Millonario embargo en Medellín: familia perdió lujosas propiedades por supuesto lavado de dinero

La Dirección de Investigación Criminal de la Policía y la Fiscalía propinaron un nuevo golpe a las finanzas criminales en Medellín: descubrieron un clan familiar que, presuntamente, lavaba dinero procedente de Panamá y la plata les alcanzó para costear una vida de lujos en exclusivos sectores de la ciudad.

Todo empezó con un informe de la unidad de inteligencia financiera, donde se reportaron operaciones sospechosas por varios depósitos de billetes por parte de Paula Andrea Gutiérrez y sus allegados. La hipótesis es que fraccionaron monedas del vecino país, las cuales no pasaban por los canales legales.

“Los investigadores establecieron que, de esta manera, lograron ingresar ilegalmente al país y al sistema financiero más de 2.000 millones de pesos a través de montos consignados por cada uno de los integrantes de la organización y por medio de la empresa Pavea S. A. S.”, reportó la institución en un comunicado.

Esa plata terminó en la adquisición de bienes, con el propósito de darle apariencia de legalidad al capital traído del exterior que, además, no era declarado en los formatos establecidos por las autoridades colombianas. En total, se ubicaron 13 compras en la ciudad de Medellín y los municipios de San Jerónimo (Antioquia) y Palmira (Valle).

Las autoridades hallaron dos inmuebles rurales, siete urbanos, dos vehículos, una sociedad y un establecimiento de comercio, avaluados en $ 4.000 millones. Estas propiedades figuran a nombre de Paula Andrea Gutiérrez Ramírez, capturada en 2023 por los supuestos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El coronel Hebert Noé Mejía, subdirector de Investigación Criminal de la Policía, reveló que el clan familiar se denomina “Los Viajeros” y la modalidad que usaba con frecuencia era la de pitufeo o fraccionamiento, estrategia que también quedó en evidencia gracias a detectives franceses y a la Secretaría de Seguridad de Medellín.

“Entre los bienes resaltamos una sociedad comercial que era la utilizada por esta estructura como fachada para el lavado de dinero. Todos estos bienes fueron dejados a disposición de la SAE (Sociedad de Activos Especiales)”, reportó el alto mando de la institución en la mañana de este viernes, 16 de agosto.

Los supuestos movimientos fraudulentos ocurrieron entre 2010 y 2019, según la Fiscalía. En el expediente se dio cuenta que, una vez el dinero entraba al territorio nacional, los presuntos integrantes de esta organización se dedicaban a hacer depósitos que no podían superar los $ 10 millones para no llamar la atención.

“De esta forma, eludían el diligenciamiento de formatos relacionados con la declaración de operaciones y, de paso, evitar las señales de alerta sobre el origen de los recursos. Las autoridades capturaron en 2023 a cinco presuntos integrantes de esta organización”, dijo Aura Trujillo, delegada de Finanzas Criminales de la Fiscalía.