Escándalo por irregularidades en multimillonarios bienes entregados por ‘Cuco Vanoy’

En un verdadero escándalo se convirtió el manejo de los bienes entregados por el Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia, lideradas por el exparamilitar Ramiro ‘Cuco’ Vanoy Murillo, avaluados por la justicia en cerca de 94.000 millones de pesos.

Se trata de 257 bienes muebles e inmuebles, más de 1.000 cabezas de ganado, un helicóptero y hasta una clínica totalmente dotada, cuya administración fue calificada por magistrados de Justicia y Paz como “indecorosa”.

SEMANA tuvo acceso a documentos oficiales y declaraciones de funcionarios del Fondo de Reparación de Víctimas, quienes tienen bajo su cargo la administración de esos bienes, que revelan el desastre en detrimento de los intereses de las víctimas.

En palabras de la magistrada Beatriz Eugenia Arias Puerta, de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, por esos bienes no se pagan los cánones de arrendamiento a tiempo o están cedidos a precios irrisorios. “O sea una vergonzosa, pésima, indecorosa administración de los bienes. No es insulto, es la realidad de lo que está pasando”.

A la conclusión llegó la magistratura luego de conocer un informe del Fondo de Reparación de Víctimas, el cual fue presenciado por decenas de víctimas de Tarazá, Caucasia y otros lugares del Bajo Cauca antioqueño, donde Cuco Vanoy hizo daño.

Dicho documento evidenció que, por ejemplo, 23 predios están siendo ocupados ilegalmente. Los datos fueron revelados en diligencias judiciales del 19, 20 y 21 de agosto por Liseth Vanessa Gutiérrez, funcionaria del Fondo de Reparación, quien detalló uno a uno el estado de algunos de los bienes mientras el exnarco Cuco Vanoy escuchaba lo que había pasado con sus antiguas propiedades.

Llamó particularmente la atención que durante su informe salió a la luz el nombre de un empresario ganadero bastante conocido en esa zona del país: Juan Andrés Escudero López, creador de una firma llamada Supply Group, que fue calificada por el diario Financial Times como una de las 500 más promisorias de América Latina.

En un oficio de la Procuraduría, al que SEMANA tuvo acceso, se lee que el ganadero se encuentra en calidad de ocupante ilegal de por lo menos 13 predios ubicados en Tarazá.

El escrito, dirigido a la magistrada Arias Puerta, detalla irregularidades que van desde la inoperancia para saber si esos bienes tienen deudas por la ausencia de pagos de impuestos, si están con servicios públicos e incluso si están en condiciones de funcionamiento.

En una de las audiencias, Liliana Marín, la delegada de la Procuraduría, dijo: “Entiende uno que los postulados han entregado unos bienes para reparar a las víctimas, y casi que puedo decir que estos arrendatarios pagan mucho menos que lo que pagan las víctimas en sus viviendas”.

Por eso, pidió que “se compulsen copias penales y disciplinarias contra quienes pudieran ser los responsables del detrimento patrimonial por acción o por omisión de los bienes entregados por el Bloque Mineros de las AUC para la reparación de sus víctimas”.

Sin embargo, la misma magistrada le hizo saber durante una audiencia que esto “se demora”, pues solo sucederá cuando se conozca la condena que se impondrá en estos procesos contra Cuco Vanoy, que aceptó ser el responsable por línea de mando de 687 nuevos casos victimizantes, como asesinatos, desplazamientos forzados y desapariciones.

Ahora, respecto de los ocupantes ilegales de los predios que deberían estar dando frutos para reparar a las víctimas, la Procuraduría dejó sentada su preocupación por la falta de información para saber en qué estado están algunos contratos y cuánto se debe por sus cánones de arrendamiento.

Por ejemplo, en predios como La Cagada, la Hacienda Tarazá, La Ronda o La Gabriela y La Moneda, ubicados en Tarazá, Antioquia, aparece el mismo ocupante: Juan Andrés Escudero López.

