Fiscalía imputó nuevos cargos a la exsecretaria de Educación de Medellín, Martha Alexandra Agudelo

Aunque el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anticipó hace algunas semanas que el ente acusador tenía más elementos probatorios en su investigación contra la exsecretaria de Educación de Daniel Quintero, Martha Alexandra Agudelo, este lunes, 27 de noviembre, se conocieron nuevos detalles.

La Fiscalía realizó una nueva imputación de cargos contra la exfuncionaria como presunta responsable de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, por una cuantía superior a los 1400 millones de pesos.

En la misma audiencia y por el mismo delito también fueron imputados Lina María Gil Zapata, exdirectora del Programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín y Henry Paulisson Gómez Montoya, exrepresentante legal de la Corporación Colombia Avanza.

Resulta que bajo el programa Buen Comienzo las funcionarias buscaban brindar atención integral a la primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes en la modalidad de entorno familiar.

Sin embargo, se detectaron algunas irregularidades. Por ejemplo, la Procuraduría determinó que no se tuvo en cuenta el principio de transparencia y el deber de selección objetiva en el proceso de contratación, pues se contrató de forma directa a la Corporación cuando debía realizarse una licitación pública.

Pero ahora la exsecretaria deberá responder por el delito de Peculado que, según la Fiscalía, se habría cometido de dos formas.

Primero, para la Fiscalía, Alexandra Ruiz Agudelo y los otros dos funcionarios imputados contrataron a más personal del que se debió. Y, segundo, los informes de interventoría que se revisaron revelaron que varias actividades se pagaron aunque no se hicieron. Esto último habría ocurrido en la línea de hogares comunitarios o atención en malnutrición.

De esta manera se habrían desviado los recursos destinados a 520 salarios de contratos realizados por la corporación Colombia Avanza.

“Se habrían contratado más personal del que se necesitaban para atender a la población infantil. También se habría pagado a otras 51 personas cuyos servicios nunca fueron prestados”, dice el comunicado.

Con este modus operandi, afirmaban que contrataban a docentes, sicólogos y nutricionistas con salarios que oscilaban entre $ 1 850 000 y $ 5 300 000 mensuales, lo cual no era cierto. Los contratos tenían como objetivo brindar educación a los niños y niñas.

Según la Fiscalía, el contrato fue otorgado directamente a la Corporación Colombia Avanza debido a la supuesta experiencia del contratista.

Otro aspecto a tener en cuenta es que el ente acusador manifiesta que los pagos se habrían realizado pese a que la firma interventora alertó sobre posibles incumplimientos.

“De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Medellín, con el apoyo de la Dijín de la Policía Nacional, entre marzo y agosto de 2020 las servidoras públicas se habrían apropiado en favor de un terceros de la suma de $ 1.423 millones 434.330 pesos por concepto de salarios a 520 personas que fueron contratadas por la corporación Colombia Avanza, sin tener en cuenta las necesidades y las reglas técnicas”, se lee en el comunicado emitido por la Fiscalía.

De acuerdo con el ente acusador, ninguno de los tres procesados se allanó a los cargos imputados.