Caso Uribe: sobre una jueza de Alpujarra (Tolima) recae la majestad de la justicia

El 12 de julio del año 2000 un infierno se desató sobre Alpujarra, era la cuarta vez que las Farc se tomaban el municipio. Las primeras dos veces fue en el corregimiento de la Arada, a solo media hora; pero allí ya no quedaba nada para tomarse, pues habían destruido la estación de policía, asesinado a un agente y secuestrado a los otros siete. Alpujarra estaba condenada y sus habitantes lo sabían. El 20 de marzo del 2000 llegaron, pero la Policía, que estaba bien atrincherada, los enfrentó con valentía durante cinco horas. Dijeron que volverían, pero que lo harían con una sorpresa.

Mientras los vecinos hacían una colecta para comprar en Bogotá un milagroso que los protegiera de la barbarie, la alcaldesa Aura Ospitia se fue al Caguán a implorar clemencia para su comunidad. Pero regresó triste: el comandante que la recibió le dijo altanero que eso no dependía de las Farc, sino de la rapidez con la que el Gobierno hiciera la paz.

Ese 12 de julio las Farc cumplió su amenaza; los cilindros bomba, cargados con pólvora, metralla y materia fecal, empezaron a volar por los aires. De los 30 que lanzaron, solo dos impactaron la estación de policía. Esa era la nueva arma de destrucción y muerte indiscriminada que había inventado las Farc, y con la que ahora sorprendían a Alpujarra. No había como dirigirlos con precisión, así que la mayoría mataban civiles.

La rogativa a los mandos terroristas no sirvió, al contrario, luego se supo que los guerrilleros salieron del Caguán para tomarse no solo Alpujarra, sino Vegalarga, Timana, y Colombia en el Huila. Pero el milagroso de medio metro que trajeron de Bogotá sí los protegió, pues a pesar de que 20 casas quedaron destruidas alrededor de la estación de policía, ningún policía o civil murió en el ataque.

Esa era la situación del pueblo natal de la señora Juez Sandra Liliana Heredia y de más de la mitad de los municipios del país. Media Colombia viviendo en la zozobra, como en una aldea medieval, donde la ley no existía, y solo la esperanza de misericordia de los criminales —que nunca ha funcionado— y la oración eran las únicas opciones desesperadas de un pueblo martirizado. Hasta que llegó el presidente Álvaro Uribe y le devolvió la paz a Alpujarra, en donde nunca un guerrillero volvió a poner su bota, y así a cientos de municipios más; eso no lo logró transando con el terrorismo, sino restaurando el imperio de la ley con su política de seguridad democrática.

Hoy, ante esa misma justicia que redimió, comparece como acusado el presidente Uribe. No porque la causa lo amerite, sino porque en un giro macabro de la historia, las Farc lograron instrumentalizarla con su senador principal Iván Cepeda, que solo está libre porque las pruebas del computador de Raúl Reyes fueron desechadas, y con la ayuda de Juan Manuel Santos, quien movió los hilos de sus magistrados militantes Reyes y Barceló para ejecutar el montaje.

No le pido a la juez que absuelva al presidente Uribe por haber salvado a su pueblo y quizás a ella y a su familia, tampoco que lo haga por haber restaurado en Colombia la justicia en donde ella ha hecho una carrera. Le pido que lo absuelva porque en el juicio quedó demostrado que Álvaro Uribe nunca ordenó sobornar a ningún testigo, siempre pidió que dijeran la verdad. No hay ninguna prueba sobre la cual en derecho se pueda sustentar un fallo condenatorio, y el país lo sabe porque el juicio fue público.

Sobre usted, señora juez, recae la responsabilidad de reivindicar la majestad de la justicia. Un fallo condenatorio la condenaría a usted ante la historia, no a Uribe, que ya demostró su inocencia, y sobre todo, condenaría a la justicia, que cada vez más está dejando de ser un escudo del ciudadano contra la corrupción y la violencia, para ser manoseada por políticos togados en un país que no quiere volver a épocas aciagas donde invocar a Dios sea la única esperanza.