SEMANA buscó al empresario para conocer qué ha pasado con esos predios y con los dineros que afirman las autoridades le debe él al Fondo de Reparación para las Víctimas por el usufructo de estos terrenos. Lo primero que dijo es que él llegó a esos predios de manera legal luego de escuchar el rumor en Tarazá de que los bienes de Cuco Vanoy iban a ser entregados en arrendamiento.

“Ingresé a la página, los vine a ver y me postulé. Un funcionario del Fondo de Reparación de Víctimas me envió todos los documentos que había que diligenciar. Siempre he sido ganadero, he sido un ganadero de buen nombre, buena reputación”, respondió.

Además, contó que los predios que le atribuyen estar ocupando ilegalmente, son “tierras que estuvieron abandonadas por lo menos 10 años; hay una guardería abandonada, y se ven cascos en los potreros”.

Y a pesar de que admitió tener unas 600 cabezas de ganado (búfalos) regadas en esos calurosos terrenos del Bajo Cauca antioqueño, dijo que esa tierra que estuvo abandonada durante más de una década “no es la mejor del mundo. Es una tierra ácida, de helechos y mucha vegetación, tanto que no se ha podido tener la carga que debería tener la extensión”.

El ganadero aseguró que otro de los problemas de esas tierras que ocupa, por lo menos desde 2021, es su historia. “Es una tierra que, según la historia que cuentan acá, ha venido encadenada a la mafia. Son un montón de predios atomizados en un montón de predios chiquiticos, donde los linderos ni siquiera coinciden”, dice.

De paso, cuestionó la labor de funcionarios que cambian cada vez que el Gobierno releva a los directores del Fondo de Reparación, porque asegura no haber recibido una respuesta a pesar de múltiples llamados.

“Yo puedo colaborar, liderar una mesa de trabajo, pero he enviado derechos de petición a la Fiscalía, la Procuraduría, al mismo Fondo de Reparación de Víctimas; incluso pedí una estimación de canon de arrendamiento”. El empresario también admitió estar adeudando algunos dineros por los cánones de arrendamiento de 1.300 hectáreas y denunció que ha realizado pagos, pero cesó las transacciones porque, según él, se extraviaron algunas facturas que giró al Estado por el uso de esos predios.

“Tengo copias de los correos de las consignaciones que he hecho. En el cuadre de consignaciones hay cincuenta millones extraviados. Hay un error grande de comunicación. Los procesos no avanzan”, señaló.

Al ser cuestionado por la ocupación ilegal, respondió que aún no entiende por qué un mismo funcionario del Fondo de Víctimas le pidió terminar el contrato y que está listo para irse del lugar con sus 600 cabezas de ganado si se lo exigen, pero que nadie lo ha buscado y que, en caso tal, lo único que pide es tiempo para poder mover los animales.

“No tengo otra actividad, estoy en busca de predios, y ha sido muy difícil porque la falla de Caregato ha puesto muy difícil la oferta de tierras para alquilar”, manifestó.

Sin embargo, aún no es claro qué va a pasar con esas tierras. Escudero López sigue con sus capataces y sus bestias en la zona, mientras funcionarios del Fondo de Reparación de Víctimas afirman en documentos que ir a verificar cómo están los predios es imposible por las condiciones de seguridad; incluso han pedido ayuda al Ministerio de Defensa.

Lo que sí es claro es el avance, a paso de tortuga, de la justicia para las víctimas. Cuco Vanoy ya aceptó responsabilidades por hechos como homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, entre otros. Suma más de 5.000 víctimas, entre ellas las de la incursión paramilitar a El Aro, en Ituango, Antioquia, por lo que ya fue condenado en Justicia y Paz. Y se prepara para recobrar la libertad, la cual algunos expertos consideran que le podría llegar a mediados de 2026.

En ese año, el exparamilitar, nombrado nuevamente como gestor de paz por el Gobierno Petro, podría arribar al país, procedente de Estados Unidos, a donde fue extraditado en 2008.