Denuncian presuntas irregularidades en contratos millonarios del Sena: Procuraduría lanza advertencias por inconsistencias en proceso licitatorio

Una grave denuncia fue presentada por la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común ante la opinión pública y los medios de comunicación, en la que se señalan presuntas irregularidades en los procesos de contratación del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en distintas regiones del país. A esta alerta ciudadana se suma un oficio de advertencia enviado por la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en el que se formulan observaciones detalladas sobre el proceso de licitación pública LP-DG-DAF-0005-2025, adelantado por la Dirección General del Sena.

Según la denuncia firmada por Henry Antonio Anaya Arango, presidente de la Red, en la Regional Bolívar, dirigida por Jaime Torrado Casadiegos, se adjudicó un contrato por $ 31.103.378.232 a la Unión Temporal Prointer Zona 1, integrada por Interglobal Seguridad y Vigilancia Ltda. y Prossimo Security Ltda. De acuerdo con la Red, “la entidad en la evaluación se inventó que debía ser ponderado” el indicador financiero, lo cual no estaba en los pliegos, motivo por el cual fueron rechazadas cuatro uniones temporales, sostiene la denuncia. “A ellos les adjudicaron sin el lleno de los requisitos y el comité evaluador se inventó nuevas reglas no contempladas en los pliegos de condiciones definitivos, para adjudicarles a las malas”, advierte el documento.

Una situación similar se reporta en Caldas, donde se adjudicó un contrato por $ 26.745.222.273 a la Unión Temporal Seguridad 3P. Según la denuncia, el Coordinador Operativo propuesto tenía un certificado CPP vencido, pero “en el Informe de Evaluación Preliminar califican este perfil como cumple”.

En la regional Casanare, dirigida por Johana Astrid Medina Peña, el contrato por $ 21.017.228.465 también fue adjudicado a Interglobal y Prossimo Security, las mismas firmas que ganaron en Bolívar, tras la descalificación de cinco uniones temporales. La denuncia subraya que “la entidad en la evaluación se inventó que debía ser ponderado” el capital de trabajo, criterio no contemplado en los pliegos originales.

En paralelo, la Procuraduría General de la Nación inició vigilancia preventiva sobre el proceso LP-DG-DAF-0005-2025, cuyo valor estimado asciende a $ 25.000 millones, y que busca contratar vigilancia para ocho regionales y la Dirección General del Sena. En oficio fechado el 22 de abril de 2025, el organismo de control remitió al Sena una serie de observaciones respecto a los documentos publicados en SECOP.

Entre los cuestionamientos, la Procuraduría pregunta: “¿cuál fue la metodología utilizada por la entidad para establecer el valor estimado del contrato?”, solicitando justificación tanto para el componente humano como tecnológico. También pide explicar por qué se exige una certificación juramentada en lugar de una copia de la licencia de funcionamiento expedida por la Superintendencia de Vigilancia.

Asimismo, se cuestionan los perfiles exigidos al personal, como el director de operaciones y el coordinador operativo. Sobre el primero, la Procuraduría señala que “las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto de calificación, ni podrán establecerse como documento habilitante para participar en licitaciones o concursos”, citando la Sentencia C-713/09 de la Corte Constitucional. También se pide justificar por qué solo se admite como director de operaciones a “un oficial superior en uso del buen retiro de las fuerzas militares o de la policía nacional”, y no a otros perfiles técnicos equivalentes.

El ente de control también advierte diferencias sustanciales entre los requisitos establecidos para este proceso y los de otras regionales, como Bolívar y Casanare, pese a que se trata del mismo tipo de servicio. Además, se requiere al Sena responder por qué no se hizo un análisis técnico del mercado sobre los medios tecnológicos a contratar, y qué acciones tomó para fomentar la pluralidad de oferentes, en especial de MiPyMEs, dado que el 97,9% del sector está compuesto por estas empresas.

“¿Qué estará pasando con la feria de contratos en el Sena?”, se pregunta la denuncia ciudadana, señalando que empresas como Seguridad Fénix han sido adjudicatarias ininterrumpidamente desde 2022. También se alerta que la Dirección General realizó una audiencia de adjudicación “sin la publicación del informe de evaluación, y en una audiencia en la que no se dejó intervenir a nadie”.

La Red Nacional de Veedurías solicita el acompañamiento de los medios de comunicación y recuerda que en la audiencia de adjudicación en Bolívar “hicieron caso omiso a las 3 veedurías que se encontraban presentes”. Mientras tanto, la Procuraduría exige que el Sena publique en SECOP tanto su respuesta como todas las actuaciones del proceso para garantizar la transparencia.

El oficio de advertencia fue firmado por Samuel Benjamín Arrieta Buelvas, procurador delegado segundo para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.

Hasta el momento, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) no ha emitido ningún pronunciamiento oficial frente a las denuncias presentadas ni a las observaciones realizadas por la Procuraduría, pese a la gravedad de los señalamientos.