La Sociedad de Activos Especiales (SAE) emitió un comunicado tras el hostigamiento ocurrido el 2 de octubre en un predio de Buriticá, en el occidente de Antioquia, donde una patrulla de la Policía fue atacada y un uniformado resultó herido.

En su pronunciamiento la entidad enfatizó que no realiza allanamientos ni diligencias de registro —atribuciones que corresponden a la Fiscalía— y que su presencia en la zona fue en calidad de administradora del inmueble, prestando “acompañamiento institucional” al proceso judicial.

La versión oficial de la SAE, firmada por su presidenta, Amelia Pérez Parra, busca despejar dudas sobre las funciones que ejerce la entidad en operativos en terrenos bajo su administración.

En el comunicado, la entidad afirmó que su tarea es custodiar y administrar bienes incautados, evitar su apropiación por grupos ilegales y coordinar con las autoridades competentes cuando haya medidas judiciales sobre esos predios. La presidenta puso énfasis en que la SAE “no realiza diligencias de allanamiento ni registro” y que acompañó la acción en calidad institucional.

Así fue el hostigamiento

La patrulla que custodiaba la diligencia fue atacada al retirarse del predio; uno de los uniformados sufrió una herida por proyectil y fue remitido a Medellín para atención especializada. Tras el incidente, las autoridades desplegaron unidades de reacción e iniciaron labores de inteligencia en la zona.

El comunicado de la SAE busca delimitar competencias y reafirmar que su función es administrar los predios bajo medidas judiciales. La entidad recordó que las facultades de entrada, allanamiento y registro corresponden a la Fiscalía y a la Policía, y que en este caso su presencia se dio únicamente como acompañamiento institucional en calidad de administradora del bien.

En diligencias como la de Buriticá confluyen tres funciones distintas: la Fiscalía ordena y dirige la actuación judicial, la Policía brinda seguridad y la SAE administra los bienes afectados por medidas de extinción de dominio. En su comunicado, la SAE subrayó que no ejecuta allanamientos ni registros, con el fin de evitar que su presencia se interprete como acción coercitiva.

La entidad también señaló que varios predios bajo su administración han sido objeto de ocupación por economías ilegales, lo que explica su acompañamiento institucional en este procedimiento.

Tras el hostigamiento, la Policía y el Ejército reforzaron la presencia en la zona y la Fiscalía asumió la investigación penal para dar con los responsables. Desde lo administrativo, la SAE aseguró que continuará con labores de custodia de los bienes bajo su cargo y que coordinará con las autoridades en futuros operativos para impedir que estos predios sean aprovechados por redes criminales.