Aquí no caben Constituyentes

Lo prometió firmando en tablas que asemejaban el mármol. Lo negó en cada entrevista en la que le preguntaron si tenía intención de cambiar la Constitución. Lo repitió con risas cada vez que le cuestionaron si, una vez elegido presidente, convocaría a una asamblea nacional constituyente. Pero el presidente mintió de forma descarada cada vez que negó que quería cambiar la Constitución.

Gustavo Petro se hizo elegir mandatario de Colombia como un demócrata, juró ese 7 de agosto respetar la Constitución y las instituciones, pero, una vez en el Gobierno, empezó a desenmascarar gradualmente su verdadero talante y terminó por confirmar que sí eran fundados los miedos de quienes lo veían como un mandatario autoritario, dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para imponer sus convicciones. Y estas convicciones no resultaron ser las de un demócrata, sino las de un socialista, que repugna al sector empresarial, odia a los medios de comunicación y está dispuesto a cambiar la Constitución para tener un país en el que pueda gobernar sin contrapesos, sin control constitucional y sin veeduría mediática.

El mismo presidente Petro se lo dijo a Donald Trump en su intercambio de mensajes que tiene al país al borde de una crisis bilateral: “Yo no hago business, como usted, yo soy socialista, creo en la ayuda y el bien común y en los bienes comunes de la humanidad, el mayor de todos: la vida, puesta en peligro por su petróleo… Nunca pude entenderme con la codicia. Un mafioso es un ser humano que condensa lo mejor del capitalismo: la codicia, y yo soy lo contrario, un amante de la vida,” dijo en X.

Ahora el presidente aparece llamando a una asamblea nacional constituyente, sin que se entienda muy bien bajo qué fundamento. Alega una dignidad nacional ante la arremetida de Trump, que lo ha tildado de aliado del narcotráfico, pero al mismo tiempo dice que se necesita cambiar la Constitución, porque su Gobierno sufre un bloqueo. Pero eso que llama bloqueo institucional, porque no puede hacer lo que quiere y como quiere, es precisamente el sistema de pesos y contrapesos que sostiene una democracia; acabar con ellos es acabar con la democracia.

Petro no se ha enfrentado en su Gobierno a nada distinto a lo que se ha enfrentado todo presidente elegido mediante voto popular. Un Congreso que aprueba o no sus iniciativas legislativas, dependiendo del apoyo que logre conseguir, una Corte Constitucional que revisa si estas iniciativas se ajustan a la Constitución y unas altas cortes y entes de control que determinan si el actuar de los funcionarios es acorde con sus obligaciones legales y constitucionales. De eso se trata el equilibrio de poderes, y es la manera en que un sistema democrático no permite que se distorsione bajo la imposición de alguno de los tres poderes que sostienen la institucionalidad democrática: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Pero Petro ha querido desde hace tiempo un país en el que se haga lo él diga, sin importar si esto es contrario o no a la Constitución o a la ley, porque en su talante autoritario solo cabe una verdad, la verdad de su proyecto de izquierda, en la que los empresarios son explotadores, la riqueza es la perversión de una sociedad y la oposición, un enemigo que debe ser exterminado.

Aquí ya no hay apariencias. Gustavo Petro ha desnudado su carácter y ha mostrado que comulga abiertamente con dictaduras de izquierda como la de Nicolás Maduro, a quien persiste en defender a sabiendas de que se quedó en el Palacio de Miraflores robándose las elecciones y que no le importa arremeter contra Estados Unidos bajo la arenga de una falsa dignidad, que no es más que argumento fácil para ganar adeptos y lograr el cambio constitucional que quiere.

Colombia no necesita una constituyente para defender los derechos fundamentales ni para erradicar la pobreza ni para lograr las reformas sociales que el país necesita. Para eso se necesitan políticas públicas encaminadas en estos sentidos y Gobiernos serios con capacidad técnica y de ejecución. Nuestra Carta tiene herramientas para lograr los fines de un Estado social de derecho, pero la norma sola no basta, se necesitan Gobiernos eficaces y sociedades que no comulguen con la corrupción. El presidente lo sabe, y por eso le aseguraba a la periodista Ángela Patricia Janiot: “Yo no quiero una asamblea constituyente, porque la Constitución del 91 me permite hacer los cambios que quiero hacer en el país”.

Lo que quiere el presidente Petro es modificar la Constitución para convertir su proyecto político en realidad, sin que existan instituciones que les digan que no a muchas de sus irracionales apuestas. Este puede ser el punto de no retorno del país hacia un sistema económico y político como lo sueña Petro, socialista, de izquierda, radical, y no como lo construyó el país en 1991, en un ejercicio democrático en el que Colombia, cansada de su violencia, acordó con todos los sectores políticos construir una carta política que recogiera el sentir de la nación.

Pero nada de esto es lo que quiere el presidente. Él quiere una Constitución en la que únicamente quepa su orilla política y un Estado que sea fiel a sus propias vanidades.

Aunque voces de distintos sectores advierten que es imposible que esta constituyente tenga éxito, el país no puede permitir abrir esta puerta. No puede confiar en que “nada va a pasar”, pues eso se ha repetido durante tres años de mandato y hoy tenemos un país sumido en los cultivos de coca; con los grupos armados ganando en los territorios; sin ayuda de su principal socio comercial, Estados Unidos; sin el apoyo en seguridad y defensa de su más viejo aliado, Israel, y con un presidente incluido en la Lista Clinton junto a su esposa, su hijo y su principal ministro.

Claro que ha pasado, y va a seguir pasando si no despertamos.