Pesadilla de colombianas en Corea del Sur: promesas de empleo terminaron en secuestros, abusos sexuales y presiones para abortar

La Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional descubrió una organización criminal dedicada al tráfico de personas entre Colombia y Asia. Dos presuntas integrantes de la red fueron detenidas y presentadas ante un juez de la República.

En el expediente se reseñó que las víctimas eran reclutadas en las calles de Medellín y Bogotá, con la excusa de ofrecerles trabajos con remuneraciones altas y estabilidad económica en algún país de ese continente.

Cuando las mujeres caían en la trampa, la empresa criminal les facilitaba los documentos de identificación para trasladarlas hasta Incheon, la tercera ciudad más grande de Corea del Sur, donde comenzaba el verdadero infierno.

“Eran sometidas a diferentes vejámenes y obligadas a ejercer la prostitución en locales de lenocinio, conocidos como karaokes”, se lee en un fragmento de la investigación, que también fue acompañada por la Fiscalía General de la Nación.

Además, se estableció que las víctimas no recibían dinero por estos vejámenes. Al contrario, imponían una serie de multas por incumplir las exigencias de sus captores o proxenetas en el momento de realizar los servicios sexuales.

El drama de estas mujeres incrementó con los días, según las autoridades: “Si las víctimas se encontraban en estado de gestación, eran obligadas a abortar, eran amenazadas con hacer daño a su integridad y a la de sus familiares en Colombia”.

La Dirección de Investigación Criminal ubicó a dos presuntas integrantes de esta organización en Medellín y Soacha: alias Camila y La Paisa, quienes tendrían un papel protagónico en este entramado de horror.

La primera fue detenida en el barrio Robledo, ella era considerada por los detectives como la encargada de la captación de las víctimas en el Valle de Aburrá. La segunda sería la responsable de la operación logística de la red de trata de personas.

A esta última le descubrieron en su residencia 25 documentos, entre facturas, agendas y pasaportes, un dispositivo de grabación de video en formato digital de cámaras de seguridad y 17 cartuchos, calibre nueve milímetros.

Las dos fueron procesadas por los delitos de trata de personas y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Ambas fueron cobijadas con medida de aseguramiento privativo de la libertad en un centro carcelario.

“También fue expedida notificación azul contra alias Katherin, quien era la encargada de recibir las víctimas en este país”, agregó el director de la Dijín, coronel Edwin Masleider Urrego.