Carta abierta: la inacción frente al execrable contrabando agrícola

Doctora Martha Carvajalino, ministra de Agricultura

Doctora Diana Marcela Morales, ministra de Comercio

Señoras ministras:

Los agricultores de Colombia, en especial de café, de arroz y de papa, están perjudicados, de distintas formas, por el contrabando de estos y, quizás, de más productos agrícolas, como la cebolla o la leche en polvo.

Dado que no encuentro en ninguna institución de comercio, aduanera o del sector agropecuario medidas que al menos puedan paliar este flagelo y las que ustedes anuncian son inocuas, me permito hacerles este relato que ya deberían conocer por sus agentes de la Polfa, del ICA o de la Dian.

Miles de millones de dólares recorren a diario 3.500 kilómetros desde Jalisco en México hacia el sur y entran por el puerto de Manta, que fue recién visitado por el presidente Petro. Desde allí ingresan a la selva amazónica, tomando 160 kilómetros de la ruta 482, que pasa por Guayaquil, y se dispersan en distintas vías de esta economía dolarizada, hasta Loja luego de atravesar la cordillera andina por 250 kilómetros.

Ese piedemonte queda a 100 kilómetros de la frontera peruana, cerca del epicentro comercial de Jaén, un reconocido punto en el mundo cafetero por el que transita el grano de Perú y el brasilero de Rondonia, a bajo costo y que se negocia en un mercado informal.

Allí los dólares y las mercancías transables se encuentran en un carrusel internacional de “comerciantes” que toman hacia el norte por todo el piedemonte, en una excelente carretera en la que tractocamiones en caravanas con carros escoltas y avanzadas, cargados de recursos para pagar todo tipo de sobornos, toman la autopista E45 por 570 kilómetros hasta la localidad de Lumbaquí, donde acceden a la E10, con Colombia como destino final. Sin descartar la ruta que va hacia el occidente, a la depresión de Sucumbíos, que dista solo 110 kilómetros de la E35, que los interna en Ipiales (Nariño) con un recorrido de apenas 30 kilómetros.

En la otra ruta, por el Lago Agrio, en 80 kilómetros se puede pasar con tranquilidad por el río San Miguel en Putumayo, donde no hay punto alguno de vigilancia fronteriza y la carga encuentra una maraña de carreteables hacia La Hormiga. Allí, por la carretera 45, cerca de 100 kilómetros adentro, en el cruce por Puerto Asís, apenas aparece la primera aduana y el puesto de registro sanitario del ICA. Es un agujero negro.

Falta desde ahí recorrer 200 kilómetros para llegar a Pitalito, el oasis cafetero de Colombia, en el que las caravanas, por el movimiento del mercado, pasan desapercibidas y el producto de contrabando se lava en pesos colombianos. Esto es la evidencia de cómo la apertura comercial y el libre flujo de capitales tienen en el contrabando y en el lavado de dólares dos hijos legítimos. Lo mismo ocurre con la papa y el arroz.

Esos pesos se vuelven mercancías e insumos para alimentar las proscritas –en teoría– “economías ilegales”, reforzar los dominios territoriales y permear las actividades regionales y a los poderes públicos, cómplices por acción o por omisión de la fraudulenta y bien orquestada operación en la que “todos ganan”, excepto el agro nacional.

Las cooperativas cafeteras tradicionales no pueden competir con este tipo de negocio, que con mezclas bastardas daña la reputación, el diferencial de calidad y la confianza en el café colombiano. Todo se facilita por la insólita posibilidad, permitida hace poco tiempo, de exportar “Producto Colombia”, un grano verde que no es excelso.

Las malas noticias para las 530.000 familias cafeteras auténticas las dan la cotización en Nueva York y ese diferencial colombiano que ya no alcanzan para garantizarles un precio interno remunerativo y rentable, lo que estimula el éxodo de los jóvenes y deja la permanencia de “los viejos”, en medio de la anarquía de un Estado indolente ante el destino de la caficultura, el mayor patrimonio social y económico de Colombia.

En el arroz, en el que solo el 3 % que ingresó por el sur es legal, y en la papa, el matute se manifiesta en la sobreoferta en el mercado interior, sumada a las importaciones de los TLC, al arbitrio del oligopolio industrial arrocero y de los precios impuestos para el tubérculo en las centrales de abastos. Así están en la cuerda floja 16.000 productores de arroz y 90.000 paperos, que generan, respectivamente, 66.000 y 75.000 empleos directos y, entre ambos, medio millón de indirectos.

Señoras ministras, fuera de que el Gobierno de “el cambio” haya decidido mantener el modelo aperturista de libre comercio, les pregunto: ¿cómo han ejercido, en tres años, las autoridades e instituciones responsables sus funciones de supervisión y control para detener el execrable carrusel de las economías ilegales? Espero su respuesta.

Aurelio Suárez Montoya

(Anexo dos mapas de rutas del contrabando agrícola)