Albert Einstein aconseja a Petro

Decía Albert Einstein que no podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que usamos cuando los creamos. Nada más cierto se aplica al gobierno actual y al futuro agrícola de Colombia.

Los problemas del campo colombiano que hoy vivimos están íntimamente ligados a nuestra historia de violencia. Primero, en las pugnas partidistas entre liberales y conservadores que nunca se cerraron apropiada y definitivamente a pesar del Pacto Nacional, y después con la emergencia de los grupos guerrilleros hijos de la Guerra Fría y los grupos paramilitares creados para combatirlos, que se salieron de control.

Esta situación del país de las últimas décadas viene rodeada de negocios ilegítimos como el narcotráfico y la minería no declarada, cuyos inmensos ingresos desbordaron la capacidad de control territorial del Estado. Como resultado, una gran parte del país vive como en el lejano oeste, donde los grupos al margen de la ley hacen justicia y vacunan a los habitantes, como lo hacían en la Edad Media los señores feudales con sus vasallos.

Como en la mayoría de los enfrentamientos en un sistema capitalista, la guerrilla y los grupos paramilitares han ganado la batalla porque generan más recursos que lo que ha estado dispuesto a invertir el Estado. La negativa de este gobierno a fumigar los cultivos de coca, sus ampliamente vociferadas incautaciones de cocaína —que no impiden que las exportaciones del alcaloide estén en máximos históricos— y el desmantelamiento de la capacidad de respuesta de las fuerzas armadas les han entregado el control del territorio a los grupos al margen de la ley, que hoy encuentran en ellos mismos su única talanquera para convertirse en un pseudo Estado.

En lo cierto estaba entonces Einstein: si el presidente Petro sigue enfrentando el fenómeno de la violencia en el país con la mentalidad de su pasado en la guerrilla, Colombia no podrá resolver el enorme lío de gobernabilidad que lo aqueja en las regiones apartadas y que castiga a la población más vulnerable. Tiene que entender que el control territorial del Estado solo se podrá ejercer en la medida en que se derrote a los grupos al margen de la ley, en aquello en que, como institucionalidad, Colombia tiene su mayor fortaleza: su supremacía financiera.

La guerra desde lo financiero debe darse en dos frentes.

El primero, desbaratar las fuentes de ingresos de los ilegales: se debe volver a la fumigación de los cultivos ilegales de coca, a la destrucción de dragas y al control de las rutas migratorias del Darién, incrementando significativamente la capacidad de acción de las fuerzas, dotándolas con el presupuesto y volviéndolas a profesionalizar. Basta ya de la mirada mezquina y partidista que políticamente les impone el partido político que se instaló por este cuatrienio en el Palacio de Bolívar.

Por otro lado, para darle alternativas a la población rural, el componente que hace falta en el campo es la inversión, pero la inversión eficiente. En contravía de lo que está implementando el gobierno con sus Zonas y Áreas Para la Producción Alimentarias (ZAPPAS), es necesario voltear la legislación de tierras hacia la constitución de latifundios que puedan competir en la producción de alimentos internacionalmente. La visión minifundista, profundamente retardataria en un mundo globalizado, solo llevará a los campesinos colombianos a la subyugación económica de los bajos ingresos que genera la ineficiencia productiva.

En otras palabras, el giro rotundo que necesita Colombia para combatir la desigualdad, el subdesarrollo y la pobreza de sus zonas rurales no pasa por las ideas regurgitadas de la izquierda de los años sesenta que inspiraron a las guerrillas que tienen el país incendiado; sino por un plan de desarrollo coordinado en el que el sector privado invierta y produzca con eficiencias similares a las de los estándares internacionales.