Nación

Tras investigación de SEMANA, instauran denuncia contra la senadora Isabel Cristina Zuleta en la Corte Suprema de Justicia

El concejal de Medellín Alejandro De Bedout pidió al alto tribunal indagar por un presunto abuso de autoridad y tráfico de influencias por parte de la congresista.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

13 de diciembre de 2025, 5:20 p. m.
La senadora Isabel Cristina Zuleta.
La senadora Isabel Cristina Zuleta. | Foto: Vanesa Londoño/Semana

Tras conocerse el informe de SEMANA en su más reciente edición, en el que ocho generales denunciaron presuntas usurpaciones de sus funciones por parte de la senadora Isabel Cristina Zuleta, el concejal de Medellín Alejandro de Bedout instauró una denuncia en su contra ante la Corte Suprema de Justicia.

“Lo hemos denunciado, Colombia está en manos de los bandidos y tiene su propia senadora que los protege. No más congresistas que representen y beneficien al Clan del Golfo, ni al ELN ni mucho menos a las Farc”, dijo en la red social X el corporado distrital.

“Esto es muy grave. El Ejército durmiendo con el enemigo. Ni Piedad Córdoba se atrevió a tanto. Isabel Cristina Zuleta no es una víctima ni una ingenua: es la quemona del Pacto Histórico, la misma que lideró y montó criminales en el tarimazo de Medellín, burlándose del Estado, de las víctimas y de la ciudad”, señaló.

El concejal se refirió a las revelaciones de SEMANA, en las cuales ocho generales de la República del Ejército y de la Policía, de los cuales cinco están en servicio y otros tres en retiro aseguraron haber recibido llamadas, mensajes y presiones de Zuleta y familiares para frenar a la Fuerza Pública mientras enfrentaba estructuras criminales.

“La misma que justificó el tarimazo hoy aparece señalada de interferir en combates reales. No es coincidencia: es un patrón a la vista de todos y con el beneplácito de Gustavo Petro. Cuando una senadora usa su poder para intimidar mandos, frenar operaciones y posar de mediadora con bandidos, no estamos ante control político sino ante usurpación de funciones y degradación institucional”, señaló De Bedout.

Por eso, el concejal Alejandro De Bedout Arango presentó ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia una denuncia penal contra la senadora, por hecho que calificó que “podrían constituir conductas punibles de competencia de esa Sala”.

En la denuncia destacó el famoso ‘Tarimazo’ del 21 de junio de 2025, cuando se organizó un evento en la plazoleta del Centro Administrativo La Alpujarra de Medellín, con presencia del presidente Gustavo Petro y voceros y exjefes de estructuras criminales del Valle de Aburrá.

“En desarrollo de los hechos posteriores a dicho evento, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció públicamente que la senadora Isabel Cristina Zuleta, en su calidad de congresista y enlace del Gobierno Nacional con la denominada Mesa de Paz de la cárcel de Itagüí, habría presuntamente interferido o intentado incidir en actuaciones de la Fuerza Pública y de la Fiscalía General de la Nación relacionadas con un operativo judicial contra alias “Yordi”, señalado presunto cabecilla del grupo criminal La Terraza", dijo.

Alejandro De Bedout Arango señaló que “la acción penal atribuye a la senadora la posible comisión de los delitos de obstrucción de la función pública y tráfico de influencias, al considerar que pudo haber utilizado su investidura congresional, jerarquía política o posición institucional para desincentivar, dilatar o condicionar la actuación de los agentes del Estado encargados de cumplir una orden judicial válida”.

Frente al abuso de función pública, el concejal mencionó en el documento el artículo 428 del código penal y señaló que “la senadora denunciada, presuntamente, habría ejercido funciones ajenas a sus competencias constitucionales y legales, interviniendo en actuaciones propias de la Fuerza Pública y de la administración de justicia”.

Alejandro de Bedout e Isabel Cristina Zuleta
Alejandro de Bedout e Isabel Cristina Zuleta | Foto: Semana

Sobre el tráfico de influencias se refirió al artículo 411 del código penal y sustentó que “las gestiones descritas podrían constituir utilización indebida de influencias derivadas de su investidura congresional para incidir en decisiones oficiales de otros servidores públicos”.

El concejal le pidió a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que admita la denuncia penal y ordene su reparto y asignación a un despacho de magistrado instructor y disponer la apertura de indagación previa.

Noticias relacionadas