Habla abogado que logró condena contra el Ejército por derribar un avión en Frontino: habían dicho que era un accidente

El piloto y profesor de aviación Juan Camilo Villegas Rodríguez y su aprendiz Gustavo Roldán Palacio murieron el miércoles 12 de diciembre de 2018 cuando el ultraliviano en el que sobrevolaban Frontino, a 142 kilómetros de Medellín, se precipitó a tierra.

Inicialmente, se había creído que había sido un accidente que había ocurrido cuando el piloto le enseñaba a su aprendiz - un empresario dedicado a la siembra de naranjas en Támesis, Antioquia - a aterrizar este tipo de aparatos.

 Así lo hicieron ver las autoridades. De hecho, el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, dijo en su momento una versión que caló en los medios.

“La red de participación cívica les informa que hay un avión teniendo fallas o presentando unas maniobras aéreas fuera de lo normal, las tropas van hacia ese sector, ya la avioneta está siniestrada, y en ella hay dos personas”, dijo.

Y un informe preliminar de la Aeronáutica Civil aseguró que “la aeronave colisionó de forma vertical contra el terreno, en el impacto se desprendieron la hélice y el spinner. Posteriormente, se produjo la caída contra el terreno de toda la aeronave, causándole evidente deformación en toda su estructura, por desaceleración. El tren principal derecho se encontró íntegro y anidado a la estructura del ala derecha, sin signos de preimpacto”.

Sin embargo, la familia del piloto Juan Camilo no creía en esa versión.

Él llevaba enseñándoles a otras personas a sobrevolar desde el año 2006, estaba curtido en todo tipo de maniobras, así que contrataron un abogado para esclarecer lo sucedido.

Lo primero que vio lo dejó atónito.

“Veo unos documentos que me llaman la atención, como el informe de Aerocivil que muestra el hecho como si se tratara de un accidente, pero me pregunté si ellos no se percataron de que la aeronave parecía un colador, estaba llena de disparos, así que iniciamos una investigación más profunda para dar con los resultados”, le dijo a SEMANA el abogado Michell Pineda Ramírez.

Entonces, solicitó un informe de balística para determinar qué tipo de disparos había hallado en el ultraliviano HJ111 que piloteaba Juan Camilo.

Sin embargo, no fue fácil obtener un resultado que le ayudara a esclarecer los hechos.

Primero, asegura, encontró silencios ante las solicitudes que hacía al Ejército: “no respondían derechos de petición y no entregaban documentos solicitados”.

Además, los investigadores que le ayudaron con las pesquisas privadas tuvo que viajar a la zona y enfrentar algunos riesgos de seguridad.

Otro de los inconvenientes era el estado en el que había quedado el ultraliviano.

“Fueron tantos disparos, que eran incontables. La aeronave queda totalmente destruida al impactar con tierra. La destrucción total de la materia hace imposible determinar cuántos disparos pudo haber recibido, aun así se logró establecer con total claridad científica impactos de entrada y salida”, explicó.

Pero no fue solo eso, también, a través del informe de balística lograron corroborar el testimonio de los campesinos que aseguraba que cuando la aeronave iba a aterrizar se habían escuchado ráfagas de fusil.

“Sabemos por informes de balística que por la altura que llevaba la avioneta, las balas solo podrían provenir de fusiles que solo tiene el Ejército: galil 5.56”, dijo Pineda.

El caso fue llevado a la justicia administrativa para que el Ejército reparara a la familia de Juan Camilo por los daños causados y el jueves 15 de mayo tuvo su primer resultado.

La jueza novena administrativa de Medellín, en una sentencia conocida por SEMANA, falló a favor de la familia y ordenó, en primera instancia, que el Ejército debe reparar con 100 salarios mínimos legales vigentes a la mamá del piloto y otros 100 a la viuda.

Es decir, en promedio, la reparación a cada una debe ser de 142’350.000 de pesos. También debe reparar a sus cinco hermanos, cada uno con 50 salarios mínimos.

El Ejército tiene diez días para decidir si apela o no la decisión.

Mientras eso pasa, el abogado Pineda deja claro un mensaje: “La intención es generar una conciencia para que se eviten este tipo de errores operacionales en el Ejército, causándole a las víctimas tanto dolor”.

Además, aseguró que “la decisión es muy importante, pero es el inicio de un largo camino, que es probable que termine en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Aún falta el proceso de reparación del aprendiz y ver si la justicia investiga quién fue el militar del Batallón de Infantería No. 32 General Pedro Justo Berrío, que tenía a cargo la seguridad de la zona, que disparó contra el ultraliviano.