Amenazas a la democracia

La democracia es un sistema de gobierno en el que los ciudadanos participan directamente o por intermedio de sus representantes en la toma de decisiones que rigen su vida cotidiana y en los aspectos de gobierno que regulan la convivencia de la sociedad. La democracia no se limita solamente al hecho de poder ejercer el derecho al voto; está basada en principios rectores que son los pilares de su solidez.

La Constitución establece principios fundamentales, tales como: Colombia es un Estado de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad, pero ante todo, con la prevalencia del interés general sobre el particular.

Un gobierno democrático se caracteriza por defender los principios de igualdad, promover el respeto a los derechos humanos, respetar el derecho a la vida, a la libre expresión, a la intimidad de la familia, a la libertad de conciencia, a la propiedad privada y a prohibir actos bárbaros como la esclavitud o la trata de personas, así como sus instituciones deben ser transparentes y rendir cuentas a la ciudadanía.

El país hoy está regido por un gobierno de izquierda con pretensiones autoritarias que pone en jaque la solidez de los pilares de la democracia, pues parece no reconocer la separación de poderes, atropellar las leyes, incumplir las promesas de campaña, comprar conciencias con dinero de los contribuyentes, maltratar la economía, estigmatizar a quienes no abrazan su ideología, generar odio y polarizar a la sociedad.

Los principales peligros que amenazan a la democracia están relacionados principalmente con el narcotráfico, la violencia y la corrupción; pero también influye la ideología política del gobierno, el populismo del gobernante, la polarización de la sociedad, la politización de la educación, el debilitamiento de la fuerza pública, la pérdida de confianza en el gobierno, la crisis política y la falta de una justicia disuasiva.

El narcotráfico ha penetrado la sociedad y es el combustible que promueve la corrupción; el dinero producto de esta actividad criminal ha sido empleado para influir en campañas electorales de todos los niveles, inclusive en la elección de presidentes, como es el caso de Ernesto Samper, quien al ser reconvenido sobre el tema manifestó “Aquí estoy y aquí me quedo”, y se quedó.

Las actividades relacionadas con el narcotráfico van desde la siembra de la coca hasta el envío de cocaína al exterior y están encadenadas a la generación de violencia, donde ya no se respeta el valor de la vida humana, sino que se impone el uso de las armas para mantener los corredores de movilidad, así como para obligar al cumplimiento de las exigencias de los cabecillas, incluido el reclutamiento de menores.

La capacidad intimidatoria de los grupos armados es muy grande, especialmente para obligar a que en los municipios donde tienen presencia delictiva y hay una notable ausencia del Estado, se vote a favor de determinados candidatos, lo cual afecta la verdadera democracia y debilita la confianza en el sistema político.

Los grupos delincuenciales tienen muy pocos individuos, pero la indiferencia de muchos ciudadanos frente a los temas relacionados con el país contribuye a que se impongan las minorías; en junio la desaprobación del presidente llegó a 64 %, mientras que la aprobación solo alcanza el 29 %, lo cual indica que el gobierno ha perdido la gobernabilidad y la gobernanza. Por ello, el mencionado ‘poder del pueblo’ a que hace alusión el jefe de Gobierno es solamente de una minoría ideológicamente manipulada.

La crisis de los partidos por la pérdida de su poder aglutinante y la trashumancia oportunista de algunos políticos, sumado a la polarización de la población, el incremento de la violencia, el empleo de la dialéctica que siembra el odio y promueve la lucha de clases como resultado de la aplicación del credo socialista para mantenerse en el poder, además de propiciar la pérdida de confianza en el gobierno, son factores que se convierten en el detonante que puede desembocar en una guerra civil.

El aparente y posiblemente deliberado debilitamiento de la fuerza pública, tanto en sus capacidades, como en su recurso humano, especialmente por el retiro forzoso de altos mandos ampliamente capacitados, la politización de la educación con su empleo como aberrante instrumento de lucha, así como un sindicalismo de reconocida tendencia comunista, son algunos de los inconvenientes que despiertan las alarmas frente a la posible pérdida de libertades y deterioro de la democracia.

La falta de oportunas decisiones jurídicas relacionadas con la posible corrupción que ronda al gobernante y a su entorno hacen que la justicia deje de ser un disuasivo frente al delito; a esto se suma la ‘protección’ del gobierno a delincuentes nombrados como gestores de paz, así como el enfrentamiento con las Altas Cortes y el Congreso a los que da un trato soez y descomedido, lo que genera una brecha muy difícil de recomponer, creándose un ambiente de desconfianza frente a decisiones gubernamentales.

La participación unificada de los colombianos es el único camino democrático que permitirá recuperar el país, pues actualmente se encuentra en cuidados intensivos.