Las herméticas negociaciones del Gobierno de Gustavo Petro con el grupo narcotraficante Clan del Golfo han estado rodeadas de un manto de desconfianza, silencios deliberados, exigencias de reserva extrema y un factor que terminó de encender las alarmas: la creciente distancia del Gobierno de Estados Unidos, que hasta hace apenas unos meses seguía de cerca, paso a paso, lo que se movía en las conversaciones que avanzan en Doha, Catar. SEMANA logró hablar con uno de los negociadores y revela detalles secretos de estos diálogos.
De este proceso, que ha adquirido proporciones históricas y que podría modificar el mapa criminal del país, los colombianos apenas han visto unas cuantas fotografías y comunicados filtrados con cuentagotas. En esas imágenes aparecen Álvaro Jiménez, coordinador de la delegación del Gobierno nacional; Luis Armando Pérez Castañeda, miembro del estado mayor conjunto del Clan del Golfo, y el ministro de Relaciones Exteriores de Catar. Nada más. Una puesta en escena mínima para un proceso que se cocina a puerta cerrada y con un hermetismo que contrasta con la magnitud de lo que se está negociando.
Junto con esas imágenes, solo se han conocido dos declaraciones oficiales: la primera, tras la ronda inicial de septiembre; la segunda, el pasado viernes 5 de diciembre, cuando el Gobierno anunció –sin mayor detalle– el inicio del proceso de desmovilización del grupo armado, uno de los más poderosos del crimen organizado en Colombia.
La reserva no es casual. “Tenemos unos procedimientos que hemos definido: manejar de manera restringida los movimientos y el desarrollo de las conversaciones. Hemos convenido que comunicamos los resultados en el momento en el que se producen, pero la parte procedimental la vamos a mantener en secreto”, le dijo Jiménez a SEMANA, un exmilitante del M-19 convertido en estudioso de procesos de paz en distintos países, que recibió clases en la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard. Sus palabras dejan ver la profundidad de un proceso que se mueve entre tensiones internas, intereses internacionales y desconfianzas recíprocas.
Ese silencio, sin embargo, no ha logrado contener las turbulencias. Desde distintos sectores políticos han surgido cuestionamientos. Incluso dentro del mismo Gobierno Petro, funcionarios han expresado reparos sobre la velocidad, las condiciones y la naturaleza de las concesiones que el Estado estaría haciendo. A esto se suma la advertencia de la Defensoría del Pueblo, que encendió alarmas sobre las posibles afectaciones en los territorios donde se concentrarán los combatientes.
“Se deben adoptar medidas idóneas, integrales y oportunas para garantizar la seguridad, la no estigmatización y la no cooptación o instrumentalización de las comunidades que habitan el territorio en el cual se establezcan las zonas de ubicación temporal (ZUT)”, señaló el organismo en un comunicado que puso más presión sobre la mesa.
El anuncio más sorprendente llegó con la definición de tres ZUT que estarán ubicadas en Belén de Bajirá y Unguía, en Chocó, y en Tierralta, Córdoba. Allí se instalarán, desde el primero de marzo de 2026, los combatientes del Clan del Golfo.
El país quedó atónito: en menos de 80 días, el Gobierno deberá coordinar la ubicación progresiva de una parte importante de los 8.700 integrantes que se estima tiene esa estructura criminal. Una operación de enormes proporciones que exige logística, control territorial, seguridad y, sobre todo, una presencia estatal que hoy es precaria en muchas de esas zonas.
SEMANA habló con Leopoldino Perea, primer alcalde en la historia de Belén de Bajirá, quien confirmó que los preparativos ya están en marcha. “Hemos hecho unas reuniones. Lo que se trata es de organizar un proyecto piloto para cometer menos errores que en los otros procesos, el de las Farc y el de las AUC”. Según dijo, en estos encuentros participan varios países y delegados de la Organización de Estados Americanos, lo que demuestra que la comunidad internacional sigue observando con lupa lo que ocurre en el país.
