Fiscalía imputó a dos exfuncionarios de la Alcaldía de Daniel Quintero por posibles irregularidades en Ruta N

Los exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero siguen en la mira de la justicia. Este martes, 21 de octubre, se conoció la imputación de cargos que realizó la Fiscalía General de la Nación contra dos personas que habrían cometido irregularidades en la contratación dentro de la Corporación Ruta N en mayo de 2023.

De acuerdo con el ente acusador, los delitos que cometieron estas personas, supuestamente, son violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades (artículo 408 del Código Penal) y falsedad en documento privado (artículo 289 del Código Penal).

En medio de la diligencia judicial, la Fiscalía mostró documentos y contratos que habrían realizado estas personas, donde da cuenta que el 16 de mayo de 2023, Héctor Iván Rendón Vélez, quien se desempeñaba como gestor del portafolio habilitar de la Corporación Ruta N, presuntamente, intervino directamente en el trámite de contratación de su hermana, Luisa Fernanda Rendón Gallo.

“Rendón Vélez justificó la necesidad del contrato ante el comité de contratación de la entidad y certificó la idoneidad de su hermana mediante un documento fechado el 5 de mayo de 2023 sin informar del vínculo de consanguinidad existente con la contratista que postulaba y avalaba”, explicó la Fiscalía.

El documento presentado durante la audiencia señala que, pese a la obligación de observar los principios de la función administrativa establecidos en los artículos 209 y 267 de la Constitución, así como el régimen de inhabilidades previsto en los artículos 13 y 14 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, el funcionario omitió informar el parentesco, incurriendo posiblemente en una conducta sancionable.

Aseguró la Fiscalía que el 19 de mayo de 2023, Luisa Fernando Rendón Gallo tuvo un contrato de prestación de servicios, mediante el número 202300194, con la Corporación Ruta N Medellín, por un valor de $38.000.000, con el objeto de “apoyar la implementación de una estrategia de cultura de innovación” en la ciudad.

El documento fue firmado, según la Fiscalía, por el entonces director ejecutivo de Ruta N, Jorge Mario Caño Londoño, y por Luisa Fernanda Rendón Gallo, que figura como contratista. Además, el ente investigador señaló en la audiencia de imputación de cargos un certificado que fue emitido por Héctor Iván Rendón, dando crédito y validez a su perfil profesional, sin dar a conocer sobre el vínculo familiar.

“Los servidores públicos conservan la obligación de observar los principios de la función administrativa y la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, así como el régimen de inhabilidades e incompatibilidades”, explicó la Fiscalía.

Asimismo, el ente de investigación recordó que, según el parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por la Ley 2014 de 2019, “las inhabilidades e incompatibilidades se aplicarán a cualquier proceso de contratación privada en el que se comprometan recursos públicos”.