El hombre que tiene demandados a comerciantes, iglesias y hasta cementerios en por lo menos cinco departamentos de Colombia

Hay un nombre que cada vez se repite más en los estrados judiciales y las audiencias virtuales de los juzgados en Colombia: Gerardo Alonso Herrera Hoyos.

Por razones que aún son motivo de pregunta, este hombre se ha dedicado a interponer acciones populares a diestra y siniestra en diferentes rincones del país.

Solo para citar algunos casos, Herrera Hoyos ha reclamado ante la justicia por supuestos incumplimientos legales de entidades financieras, almacenes caficultores, supermercados, restaurantes y farmacias que afectan a las comunidades.

¿Dónde ha hecho las reclamaciones? La lista es larga. En Supía, Salamina y La Victoria, en el departamento de Caldas, donde registra 67 acciones populares interpuestas.

También en Risaralda, donde ha interpuesto 239, y Ulloa, Buga, Buenaventura y Cartago, en el Valle.

Pero el departamento predilecto por Herrera Hoyos para interponer acciones populares es Antioquia. En los registros judiciales aparecen demandas suyas en los juzgados de Santa Rosa de Osos, Tarso, Támesis, Puerto Berrío, Concordia, Girardota, Caldas, Apartadó, Santa Fe de Antioquia, Betulia, Carepa, Caramanta y hasta Jericó, entre otros.

Precisamente, SEMANA conoció el caso en el que el accionante obligó a responder ante la justicia al cementerio de Jericó por no contar con “una sala de necropsias o igualmente autopsias” para el servicio de la comunidad.

También está el caso del comerciante Saulo Agudelo, propietario de la Guarnielería Agudelo, en Jericó.

“Se dice que ese tipo ha interpuesto acciones populares en Andes, Tarso, Jericó. A mí no me han notificado, lo único que me dijo una comerciante que está muy enterada es que me tienen demandado porque no tengo acceso para discapacitados”, le dijo el comerciante a SEMANA.

Su negocio está, según él, en un local en alquiler en la carrera 5 con calle 5, a una cuadra de la iglesia principal de ese pueblo patrimonial.

En las mismas condiciones que su local, que tiene seis metros de ancho por 17 metros de fondo, están los de otros comerciantes demandados, quienes comparten sus dudas.

“Ninguno de los negocios de esta cuadra tiene acceso para discapacitados. Tenemos proyectado hacer una reunión de los que estamos demandados”, contó don Saulo, quien también advirtió sobre la creación de un grupo de WhatsApp para planear qué hacer frente a la ola de demandas.

“Este es un pueblo patrimonial y si ni siquiera nos permiten cambiar la pintura de las fachadas, ahora nos van a permitir cambiar la arquitectura”, expresó.

Entre otras cosas que han llamado la atención, manifestó don Saulo, está que nadie en Jericó ha visto al demandante. De hecho, SEMANA conoció que en el pleito que le planteó al cementerio por no tener una sala de autopsias, ni siquiera puso un teléfono o una dirección para ser notificado; solamente un correo electrónico a nombre de Litigantes Asociados.

“El tipo ni siquiera da la cara”, dijo el comerciante, reconocido por la fabricación y venta de hermosos carrieles, atuendo típico de los arrieros antioqueños.

Aunque una cosa sí parece estar clara, concluyó: “Pensamos que el tipo lo único que busca es que le otorguen el pago de las costas de los procesos, que es como un milloncito de pesos”.

SEMANA habló con Marta Lía Herrera Gaviria, representante de unos 60.000 funcionarios ante la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial para conocer su opinión al respecto.

“Lo primero que hay que decir es que la Rama Judicial no puede prohibirle a ningún colombiano que haga uso de las acciones constitucionales que están previstas para la defensa de los derechos”, dijo.

“Pero tampoco podemos esperar que una acción popular se convierta en un mecanismo más para buscar un negocio o un provecho económico que para defender los derechos de las personas”, añadió.

Y llamó a que los ciudadanos, antes de llegar a los estrados judiciales, busquen solucionar directamente con las entidades o con los privados.

“Ojalá hubiese número de jueces suficientes para poder atender la demanda que tenemos: dos millones de procesos al año, 952.000 tutelas, entonces los jueces se tienen que dedicar a atender las acciones constitucionales y dónde queda la atención de las demandas ordinarias”, se preguntó.

Además, dijo que este tipo de demandas, como las que interpone el accionante a diestra y siniestra, está llevando a los jueces a una sobrecarga laboral que genera “unos problemas enormes”.

“Hago un llamado para que las acciones constitucionales sean realmente para resolver problemas de derechos y no que se conviertan en una opción económica de un accionante”, puntualizó.