Gobernador de Antioquia recusa a la fiscal Luz Adriana Camargo por salida en falso en rueda de prensa: “Presunta persecución política”

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, acaba de solicitar de manera formal que la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, y una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, se aparten del proceso judicial que se le adelanta por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

A través de su abogado, Rendón recusó a la fiscal.

“Al señalar que el señor Andrés Julián Rendón se encuentra imputado, se está realizando una afirmación sesgada de la realidad, la cual influye directamente en sus subalternos (especialmente en los fiscales delegados ante la H. Corte Suprema de Justicia) con el mensaje de que hay que imputar”, dice la solicitud de recusación conocida por SEMANA.

A través de X, el mandatario regional aseguró que su libertad está bajo amenaza.

“Mi libertad está bajo amenaza: el 24 de junio de este año, después de la concentración del presidente Petro con narcodelincuentes en Medellín, la fiscal general, en rueda de prensa en la capital de Antioquia, aseguró:

‘En cuanto al gobernador de Antioquia, el gobernador de Antioquia tiene fuero, ese fuero es de fiscal general… que es una investigación que adelanta una fiscal delegada ante la Corte por delegación mía, en la cual se formuló imputación, ya se formuló imputación’”, dijo la fiscal.

Sin embargo, el gobernador “no ha sido llamado, citado o notificado por ninguno de los procesos penales actuales en su contra, a audiencia de imputación ante el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal”, reclamó a través de su abogado.

Es más, en X dijo que lo dicho por la fiscal no obedece a una ligereza:

“Esta afirmación, que no es ninguna ligereza o un presunto error, se constituye en una declaración sesgada que influye en las decisiones de los subalternos de la fiscal; genera incertidumbre jurídica, especulaciones y zozobra en la opinión pública”.

Y reiteró el gobernador antioqueño: “Mi libertad está amenazada, así como mi presunción de inocencia”.

Todo comenzó el 24 de junio en medio de una rueda de prensa en el búnker de la Fiscalía en la que la fiscal general y el director de la Policía, Carlos Fernando Triana, entregaban en Medellín detalles de la investigación por el atentado a Miguel Uribe Turbay.

Al finalizar su presentación, le consultaron a la fiscal sobre los avances en las investigaciones contra el gobernador de Antioquia y ella respondió:

“Es una investigación que yo adelantaría, que adelanto por delegación a través de los fiscales delegados ante la Corte. Ya se formuló imputación y pues no es persecución, es parte de la actividad que desarrollamos ordinariamente”.

A comienzos de junio, el gobernador le expresó a SEMANA su temor por lo que considera una extraña celeridad en la investigación en su contra.

La investigación se remonta al período de 2016 y 2019 cuando fue alcalde del municipio de Rionegro. Durante su gestión, construyó comandos de atención inmediata para la Policía Nacional que hoy pasan por la lupa de las autoridades.

La Contraloría sospecha que en el proyecto habría un detrimento patrimonial que ascendería a 1.200 millones de pesos, dado que las obras tardaron tiempo en entrar en funcionamiento y, supuestamente, se edificaron en terrenos con otra destinación.