Fiscalía revela nuevos detalles del homicidio de publicista de la comunidad LGBTIQ+ en Medellín

La Fiscalía Genera de la Nación les imputó a los presuntos responsables del homicidio del publicista Christian Esteban Gómez Patiño, miembro de la comunidad LGBTIQ+ ocurrido en la ciudad de Medellín, los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado.

Las investigaciones que se adelantaron por dos meses por integrantes del CTI, terminaron con la captura de tres personas de nacionalidad extranjera, quienes fueron capturados en diligencias de allanamiento y registro ejecutadas en los sectores Manrique, San Javier y El Poblado.

De acuerdo con la información suministrada por Yiri Milena Amado, directora seccional de Fiscalía Medellín, indicó que los tres presuntos responsables al parecer llegaron al lugar de los hechos haciéndose pasar como domicilios y utilizando elementos propios de este trabajo como morrales y cascos para no ser identificados.

Desde el momento en que se conoció la situación, las autoridades judiciales pusieron la lupa sobre este crimen que fue descubierto por la Policía Nacional y sus familiares. De acuerdo con el reporte inicial que fue entregado por la secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín, la víctima de 33 años se desempeñaba como publicista profesional.

Su extraña desaparición fue la primera señal de preocupación que se emitió al interior de su ciclo más cercano. Él dejó de contestarle el teléfono a sus familiares, quienes residen en otra ciudad del país. También perdió total comunicación con sus amigos.

Frente a este escenario, se reportó la anomalía ante las autoridades. Un par de conocidos tomaron la decisión de contactar a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá para ingresar a su apartamento y así descartar cualquier emergencia o para hallar algún indicio de su paradero.

Una vez cruzaron la puerta e inspeccionaron los rincones, vieron su cuerpo sin signos vitales sobre la cama. Él estaba sometido a unas ataduras. En el expediente judicial se registró que “se encontraba en su residencia, en la cama, atado de pies y manos”.

De acuerdo con la Fiscalía la víctima fue engañada por dos de los hoy detenidos para poder ingresar a su apartamento de donde hurtaron algunos elementos después de golpearlo y asfixiarlo.

En el momento en que ocurrieron los hechos el alcalde Daniel Quintero Calle anunció que estaba dispuesto a entregar hasta una recompensa de $ 200 millones a cambio de información certera, que permitiera la identificación de los homicidas y su respectiva judicialización.

A los tres presuntos responsables, quienes no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía, los habrían identificado a través de las cámaras de seguridad y al parecer les encontraron en su poder algunas prendas utilizadas durante el homicidio.

Con relación al tema de delitos y derechos humanos, la Personería de Medellín presentó un informe sobre la situación y reveló los seis delitos que se cometen con insistencia en la ciudad. Hay alerta por la presencia de estructuras ilegales que aterrorizan con sus normas a la comunidad.

Con base en los hallazgos de 2022, las faltas más comunes son el desplazamiento intraurbano, extorsión, amenazas, homicidios, atentados y acciones contra la integridad sexual de las personas. La lupa está sobre las 80 bandas que delinquen en las comunas.

Al menos 1.536 ciudadanos relataron ante el Ministerio Público que se vieron obligados a salir de sus residencias por las fuertes intimidaciones que, en su mayoría, fueron emitidas por las estructuras que operan al margen de la ley en los diferentes puntos de la región.

“Los sectores en los cuales se abandonaron más los hogares, debido a conflictos, violencia, persecuciones y violaciones de derechos humanos, son Villa Hermosa, Aranjuez y Robledo”, se lee en un comunicado que divulgó el Concejo de Medellín.

En cuanto a los delitos de alto impacto, la Personería reseñó que, el año pasado, 317 personas perdieron la vida de manera violenta en la capital de Antioquia, 292 víctimas fueron hombres y 25 mujeres, cuyas edades rondaron entre los 29 y 59 años.

Otro de los datos que llamó la atención en la corporación es que el 85 % de estos crímenes tuvieron lugar en las comunas de Aranjuez, San Javier, Belén y La Candelaria, este tramo es el que, diariamente, tiene flujo de habitantes más importante del Valle de Aburrá.