La semana anterior el Gobierno tuvo a bien notificar a todos los colombianos las condiciones de la Ley de Rescate Económico. Sin embargo, con el mayor cinismo representantes del Pacto Histórico criticaron el paquete financiero como una reforma “más gravosa que la de Carrasquilla y Petro juntas”, “la mas ambiciosa de la historia del país, 80 billones de pesos” y al mismo tiempo incitaron la repetición al levantamiento popular en contra del paquete económico.
Claramente la reforma afectará a todos los colombianos. El efecto del incremento en el IVA será generalizado sobre toda la población. Una reforma que se ejecutará en el entorno inmediato de las elecciones regionales y, obviamente, se prestará para caballito de batalla y uso político. El trámite ante el Congreso de la República promete ser estruendoso y tumultuoso.
Pero lo que no debemos olvidar los colombianos es que el mayor causante de esta reforma fueron los cuatro años de derroche de la aventura izquierdista y del despilfarro petrista. Es así de claro y determinante para que el mensaje no se pierda y deje de darse en cada manifestación y desde cada sector que sufrió el detrimento de los recursos públicos. Es fundamental que las denuncias y las investigaciones avancen, sean públicas y que todos los colombianos las conozcan, pero sobre todo que la justicia opere rápidamente.
Por ejemplo, en el sector salud también se conocieron nuevas revelaciones de la irresponsable gestión, pero también el corrupto manejo de los recursos públicos. Los casos de Coosalud y FOMAG apenas son dos cuentas del rosario de podredumbre que el gobierno de Petro hizo padecer al sector, a través de intervenciones y gestiones muy desafortunadas.
El gobierno petrista intervino Coosalud cuando esta EPS tenía un patrimonio negativo de $300 mil millones y la entregó con $3.6 billones, es decir, que su fatídica y nula intervención generó un detrimento de 12 veces en el indicador patrimonial de la entidad. El informe presentado por la Contraloría General es el resumen de una novela de terror financiero: giros por $315 mil millones en servicios médicos a entidades que no estaban habilitadas como prestadores de salud; sobrecostos por más de $5 mil millones en medicamentos; transferencias ajenas a la atención médica por $25 mil millones. Las afectaciones suman ya $454 mil millones de pesos. Estas “joyas” generadas solamente en la vigencia de 2025.
Pero en el fondo de salud de los maestros (FOMAG) la situación todavía es más crítica. Tanto la Contraloría como la SuperSalud contabilizaron un faltante de $2,4 billones para poder culminar el año en la prestación de servicios de salud a los docentes. Más de $1,2 billones en cuentas por pagar, con más de 180 días en mora. La afectación sobre los servicios es realmente inmensa y la propia estabilidad del fondo de pensiones quedó en entredicho. Ese fue el final del paupérrimo modelo de salud del exministro Jaramillo.
Las medidas propuestas para el sector salud en el paquete tributario, lucen desesperadas e inaplazables. La situación fiscal que dejó Petro no tiene manera de refinanciar al sistema de salud, si no se afectan las contribuciones a la seguridad social -tanto las patronales como las de los trabajadores, independientes y regímenes especiales-. Pero, aún así, los recursos que se van a obtener serán insuficientes porque el sistema de salud enfrenta tanto el pasado de la debacle progresista, como el futuro de una población envejecida y con alta carga de enfermedad.
Será necesario también un ajuste del sistema hacia la generación de mayores eficiencias y cerrar tantas venas rotas, tan difíciles de controlar, y con tantos intereses en el desangre. Es imperante intervenir el sistema, clarificando las cuentas, generando un plan de ajuste y recomposición de deudas que permita aislar el pasado y al mismo tiempo proyectar el futuro financiero del sistema. No hay otra posibilidad para enderezar la estructura y permitir una sostenibilidad a largo plazo. Y los responsables de este descalabro tendrían, por justicia, que responder patrimonialmente.