Conocí a Julián Zuleta Cardona en Belén de Umbría, corazón cafetero de Risaralda. Allí se formó y se destacó como uno de los mejores futbolistas de la comarca. Más tarde, en la Universidad del Quindío se tituló como licenciado en español y literatura, lo que le ayudó a consolidar una identidad como poeta y escritor. Su obra se caracteriza por la denuncia social y la resistencia civil.
Fue fundador del Sindicato Agrícola de Jornaleros de Belén de Umbría y, junto con los caficultores, participó activamente en los paros gremiales, como en el de 1994, durante el Gobierno de Ernesto Samper, que inspiró el reconocido poema Nobleza campesina. También formó parte del movimiento cívico contra la megaminería transnacional en suelo belumbrense, rico en minerales y abundante en agua.
La trayectoria laboral de Julián estuvo ligada al servicio público y social. Trabajó por varios años en el Hogar Infantil Belencito, adscrito al ICBF, donde también fue sindicalista, y luego se vinculó al magisterio y educó varias generaciones de estudiantes en Belén de Umbría, Mistrató, Guática, Apía y en Antioquia, en municipios como Caldas y Medellín. Además, fue dirigente del Sindicato de Educadores de Risaralda (SER) en las filiales locales de Belén de Umbría y Apía.
Sin embargo, tras años de enfrentar el avance de una enfermedad crónica, Julián se convirtió –desde mayo de 2024– en otra víctima de las fallas estructurales del nuevo modelo implantado para el sistema de salud que administra la atención médica del magisterio colombiano, bajo responsabilidad del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).
El tratamiento para la diabetes tipo 1, que Julián padecía, se vio interrumpido durante más de año y medio por los reiterados retrasos en la entrega oportuna de medicamentos indispensables para el control de esta enfermedad de base. Ante la urgencia vital y la falta de suministro, tuvo que costearlos de su propio bolsillo, con una carga económica y emocional adicional que deterioró más su salud. Empezaba a sufrir los efectos del nuevo esquema, presentado en la retórica oficial como garantía al derecho libre y fundamental a la vida, pero negado en los hechos.
A la diabetes insulinodependiente se sumó una segunda patología, que no guardaba relación directa: un aneurisma en la aorta distal. Ahí comenzaron la demora en la asignación de las citas, el retraso en la autorización de las consultas y de los exámenes y los interminables trámites administrativos, lo cual causó que, al final, el hallazgo fuera fatalmente tardío.
Para la cirugía urgente, Julián Zuleta fue internado durante 15 días en la clínica Los Rosales de Pereira. Tras dos semanas de espera y evaluar la posibilidad de una intervención quirúrgica, se determinó que no podía realizarse allí por la alta complejidad del procedimiento y el elevado riesgo de mortalidad. Requería un centro especializado de cuarto nivel, con disponibilidad de medicamentos específicos, tecnología avanzada, implementos adecuados y personal médico muy calificado. La peregrinación siguió con el traslado del paciente a la clínica El Rosario de Medellín. Allí se perdieron cuatro días –tiempo crítico para una patología vascular severa– debido a los aplazamientos administrativos del Fomag, que retrasaron aún más la intervención de alto riesgo y de máxima urgencia.
Pese a que la cirugía se realizó por un equipo de alto nivel profesional y técnico y compromiso ético, y el testimonio familiar resalta una positiva experiencia asistencial con trato humano, digno y comunicación clara, el desenlace fue inevitable. Julián superó el procedimiento, pero su organismo, ya debilitado por el diagnóstico tardío y el desgaste previo, no resistió. Falleció a los 67 años, víctima de complicaciones derivadas de una atención prestada a destiempo.
Este relato evidencia la deficiente función de la Fiduprevisora y el Fomag, entes que descargaron en Julián Zuleta el riesgo administrativo de su salud, aunque ellos sean los que deban articular la financiación con los servicios y a las personas con las instituciones prestadoras. Vendrán decenas o quizás centenares de tristes desenlaces similares, causados por la perversa iatrogenia institucional, que es el daño que ocasiona quien, al contrario de lo establecido, tiene el deber de cuidar.
Tan mortífero disparate se gestó por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, con el colaboracionismo de Fecode en el aciago Gobierno de Gustavo Petro. A buena hora la Procuraduría General de la Nación lo puso a responder, junto con las exministras Aurora Vergara y Gloria Inés Ramírez y los demás responsables.
Nota: La columna se hizo con base en el texto que elaboró Jimmy Zuleta Moncada, hijo de Julián, in memoriam de su amado padre.
