Gobierno frenaría actividades mineras y agrícolas en 11 municipios de Antioquia basado en un polémico estudio

El borrador de una resolución del Ministerio de Ambiente que promete delimitar temporalmente como zona de protección a 92.701 hectáreas de bosque tiene con los pelos de punta a los habitantes de once municipios del departamento de Antioquia.

Bajo la lupa del Gobierno nacional están las montañas de Caramanta, Jardín, Valparaíso, Andes, Támesis, La Pintada, Jericó, Pueblorrico, Tarso, Fredonia y Santa Bárbara. La medida también cobijaría a Riosucio y Agudas en Caldas, y Mistrató en Risaralda.

La mano dura se aplicaría con el propósito de proteger las riquezas naturales y el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano, dando por sentado la obligación del Estado de conservar las áreas de especial importancia ecológica, tal como lo prometió Petro.

Esta iniciativa no ha caído muy bien en las poblaciones que resultarían afectadas porque se les pondría freno a algunas actividades. Con base en la interpretación de las administraciones municipales, en la lista estaría la minería y agricultura a gran escala.

Sin embargo, la clasificación de las tareas que tendrían algún tipo de restricciones no está redactada en el borrador del Ministerio de Ambiente. Únicamente, la entidad propone: “Control ambiental para el desarrollo de actividades de alto impacto ambiental”.

Esta decisión está basada en las conclusiones de un estudio realizado por la autoridad ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) en convenio con la Universidad de Antioquia en los años 2021 y 2022.

Primero, en la zona hay nacimientos de agua que son aprovechados por 10.000 personas. Segundo, acumula el 16 por ciento del bosque seco tropical de Antioquia. Tercero, hay 33 especies catalogadas bajo algún grado de amenaza. Esto justificaría la delimitación.

Los propios investigadores aseguraron que el análisis que tomó como referencia el Ministerio de Ambiente es generalizado y se requiere un informe detallado para sostener la importancia de la decisión que pondría a tambalear a la minería, por ejemplo.

Otro de los lunares de la resolución es que las autoridades ambientales serían las encargadas de hacer cumplir las reglas del juego, pero no son claras. Tal como está el documento, se podría negar la construcción de una vía terciaria o la siembra de cultivos.

Los campesinos tienen temor que la producción de café también sea restringida, a razón de que en el perímetro citado por el Gobierno abunda esta actividad. Así lo contó en SEMANA el alcalde del municipio de Caramanta, Julián Andrés Granada Restrepo.

“Se generarían problemáticas con el tema del aguante, café, minería para la construcción y otros temas. Vemos con preocupación algunos temas de la resolución, falta que sea más detallado. Nosotros no nos oponemos a la protección del ambiente”, dijo el mandatario.

En un documento radicado ante el Ministerio de Ambiente, las alcaldías del suroeste antioqueño le plantearon al Gobierno la necesidad de hacer un estudio detallado que evidencie la necesidad de la delimitación por las ‘lagunas’ que tendría el que está siendo citado.

La misma petición se está tramitando en el Congreso de la República. Buena parte de la bancada de senadores y representantes a la Cámara de esta región del país han expresado intranquilidad por los alcances económicos que tendría el borrador de la resolución.

Desde el Centro Democrático se afirmó que la medida sería autoritaria y acabaría con las actividades agrícolas. Así lo afirmó el congresista Hernán Cadavid: “acabarán con otras actividades productivas en el suroeste. Mientras la ilegalidad suelta en otras subregiones”.

El partido Conversador, usando como vocero a Nicolás Echeverry, resumió que el documento es improvisado y viola los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, “cuyo desconocimiento afecta la integridad del territorio y el medio ambiente”.