Análisis encuesta sobre el supuesto golpe de Estado contra Gustavo Petro

Los resultados de la reciente encuesta realizada por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y YanHaas, revelan que el 66 % de los colombianos no cree en el supuesto golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro; ofrecen un panorama interesante sobre la percepción política y jurídica en Colombia. Este dato no solo refleja una incredulidad hacia la narrativa del golpe, sino también muestra la confianza en las instituciones jurídicas y el escepticismo hacia los actores políticos involucrados.

Contexto político y jurídico

Para entender estos resultados, es esencial considerar el contexto político en el que se encuentra Colombia. Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia reciente del país, ha enfrentado tanto apoyo como oposición significativa desde su elección, así como ha logrado coalición con partidos tradicionales. Las acusaciones de un golpe de Estado tienden a polarizar aún más a la sociedad, especialmente en un país con una historia de conflictos tan compleja como Colombia.

Desde una perspectiva jurídica, la estabilidad del gobierno se sustenta en el respeto a las instituciones constitucionales y en el debido proceso, elementos esenciales para contrarrestar cualquier intento de desestabilización.

Desconfianza

El hecho de que dos tercios de la población no crean en el golpe sugiere un nivel de desconfianza en la forma como Gustavo Petro responde a la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esto podría indicar que, para muchos colombianos, el gobierno y sus mensajes no están cumpliendo efectivamente con su rol de administrar y proteger los intereses ciudadanos, sino que el presidente asume un rol de víctima de las instituciones y evade los controles propios de un Estado de derecho. La falta de credibilidad en el discurso oficial puede derivar en una ciudadanía más crítica y escéptica.

Implicaciones para el gobierno de Petro

Para el Gobierno de Gustavo Petro, estos resultados pueden tener varias implicaciones. Por un lado, plantean un desafío en términos de comunicación y confianza pública. Desde un punto de vista jurídico, es crucial que el gobierno respete y acate las decisiones del Consejo de Estado sobre la competencia del CNE, y de la Corte Constitucional acerca de la facultad investigativa de este y sancionadora del Congreso, para fortalecer la percepción de estabilidad y transparencia. Superar esquemas de confrontación y persecución ayudará a contrarrestar cualquier narrativa que pueda socavar su gestión. Además, el gobierno debe demostrar su compromiso con las instituciones constitucionales al responder adecuadamente a las investigaciones electorales.

Es un error responder políticamente a una investigación jurídica.

Polarización

El escepticismo hacia el supuesto golpe también puede ser visto como parte de una polarización social más amplia. En un entorno donde las opiniones están cada vez más divididas, es crucial que tanto el gobierno como la oposición busquen el diálogo y la reconciliación. La política del miedo y la desinformación solo contribuye a profundizar las divisiones existentes. Un enfoque jurídico adecuado puede ayudar a mitigar estos efectos al garantizar que las acciones del gobierno estén alineadas con las normas constitucionales y legales.

Conclusión

La encuesta del ICP y YanHaas aporta una visión valiosa sobre cómo los colombianos perciben la situación política y jurídica actual. La incredulidad ante el supuesto golpe de Estado no solo refleja una desconfianza hacia ciertas narrativas, sino que también subraya la necesidad de un liderazgo que promueva la transparencia, la unidad y el respeto por el Estado de derecho. En un momento de cambios significativos, la prioridad debe ser responder jurídicamente la investigación y fortalecer la unidad en torno a la Constitución.

Cita de la semana: “No creo que el Partido Liberal deba concurrir a una Constituyente que tenga como único objeto reelegir al señor general Rojas Pinilla…”: Carlos Lleras Restrepo, Carta a la Dirección Nacional Liberal de 21 de julio de 1954.