Algo huele feo en este gobierno

No debería sorprendernos la noticia de que Colombia aparezca hoy encabezando la lista de los países con la mayor cantidad de desplazados forzados del mundo, según el último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), superando a Siria (con 6’183.900) y posicionándose en el primer lugar con 7’816.500 personas que han abandonado sus tierras, casas y parcelas huyendo de la violencia. Solo en los nueve meses que lleva el gobierno Duque, 118.200 ciudadanos han sido obligados a dejar sus hogares. Y cada mes, cuatro líderes de las extintas Farc son asesinados a bala en distintas regiones del país. El asunto se afea cuando algunos funcionarios que acompañan al presidente justifican las muertes de excombatientes bajo la absurda premisa de “líos de faldas” o “reincidencia en delitos de narcotráfico”.

“Todo lo que gira alrededor del caso Santrich es opaco, huele mal. Ahí hay algo muy raro”, expresó hace pocos días en una entrevista del diario El Espectador el excomisionado de paz Sergio Jaramillo. En realidad, todo huele mal en este gobierno, empezando porque, desde que arrancó, no ha podido --ni le ha interesado-- detener el baño de sangre que ha cobrado la vida de casi 300 líderes sociales en todo el país. Solo en el 2018, de acuerdo con un informe publicado por SEMANA (22/04/2019), 155 defensores de los Derechos Humanos han sido asesinados sin que todavía las autoridades hayan podido esclarecer los motivos. El año pasado, con el ascenso al poder de Iván Duque, el número de homicidios de líderes sociales se incrementó, pues saltó de 102 en 2017 a 155 en 2018. Para la Defensoría del Pueblo, por el contrario, la cifra de muertos de defensores de DD.HH. es mayor, ya que pasó de 102 en 2017 a 177 en 2019. Sin importar la diferencia numérica, la única verdad es el incremento porcentual de muertos, cifra que para el actual gobierno parece no tener importancia, pues cada día esta aumenta y los mecanismos para evitar que sucedan parecen brillar por su ausencia.

Teniendo como punto de partida lo anterior, es inentendible que el presidente de la República, que se encuentra de gira por algunos países de Europa, haya expresado en Londres el compromiso de su gobierno con la vida de los exguerrilleros y de los cientos de defensores sociales abatidos por los grupos paramilitares al servicio de los capos de la droga. Es inentendible porque, hasta ahora, su compromiso con la paz del país ha sido la de colocarle palitos en la rueda al proceso, objetando con el partido de gobierno punto sensibles del acuerdo para hacerlo inviable.   

Decir, pues, que su gobierno está comprometido con sacar adelante el proceso de paz, no deja de ser paradójico, ya que durante los nueve meses que lleva en la Casa de Nariño el número de líderes sociales y excobatientes de las Farc asesinados a tiros se ha incrementado ostensiblemente a lo largo y ancho de la geografía nacional. Y el señor ministro de defensa, encargado de liderar un entorno de tranquilidad para los colombianos, no ha vacilado en justificar –como lo hizo Álvaro Uribe en los candentes tiempos de los “falsos positivos”— el asesinato de jóvenes desarmado, asegurando una falsa relación con el narcotráfico.

No hay duda, como lo aseguró el excomisionado Sergio Jaramillo, que algo huele mal en este gobierno. Y no es solo el afán de hacer trizas el acuerdo de paz que lideró Juan Manuel Santos con el beneplácito de un grupo de países garantes, sino también la de apoyar una consulta que busca hundir la JEP y, de paso, remover las altas cortes.

En Twitter: @joaquinroblesza

Email: robleszabala@gmail.com

(*) Magíster en comunicación y docente universitario.