Cabello Blanco

Los ciudadanos tenemos el cabello blanco de ver cómo todas las instituciones estatales están carcomidas por la inmoralidad y cómo los organismos de control sancionan a pobres diablos que no tienen influencia política o a personas inocentes, como sucedió en Saludcoop. El último episodio, protagonizado por la procuradora Margarita Cabello Blanco, es apenas el último episodio.

La Procuraduría archivó la investigación contra Karen Abudinen porque dizque no era parte de sus funciones revisar la garantía bancaria del contrato de Centros Poblados, garantía que supuestamente emitió el Banco Itaú pero que resultó falsa. Esa complaciente interpretación no se aplicó en otros casos. El mes pasado, la Procuraduría de Cabello Blanco destituyó a la exsecretaria de Hacienda de Cota Cecilia Malte Álvarez, por “su falta de vigilancia y control” sobre el tesorero y el técnico administrativo, que hicieron pagos dobles, falsificaron documentos y se apropiaron de 1.062 millones de pesos. La exsecretaria de Hacienda no se robó la plata pero sí fue sancionada por el robo cometido por otros y por los documentos falsos. Pero la exsecretaria no es de Barranquilla, ni ha sido ministra, ni tiene padrinos, ni es altanera. A ella sí le aplicaron todo el peso de la ley.

La Procuraduría de Cabello Blanco la inhabilitó por nueve años. La falta que cometió fue calificada como “gravísima cometida con culpa gravísima”. La falta de vigilancia de la exministra fue calificada como inexistente porque delegó sus funciones en otra funcionaria. Este mes, la Procuraduría de Cabello Blanco acusó a la extesorera de Saladoblanco, Huila, por no resguardar las claves de la cuenta bancaria del municipio, de la cual fueron sustraídos, no 70.000 millones de pesos, sino 49 millones de pesos. La extesorera Celia Yolanda Artunduaga Guañarita no ha trabajado con el presidente Duque, ni con el presidente Santos, ni con Alejandro Char, ni estudió en Georgetown. A ella la Procuraduría de Cabello Blanco la acusa sin contemplaciones. Dice que actuó “con un grado de negligencia y desidia tan grande que no puede ser justificado por ninguna circunstancia, demostrando un desprecio absoluto por las normas y obligaciones que tenía”. Esas palabras contundentes se deben a que la extesorera es de apellido Guañarita.

En cambio, la exministra es Karen Abudinen Abuchaibe y seguramente tiene en el celular el número de su primo Christian Daes Abuchaibe, dueño de Tecnoglass, compañía tan barranquillera como Margarita Cabello Blanco. Según la cotización de la bolsa de Nueva York, Tecnoglass vale más de 3.000 millones de dólares. El Grupo Guañarita no aparece en la revista Forbes. Cuando Margarita Cabello Blanco afirma que la justicia es el pilar fundamental sobre el cual se construye una sociedad democrática y equitativa, y el compromiso de ella es trabajar incansablemente por una justicia que no solo sea imparcial, accesible y eficiente, sino que también sea percibida como tal por todas y todos los colombianos, se refiere a investigados de apellido Guañarita o de apellido Malte.

También actuó con severidad la Procuraduría de Cabello Blanco contra un exconcejal de Piedecuesta, otro ignoto parroquiano llamado Octavio Cárdenas Almeida, destituido e inhabilitado por 13 años porque cuando fue requerido por la policía en una riña se resistió muy enojado diciendo: “Usted no sabe quién soy yo”. La Procuraduría de Cabello Blanco también aplica su versión de justicia imparcial parcializada si el investigado hace parte del Gobierno Petro, como sucedió con el exgobernador de Nariño Camilo Romero. Él sí incurrió en culpa grave, pues no vigiló ni controló la actuación del secretario de Hacienda en la adjudicación de un contrato para comercializar 80.000 cajas de licor. A Karen Abudinen, en cambio, se le permitió alegar que había delegado sus funciones.

En Sutatausa, alguien está temblando. Lo acusa la Procuraduría de Cabello Blanco de una falta disciplinaria “gravísima a título de dolo”. El exalcalde de ese municipio de Cundinamarca Jaime Humberto Arévalo Villamil, que no firmó un contrato fallido y fracasado por 1 billón de pesos, tiene pliego de cargos por participar “en la socialización de una obra de placa huella”.

Karen Abudinen fue condenada irrevocable e irreversiblemente por el tribunal de la opinión pública, pues actuó con un grado de negligencia y desidia tan grande que no puede ser justificado por ninguna circunstancia.