Acciones criminales contra el pueblo

Los graves y dolorosos hechos criminales que han venido sufriendo las comunidades urbanas y rurales de la región del Catatumbo, zona fronteriza de Colombia con Venezuela, son una clara manifestación de una política criminal, prepotente y hegemonista de la guerrilla del ELN. Este grupo, so pretexto de su lucha contra la guerrilla denominada disidencias de las Farc, ha venido implementando una serie de acciones criminales contra el pueblo, negando —así— su propia historia y los sueños de respeto a la soberanía popular y de justicia social del sacerdote Camilo Torres Restrepo, muerto en sus filas hace más de 40 años.

Es un error histórico, de cualquier persona o Estado, pretender luchar por un mundo mejor, más justo y libre, utilizando los mismos métodos de los que defienden todo lo contrario, porque al final de cuentas terminan no diferenciándose. Eso es, precisamente, lo que está pasando con la guerrilla del ELN en el Catatumbo, que irónicamente ha terminado haciendo lo mismo que años atrás hicieron también los grupos paramilitares de extrema derecha.

Razón tiene el presidente de la República, Gustavo Petro, de suspender los diálogos nacionales con la guerrilla del ELN y de manifestarles públicamente “que si lo que desean es la guerra, guerra tendrán”, al tiempo que procura encontrar todos los mecanismos jurídicos, económicos e institucionales que permitan la protección y la solidaridad con la población urbana y rural que actualmente es víctima de la irracional actividad criminal de la guerrilla del ELN.

Un hecho que llama mucho la atención es que a las manifestaciones públicas tanto del Gobierno nacional, de gobiernos departamentales, municipales, de la comunidad nacional e internacional, como también de los diversos medios de comunicación, los principales voceros nacionales de ese grupo, quienes en otras ocasiones han sido muy locuaces, ahora, frente a semejantes hechos criminales, pasan de agache y guardan silencio absoluto.

Como lo he dicho en otras ocasiones, creo que el presidente Petro, desde el inicio de su gobierno, ha obrado de buena fe con su política de paz total, pero desafortunadamente la mayoría de los grupos armados ilegales, llámense guerrillas, paramilitares, narcotráfico o delincuencia común, le han respondido con trampa y con una doble moneda.

Considero que tal realidad debe llevar al presidente Petro y a su equipo de gobierno —mucho más cuando sólo les faltan 18 meses largos para terminar su mandato— a invitar a un gran diálogo nacional con diversos sectores políticos, sociales y económicos, que incluya a los gobernadores departamentales, alcaldes municipales, expresidentes y exvicepresidentes de la República, entre otros, a fin de analizar de manera conjunta los caminos a seguir en favor de la paz y la reconciliación nacional.

Cómo salirnos de los remolinos de la violencia y del narcotráfico, lo mismo que entrar por los senderos de la paz y la reconciliación nacional, es una tarea de prioridad nacional que no puede estar supeditada a cálculos políticos partidistas; es también urgente conocer públicamente lo que están pensando cada uno de los candidatos y candidatas a la Presidencia de Colombia en el año 2026 en esa materia, mucho más cuando ya estamos notificados por el nuevo presidente de Estados Unidos sobre que la ayuda económica para Colombia en materia de búsqueda de la paz y de lucha contra el narcotráfico se suspende.

Mientras tanto, y como la vida continúa, es urgente y prioritario seguir promoviendo la más amplia solidaridad con la población del Catatumbo y con las diversas acciones de nuestras fuerzas militares y de policía, en contra de las actividades criminales de los diversos grupos armados ilegales y del narcotráfico que operan en esa importante región fronteriza.