La autonomía universitaria es una de las garantías más importantes de la Constitución de 1991. Protege a las universidades de interferencias indebidas del poder político, permite que definan sus reglas y autoridades, además de garantizar que el conocimiento, la investigación y el debate puedan desarrollarse con libertad. Defenderla es también defender la democracia, pero no puede confundirse con soberanía.
Desde la Sentencia T-1010 de 2010 la Corte Constitucional determinó que la autonomía universitaria no convierte a las instituciones de educación superior en órganos superiores del Estado ni les concede un ámbito ilimitado de competencias. Las universidades, como cualquier entidad sometida al Estado de derecho, deben respetar la Constitución y la ley. La misma sentencia recordó que la autonomía no puede convertirse en una excusa para vulnerar el ordenamiento jurídico.
Por eso, el Gobierno acierta al establecer un protocolo para enfrentar situaciones de violencia dentro de las universidades. La protesta pacífica merece todas las garantías constitucionales. El vandalismo, los ataques contra la Fuerza Pública, la destrucción de infraestructura o la preparación de actos violentos son otra cosa. El propio presidente ha señalado que busca diferenciar el ejercicio legítimo de la protesta de aquellas situaciones que exigen la intervención de las autoridades.
El problema está en que la discusión no puede terminar con el anuncio de esta medida. En la práctica, la Fuerza Pública estaba limitada a casi solo dos escenarios para intervenir dentro de un campus universitario: la flagrancia, cuando el delito ya se estaba cometiendo; o una orden judicial, cuyo trámite difícilmente puede responder a la inmediatez de determinadas amenazas.
Esta situación genera una dificultad de facto. Si un grupo prepara elementos para atacar a la Fuerza Pública, almacena materiales destinados a la violencia o estructura una acción criminal dentro de una universidad; esperar a que el delito llegue a su fase de ejecución puede ser demasiado tarde. Pero convertir la autonomía universitaria en una autorización para que las autoridades ingresen sin reglas, controles ni motivos objetivos sería igualmente equivocado y transgrediría las libertades de los estudiantes.
Colombia conoce desde hace décadas este problema. En distintas universidades públicas se han registrado episodios de presencia, influencia o actuación de organizaciones armadas que han buscado incidir en sectores del movimiento estudiantil o utilizar los campus para desarrollar actividades ilegales. Esa historia obliga a reconocer que la inmensa mayoría de los estudiantes no tiene relación alguna con esas estructuras, pero eso tampoco puede impedir que el Estado actúe frente a quienes utilizan el entorno universitario para cometer delitos, organizar acciones violentas o escudarse en la autonomía institucional.
El reto consiste precisamente en encontrar ese punto de equilibrio. Para hacerlo, el Gobierno nacional debe involucrar de manera directa a los gobiernos universitarios. Estos tienen una responsabilidad que no puede trasladarse exclusivamente a la Policía. Rectores, consejos superiores, profesores y representantes estudiantiles deberían preguntarse si los llamados capuchos representan realmente a sus comunidades y si las acciones violentas contribuyen de alguna manera a defender la universidad pública.
La respuesta institucional debería ser clara. Una minoría violenta no puede apropiarse de la representación de miles de estudiantes que van a las universidades a estudiar, investigar, debatir o protestar pacíficamente. Sería conveniente comenzar un diálogo con las universidades públicas más representativas del país. No para negociar con quienes utilizan la violencia, sino para construir acuerdos con los sectores de la comunidad universitaria que tienen legitimidad para participar en esa conversación.
Ese proceso no debería convertirse en una interminable negociación uno a uno con cada institución educativa. El Gobierno podría establecer un protocolo nacional, construido con las universidades de mayor relevancia, y permitir después que cada institución lo adapte a sus propias características dentro del marco constitucional y legal. De esa manera, se respetaría la autonomía sin convertirla en una excusa para la inacción.
Hay, además, una discusión jurídica que el país debe dar con seriedad. El marco actual permite actuar frente a delitos y situaciones de peligro, pero no parece ofrecer una respuesta suficientemente clara para intervenir de manera preventiva frente a estructuras violentas que se organizan dentro de los campus. Si las herramientas actuales no permiten reaccionar oportunamente a determinadas amenazas, corresponde estudiar un mecanismo legal específico que establezca cuándo puede intervenir la Fuerza Pública, quién debe autorizar determinadas actuaciones, cuáles son sus límites y qué controles judiciales deben existir.
No se trata de crear una excepción al Estado de derecho. El objetivo es evitar que la ausencia de reglas claras termine produciendo decisiones improvisadas. Un mecanismo de esta naturaleza tendría que proteger la protesta legítima, exigir circunstancias objetivas para cualquier intervención, además de establecer controles posteriores y responsabilidades cuando se excedan las facultades.
El Congreso y las altas cortes tendrían allí un papel fundamental. Si es necesario modificar el marco legal, la discusión debe darse públicamente y con respeto por la Constitución. La seguridad no puede construirse a costa de las libertades, pero las libertades tampoco pueden utilizarse para impedir que el Estado cumpla sus obligaciones.
Colombia no tiene que escoger entre autonomía universitaria y autoridad, necesita que ambas funcionen dentro del Estado de derecho. La universidad debe seguir siendo un espacio para disentir del Gobierno, cuestionar a las instituciones, protestar y defender ideas incómodas. Precisamente por eso debe ser también un lugar donde las reglas tengan plena vigencia. La libertad que protege a las universidades frente al poder no es sinónimo de inmunidad frente a la ley.