Este martes, audiencia clave contra 11 campesinos de Jericó acusados de secuestro y hurto

Este martes es un día clave en la vida de 11 campesinos de Jericó, a quienes la Fiscalía señala de secuestro simple, hurto calificado, daño en bien ajeno y lesiones personales.

Es clave porque fue fijada la audiencia en la que la Fiscalía, por petición de la defensa de los labriegos, deberá explicar detalladamente, durante la imputación de cargos, los hechos en los que relaciona a cada uno con esos delitos y su participación.

La diligencia fue suspendida el 23 de abril porque la juez otorgó más tiempo a la representante de la Fiscalía para que preparara la audiencia en la que debía señalar con detalle los hechos que les endilga a los imputados.

Como lo reveló SEMANA en esa ocasión, se trata de nueve hechos que habrían sucedido entre mayo de 2022 y diciembre de 2023.

El primero de los casos sucedió el 2 de mayo de 2022 cuando, según la Fiscalía, 16 personas de la empresa minera Quebradona S.A. “fueron retenidos por aproximadamente ocho personas que portando machetes y palos manifestaron no poder continuar con las actividades por tratarse de una zona protegida como reserva natural”.

Además, está el caso de 15 ciclistas y a una guía local que habrían sido retenidos cuando conocían cómo se cosecha y se hace el café en la finca La Arboleda.

“Fueron abordados en el mirador de La Soledad en vía pública por varias personas que los intimidaron, cerraron el paso y no permitieron continuar con la marcha a los turistas (…) los retuvieron en contra de su voluntad por más de 20 minutos”, dijo la Fiscalía.

También está la presunta agresión a una persona con un palo y una supuesta mordedura de un perro que acompaña a uno de los manifestantes.

Los campesinos, entre los que está Porfirio Garcés, de 85 años, niegan haber secuestrado a alguien y, en cambio, manifiestan que sus acciones obedecían a protestas por el cuidado del agua, “en riesgo por obras de la mina de cobre Quebradona”, que realiza exploraciones en la zona rural de Jericó.

De hecho, el senador León Fredy Muñoz y un grupo de 350 profesores universitarios, campesinos, y organizaciones de activistas ambientales firmaron una carta en la que rechazan las acusaciones contra el grupo de 11 agricultores.

“Manifestamos nuestro enérgico rechazo a la criminalización de campesinos en el municipio de Jericó, Antioquia, quienes hoy enfrentan procesos legales como consecuencia de su legítima oposición y resistencia a los proyectos de megaminería que amenazan con alterar profundamente sus territorios, afectando las aguas que recorren sus comunidades, la biodiversidad con la que cohabitan y sus formas de vida”, dice el escrito compartido por el Senador.

Juan David Muñoz, diputado de Antioquia, se sumó a la defensa de los 11 campesinos y publicó un video en su cuenta de X relatando la historia de uno de ellos.

“Esta es la historia de Argiro, uno de los once campesinos judicializados por defender el territorio en Jericó. Yo soy Juancho Muñoz, diputado de la Asamblea de Antioquia, y estoy con los 11 de Jericó”, dijo.

SEMANA conoció un comunicado emitido por María Isabel Arteaga, Juan Pablo Olivares y Rafael Arteaga, miembros de una familia de la zona, que asegura verse afectada por los campesinos.

“Desde hace más de dos años hemos sido víctimas de bloqueos, requisas arbitrarias e intimidaciones por parte de personas que se presentan como ambientalistas”, dice el escrito.

Según el texto de cinco páginas, que incluye 64 más de anexos como documentos y fotografías, han estado “enfrentando retenciones ilegales, amenazas y hostigamientos por parte de opositores a la minería. En respuesta, interpusimos una acción de tutela que fue fallada a nuestro favor el 2 de mayo, ordenando el restablecimiento inmediato de nuestros derechos fundamentales y protección por parte de la fuerza pública”.

Por último, con esos documentos, aseguran que en sus predios no se realizan actividades de exploración minera.

“Ratificamos nuestra posición de continuar ejerciendo los mecanismos legales y constitucionales que resulten pertinentes para salvaguardar nuestros derechos en respuesta a las vías de hecho de las que hemos sido víctimas de manera sistemática”, dicen.