“Se está haciendo un trabajo, organizando unas mesas, unos equipos municipales para iniciar a hablar sobre esa transición. Habrá varios puntos de concentración; se harán cuatro o cinco sitios en Belén de Bajirá”, agregó Perea, quien reconoce que la población está entre la expectativa y la incertidumbre.
A este gran desafío se suman los tropiezos que han marcado las negociaciones desde su nacimiento, hace ya dos años. Jiménez reconoce que la desconfianza ha sido el sello de la primera fase. “Durante toda la etapa inicial de conversaciones, la desconfianza ha sido mayúscula”, afirmó.
Uno de los episodios más duros se produjo en abril, cuando cayó abatido José Miguel Demoya, alias Chirimoya, considerado uno de los cerebros del Clan del Golfo. Murió en un enfrentamiento con fuerzas militares en La Apartada, Córdoba, cerca de la región donde se instalarán algunas de las ZUT.
“Es el momento más difícil que hemos tenido. Veníamos conversando y fue muy difícil mantener un espíritu de conversación. Las conversaciones se volvieron muy difíciles. Había una gran desconfianza sobre si las reuniones que hacíamos buscaban ubicar a los mandos. Se mezcla la desconfianza con las tensiones propias del proceso”, recordó Jiménez. Pese a todo, asegura que ambas partes mantuvieron la voluntad de diálogo.
Alias Chirimoya comandaba la temida estructura Aristides Meza Páez, que agrupa a más de 2.000 hombres y controla rutas criminales en Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y Santander. Su muerte desató una ola de violencia: el Clan del Golfo lanzó un plan pistola contra la fuerza pública, mientras a algunos de sus hombres los despedían en caravanas que recorrieron el río Cauca. Más de 20 policías y militares fueron asesinados. El país sintió el golpe. La operación Agamenón, destinada a enfrentar el corazón del crimen organizado en el Caribe y el Urabá, se intensificó.
A pesar de todo, Gobierno y Clan continuaron conversando, como lo habían pactado desde el inicio: sin cese al fuego. En septiembre comunicaron el cierre de la primera ronda de negociaciones y se supo que en Catar una delegación del Clan, encabezada por Pérez Castañeda, alias Bruno, avanzaba en la búsqueda de una salida negociada a sus actividades criminales.
Las críticas no tardaron. Juan Manuel Galán, candidato presidencial, fue directo: “Es un error estratégico para Colombia. Es un proceso al revés. Aquí se entregan ventajas estratégicas sin recibir nada comprobable. El Clan del Golfo no es una guerrilla, no tiene propósito político. Es una organización criminal delincuencial; su poder radica en la extorsión, el dominio social y la cooptación”.
Jiménez insiste en que el Gobierno no está negociando políticamente con el Clan. “Este es un proceso sociojurídico. No estamos hablando de una negociación política. Es un proceso que busca fortalecer la presencia del Estado en estas zonas”. Aseguró que la articulación involucra a alcaldes, a la Fiscalía, al Ministerio de Defensa y a autoridades de Estados Unidos.
Pero ahí se abrió otro frente crítico. El propio Jiménez admitió que la cercanía con el Gobierno de ese país sufrió un quiebre, justamente cuando estalló la crisis política entre Gustavo Petro y Donald Trump.
“Teníamos una conversación muy fluida. Estaban enterados completamente de todos los pasos que estábamos dando y de cada cosa que estábamos haciendo”. Sin embargo, todo cambió cuando Estados Unidos entró en cierre administrativo por falta de acuerdo presupuestal. “Eso llevó a que funcionarios del Gobierno suspendieran sus reuniones porque tenían un bloqueo institucional”, explicó.
Hoy, según Jiménez, el Gobierno colombiano espera reactivar los encuentros y sumar a Reino Unido como nuevo país veedor, además de Noruega, España, Suiza y Catar. Está visto que este proceso no ha sido fácil y no lo será. Deberá superar la desconfianza, un complejo escenario electoral y la hostilidad de un conflicto que ha dejado miles de muertos. Pero, según Jiménez, ya ingresó en una fase más sólida. “En el momento en que estamos podemos llamarlo un proceso más maduro”, señaló.
