Tribunal Superior de Bogotá declara legales las interceptaciones al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón

Este lunes, 15 de septiembre, el Tribunal Superior de Bogotá dio a conocer la decisión a través de la cual declaró legales dos interceptaciones a números telefónicos del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y algunos contratistas que trabajaron con él cuando era alcalde de Rionegro.

Las interceptaciones habían sido ordenadas en el marco de la investigación de las presuntas irregularidades en la construcción de dos Centros de Atención Inmediata (CAI) de la Policía en el corregimiento de San Antonio de Pereira y en Cuatro Esquinas, en Rionegro, Antioquia.

Las supuestas inconsistencias en los contratos fueron puestas en conocimiento de las autoridades judiciales el 31 de agosto de 2022, por el presidente de la Veeduría Ciudadana, Óscar Ignacio Castaño Correa.

Cinco años después, el proceso judicial ha estado en medio de cuestionamientos por parte del gobernador y su círculo cercano.

De hecho, en agosto, cuando se conoció de las interceptaciones, el partido Centro Democrático rechazó la medida de la Fiscalía para hacer búsquedas de elementos en la investigación.

“El Centro Democrático rechaza con firmeza la persecución emprendida por el Estado contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y contra congresistas de nuestra colectividad”, dijo el partido en un comunicado.

Pero ya las escuchas habían sido realizadas, dos de ellas el 14 y 17 de mayo de 2025.

Ante la situación, la defensa del gobernador demandó las interceptaciones por considerarlas ilegales y la magistrada Marcela Márquez consideró que esas escuchas era ilegales.

La fiscal delegada se mantuvo en su posición, apeló la decisión y este lunes, dos semanas después, el Tribunal Superior de Bogotá le dio la razón.

Con ponencia de las magistradas Yaneth Liliana Martínez y Alexandra Ossa, se consideró que “la exposición de motivos fundados sí fue suficiente y cumplió con los presupuestos del test de proporcionalidad, como quiera que dio a conocer las razones para afectar ese derecho del indiciado por la necesidad de acopiar información relevante para la indagación”.

Además, las magistradas dijeron que “la fiscal fundamentó la idoneidad, necesidad, utilidad y proporcionalidad de la medida, en cuanto es la más apropiada para la consecución de información relevante para la indagación, sin que exista otra con igual eficacia y menos restrictiva del derecho a la intimidad, además que deviene justificada para lograr el fin primordial de garantizar el interés general, lo que permite afectar el referido derecho fundamental”.

La decisión, de 18 páginas, no permite recurso alguno que pueda controvertirla. Queda esperar qué hallaron los investigadores en las interceptaciones al gobernador Andrés Julián Rendón.