Agencia de Eficiencia del Estado

Ningún control funciona, cada ministerio, cada dirección, cada entidad o instituto está repartido, entregado y comprometido. Ferian sin recato el presupuesto. Contratan asesorías inútiles, nóminas paralelas, diseños estúpidos, vehículos de lujo, renovaciones de logos e imágenes, reestructuraciones infinitas, fundaciones y contratistas para robar o malgastar.

No hay nunca continuidad en las políticas. No conocen ni les importa lo que venía implementando la administración que reemplazan. Llegan con prepotencia total a frenar o destruir las anteriores políticas para poder contratar más estudios y asesorías para formular nuevas. Los “nombrados” inventan la rueda como pírrica justificación para traer a sus cuadrillas y seguir malgastando.

Y no les importa porque la finalidad del juego es malgastar nuestros impuestos de manera que la enorme mayoría de los nombrados se enriquezca y sus patrocinadores parlamentarios recojan las mieles de haber colonizado la “cuota” y, con ello, sumando entidad por entidad, financian la renovación de su credencial.

Pero existen también otros “titulares” de nuestros impuestos que los chupan sin misericordia en programas vacíos y mentirosos. Enormes pantomimas para sustentar burocracias paralelas o enriquecer asesores y contratistas o giros directos sin ninguna contrapartida. Aquí, destacan los aportes al Cric o a los gestores de comunidades de negritudes que conforman la espesa maraña de cacicazgos alimentados por el presupuesto nacional y que se traducen en infinitas corruptelas y miserias y gabelas para las poblaciones que dicen proteger y que solo utilizan. Pero se encuentran miles de programas en todas las regiones del país que se renuevan, año tras año, para alimentar informes que nadie lee y programas y capacitaciones que nadie conoce y escucha. Consultores para resolver las infinitas observaciones sociales o ambientales que quienes los contratan generan para joder al particular a ver si afloja, y de paso gastar nuestro dinero un poco más.

Ni qué decir de la contratación de obras y equipos. Con dificultad, Colombia Compra Eficiente logró reducir la incidencia del direccionamiento de contratos. Sin embargo, en muchos casos este sistema de control, que sigue sin cubrir gran parte de la contratación de los entes territoriales y algunos nacionales, no controlaba la pertinencia de la contratación. Es, sin duda, un avance en el control, pero en muchos casos lo que hace es validar, con su trámite y publicidad, los esperpentos que por miles se le han descubierto a este gobierno y otros anteriores. Y es por eso que este gobierno corre frenético para tratar de desmontar Secop 1 y Secop 2.

Los ciudadanos exigen y demandan con razón que este despilfarro se acabe.

Si no hay la capacidad o el deseo de controlar la pertinente idoneidad del gasto público que se pretende ejecutar, es mejor cortarlo por lo sano y desviar esos recursos a reducir la deuda pública que todo lo devora. El Estado ejecuta hoy cientos de miles de programas y contratos al año, cerca de 1,2 millones de cargos y 160.000 contratistas, y cientos de miles de otros contratos y convenios. Una avalancha que la Contraloría General de la Nación ni quiere ni puede controlar.

Contraloría, Contaduría General de la Nación, jueces y tribunales son completamente inútiles para controlar este despropósito. Décadas después de la pérdida de nuestros recursos condenan a unos pocos en fallos que no sirven sino para generar más gastos y rara vez recuperan nada.

Nuestra plata sale a chorros con rumbo desconocido, mientras la infraestructura, la seguridad y la justicia permanece desfinanciada.

Y en cada ente territorial, desde el más rico departamento hasta el más pequeño, sucede lo mismo. Concesiones chimbas, costosas y que —como gran cosa— garantizan, con el mínimo, el servicio concesionado y pueblan el territorio.

Y el gasto de funcionamiento aumenta siempre, nunca disminuye. “Es imposible” disminuirlo, nos alegan mientras nombran y nombran corbatas en propiedad que no sirven de nada, no le reportan a nadie y quedan marcadas como cuota de fulano o zutano, y ¡cuidadito me los va a sacar, “porque usted no sabe quién soy yo”!.

Frente a este monstruo del malgasto de mil cabezas que, de manera perversa, alimenta su propia supervivencia comprando elecciones y líderes por doquier, debemos construir la Agencia de Eficiencia del Estado (ADEE) con auditores, evaluadores y ejecutivos del sector privado que —sin dudas, con velocidad y determinación— recorten toda la basura del presupuesto de todas las entidades estatales del nivel central y descentralizado, como no lo ha querido hacer el Ministerio de Hacienda en su cínico rol de controlador de la mermelada nacional.

Una poda de alimento para la clase política y los corruptos que no tenga paralelo en la historia y que genere —por fin— el estrangulamiento de esas estructuras que secuestran al Estado para ordeñarlo y que pervierten con sus recursos toda la actividad electoral del país.

El costo de la ADEE no será significativo, pero su efecto será colosal. Implica los recursos a los corruptos mientras se reforman las filas de funcionarios públicos con control del gasto para darles oportunidad a muchos que, dentro y fuera del Estado, tienen las capacidades y la integridad ética y moral para sacar adelante la misión con decoro, presteza y anteponiendo al ciudadano como eje y no enemigo de su gestión.

El revire de la clase política será brutal. Pero valdrá la pena enfrentarlo para lograr ahogarlos sin sus puestos, contratos y entidades. Una medida de choque que sirva de primer eslabón para reducir el tamaño del Estado y transformarlo de un estorbo, costoso e inoperante, a un socio del colombiano en su lucha por generar los ingresos que quiere y desea. Si no les cortamos la alimentación a las ratas que desangran al Estado, nada cambiará.