocida por el Ministerio del Interior en los acuerdos del Paro Regional Indefinido por la Vida y el Territorio en la Lizama, Santander.

3. Exigimos a la Alcaldía de Cáceres, la Gobernación de Antioquia, la Personería Municipal y a la Procuraduría Regional de Antioquia, la revisión del caso y la adopción de medidas inmediatas para hacer cesar estas vulneraciones de Derechos Humanos e infracciones del Derecho Internacional Humanitario, y brindar garantías y protección a las comunidades del Bajo Cauca antioqueño.

4. A la Defensoría del Pueblo en su papel de garante de los derechos humanos, que acompañe a las comunidades para que no sean violentadas en sus Derechos y realice acciones de verificación de estos hechos, a fin de que se brinden soluciones claras frente a la situación de seguridad y de emergencia humanitaria en la que se encuentran estas comunidades agro-mineras.

5. Hacemos un llamado a la comunidad internacional y organismos de derechos humanos a verificar y visibilizar los hechos denunciados por las comunidades.

6. A los medios de comunicación alternativos y populares a seguir visibilizando la emergencia humanitaria que se vive en las regiones del país, especialmente la zona del Bajo Cauca antioqueño.

7. A la ONU en su mandato de acompañamiento y monitoreo de la vida e integridad de las comunidades a realizar acciones de mayor conducencia que permitan generar avances en la construcción de la paz con cambios que requiere este país.

8. Al Ministro de Defensa que desde su mandato de velar por las seguridades del país reconozca y atienda de manera oportuna y ya como las comunidades lo vienen solicitando que sean contundentes para que la comunidad pueda permanecer y hacer sus planes de vida en los territorios que habitan y construyen.

9. Al alto comisionado para la paz Danilo Rueda, que a partir de las acciones de terror y de control que viene realizado este grupo armado paramilitar se les niegue toda posibilidad de un reconocimiento político para sus avances en los diálogos que vienen avanzando.