Carta abierta al Senado de la República

Cuando en el año 2022 los colombianos elegimos al actual Senado de la República, con una participación superior a los 18 millones de votos, lo hicimos con la confianza y la certeza de que los senadores elegidos cumplirían con las funciones que les otorga la Constitución. Su principal responsabilidad es ejercer la función legislativa: elaborar, interpretar, reformar y derogar leyes y códigos en todos los ámbitos de la legislación nacional.

Este trabajo legislativo debe realizarse mediante deliberaciones y consensos, con el objetivo de construir normas que impulsen el desarrollo político, social y económico del país. Así lo hicieron los ocho senadores de la Comisión Séptima del Senado, quienes, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 5ª de 1992, tras un análisis juicioso y riguroso, decidieron archivar el proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Ante la imposibilidad de alcanzar consensos en el Congreso y de lograr que el proyecto fuera aprobado como ley —pese a que muchos parlamentarios reconocieron la necesidad de una reforma, pero no en los términos propuestos por el Ejecutivo—, el Gobierno ha decidido impulsar una consulta popular con el objetivo de imponer el texto original de la reforma archivada. Esta decisión atenta contra la institucionalidad del país y, de forma preocupante, contra uno de los pilares fundamentales de la democracia: la separación de poderes.

No puede el Gobierno, encabezado por el presidente de la República y su ministro del Interior —ambos con una amplia trayectoria como exparlamentarios—, argumentar que, si el Congreso no aprueba las leyes en los términos propuestos por el Ejecutivo, se deba recurrir a una consulta popular para imponer unilateralmente la posición del Gobierno. Resulta paradójico que, durante su paso por el Congreso, tanto el presidente Petro como el ministro Benedetti hayan sido ponentes o hayan votado a favor del archivo de múltiples proyectos de ley, sin exigir en su momento a los gobiernos de turno que acudieran a una consulta popular como herramienta para legislar.

Lo que ahora se pretende es suplantar las funciones legislativas del Congreso con un mecanismo excepcional, utilizando una consulta popular cuyas preguntas, en su mayoría, reproducen fielmente el texto del proyecto archivado. Esto no solo vulnera la independencia de poderes, sino que también deslegitima el papel que el Congreso debe cumplir en una democracia sólida y representativa.

Y es por eso, señores senadores, que en sus manos recae la responsabilidad de garantizar la defensa de la Constitución colombiana, tal como lo juraron al asumir sus cargos como parlamentarios.

Es deber prioritario de ustedes hacer cumplir lo dispuesto en el artículo 113 de nuestra Carta Magna, el cual consagra la existencia de las tres ramas del poder público: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Cada una de ellas cumple funciones propias, y ninguna puede suplantar a la otra. Así lo reafirmó recientemente el presidente de la honorable Corte Suprema de Justicia, magistrado Octavio Tejeira, en una entrevista con la revista Semana, ante la siguiente pregunta:

SEMANA: Ha surgido el interrogante de si una consulta popular puede utilizarse para aprobar una ley, teniendo en cuenta que el texto que se pretende someter a votación es, en su mayoría, el mismo que fue archivado por la Comisión Séptima. ¿Eso se puede hacer?

Magistrado Tejeira: “La consulta popular es un mecanismo de participación democrática que tiene como propósito preguntar al pueblo su postura respecto a un tema específico. Eso es lo que establece la Constitución y la ley. Lo que debe hacerse es formular una o varias preguntas para que el pueblo exprese su opinión.”

Ante esta aclaración, señores senadores, es claro que ustedes son los garantes de que el gobierno no imponga, por vía de una consulta popular, una reforma que ya fue debidamente archivada mediante los canales constitucionales. Si el Gobierno desea insistir en dicha reforma, tiene la posibilidad de presentar un nuevo proyecto de ley, como ya lo ha hecho el Partido Liberal, con el respaldo de las mayorías del Congreso, incluidas bancadas de oposición y los gremios productivos.

Pretender ahora imponer un texto previamente archivado por medio de una consulta popular contraviene el principio constitucional de la separación de poderes. Este principio garantiza el equilibrio entre las ramas del poder público y establece un sistema de vigilancia y control mutuo entre el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Resulta preocupante que algunos senadores puedan prestarse para vulnerar este principio esencial de nuestra democracia.

La separación de poderes no es un capricho, sino una salvaguarda contra el abuso de poder y una garantía de libertad política. Cada poder tiene su propia legitimidad, y es precisamente por ello que los senadores deben actuar con responsabilidad, respetando sus límites constitucionales. No pueden permitir que, bajo el pretexto de una consulta popular, el Gobierno intente usurpar funciones que exclusivamente le competen al Congreso de la República.

Los colombianos esperamos de ustedes, señores senadores, una profunda reflexión y que no se presten a las imposiciones de un gobierno cada vez más desprestigiado, que ha demostrado su incapacidad para lograr consensos en torno a una reforma laboral, y que ahora pretende imponerla mediante mecanismos autoritarios.

No se trata de una verdadera intención de mejorar las condiciones laborales de los ciudadanos, sino de una maniobra con fines políticos, recurriendo a estrategias que ya fueron empleadas por Chávez y Maduro en la instauración de la dictadura en Venezuela. Este tipo de prácticas resultan profundamente peligrosas para la democracia colombiana.

Más de 18 millones de colombianos participamos en las elecciones que les dieron a ustedes el mandato parlamentario. Y como ciudadanos, ejerceremos una veeduría activa sobre sus actuaciones, esperando que su prioridad sea la defensa de la Constitución, especialmente del principio fundamental de la separación de poderes.

Si, por el contrario, algunos optan por ceder ante intereses politiqueros o beneficios personales —ya sean de índole económica o derivados de prácticas clientelistas como la “mermelada”—, no dudaremos en hacer públicas nuestras denuncias. Casos como el escándalo de la UNGRD evidencian cómo se ha normalizado la corrupción en este gobierno.

Los ciudadanos estaremos atentos. Y cuando llegue el momento en que ustedes se postulen nuevamente a cargos de elección popular, utilizaremos todos los mecanismos democráticos y sociales a nuestro alcance para impedir que quienes han traicionado su juramento constitucional vuelvan a ser elegidos.

Por eso, hoy más que nunca, los colombianos esperamos de ustedes una votación clara y firme por el NO a la propuesta de convocar una consulta popular que pretende sustituir el papel legítimo del Congreso de la República.