Catatumbo: el cementerio de la paz total

La tragedia humanitaria en el Catatumbo demuestra el fracaso de la paz total y la incapacidad estatal frente al dominio del ELN y las disidencias sobre las rentas ilícitas.

Lo que ocurre en el Catatumbo entierra, una vez más, los intentos de diálogo por séptima vez en la historia terrorista del ELN. Con ello, también fracasa la mayor apuesta del Gobierno: la reconciliación del país mediante la denominada paz total. Este desenlace era previsible, dado que se implementaron diálogos con premisas equivocadas y desconocimiento real de la amenaza, con ceses al fuego sin condiciones que fortalecieron a los Grupos Armados Organizados (GAO), que no tienen ningún incentivo ni apremio para renunciar a sus multimillonarios ingresos. Suponer que la afinidad ideológica con un gobierno de izquierda sería suficiente fue, a todas luces, un error.

Las cifras oficiales de esta tragedia humanitaria son alarmantes: 38 asesinatos (aunque las cifras extraoficiales son mucho más escandalosas), 40.000 desplazados, un número significativo de desaparecidos y numerosos secuestros. Este enfrentamiento se centra específicamente entre el Frente 30 de las disidencias y el Bloque Noroccidental del ELN, por las disputas de las rentas ilegales. Este escenario configura una de las tragedias humanitarias más graves en la historia reciente de Colombia. Lo más inquietante es que la crisis incluye una matanza selectiva de firmantes del Acuerdo de Paz con las Farc, dejando un precedente nefasto para el país.

La región del Catatumbo, principal bastión del ELN, cuenta con una historia de casi 60 años de dominio de este grupo armado, perpetuado por generaciones. Junto con Arauca, constituye un enclave estratégico para las finanzas ilícitas. Estamos hablando de la segunda región cocalera de Colombia, con aproximadamente 52.000 hectáreas. Además, la región incluye el arco minero, el contrabando de gasolina, la explotación de los pozos petroleros más relevantes del país y numerosos pasos ilegales que facilitan el movimiento de todo tipo de contrabando. Con una frontera de 2.219 kilómetros de extensión, el Catatumbo resulta vital para el ELN no solo por su valor económico, sino por su importancia estratégica. Este control le permite proyectar capacidad militar y posicionarse como un aliado clave del régimen de Maduro, garantizando la tranquilidad de varias de sus estructuras y de sus principales cabecillas en territorio venezolano.

Esta guerra a muerte entre estas dos estructuras criminales es preocupante, no solo por su intensidad actual, sino por su potencial para expandirse hacia otras zonas críticas. Ya se tienen reportes de otras masacres en el sur de Bolívar, con el asesinato de nueve personas, y en Guaviare, donde las cifras son incluso mayores. Regiones como Arauca, Chocó, Cauca, Nariño y Putumayo también enfrentan un riesgo latente de masacres por retaliaciones y desplazamientos, lo que podría configurar una emergencia humanitaria a nivel nacional si no se adoptan los correctivos en el menor tiempo posible.

El presidente Gustavo Petro manifestó que esta tragedia era un fracaso del Estado. No, presidente, es el fracaso de su gobierno, al acabar con la política de Defensa y Seguridad, centrándola únicamente en la seguridad humana. Ignorar el real poder de los GAO y montar un proceso de paz sin metodología ni mecanismos de verificación, con ceses al fuego que solo fortalecieron a los bandidos, con mensajes equivocados y menosprecio a la Fuerza Pública, ha tenido consecuencias desastrosas.

Nombrar como gestores de paz a los peores delincuentes, priorizar el servicio social para la paz sobre el servicio militar, financiar a los delincuentes y debilitar a la Fuerza Pública al recortar casi un billón de pesos del presupuesto —necesario para el mantenimiento de flotas de helicópteros, ahora varados en los hangares—, son decisiones que agravaron esta crisis. A esto se suma el daño a la capacidad de inteligencia del país, resultado del cambio de enfoque en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Esta entidad, antes responsable del seguimiento y análisis de objetivos externos —especialmente en países fronterizos o de interés estratégico—, ha perdido su rol fundamental. Por ejemplo, su función era obtener información clave sobre las actividades de los grupos armados organizados en zonas fronterizas, como Venezuela. Además, la ruptura de relaciones con Israel, nuestro principal aliado en inteligencia militar, ha limitado aún más nuestra capacidad de reacción. Lo que queda claro aquí es que con la seguridad nacional no se juega.

Las denuncias de la Defensoría del Pueblo son contundentes: desde 2021 se emitieron cuatro alertas tempranas, la última con carácter de inminencia, solicitando refuerzos para la Segunda División del Ejército. Sin embargo, estas advertencias fueron ignoradas por el Gobierno, encabezado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez. ¿Por qué no se detectó, mediante inteligencia, el movimiento masivo de estructuras armadas desde Arauca al Catatumbo? Según reportes, este traslado ocurrió por territorio venezolano, facilitado por el régimen de Maduro para favorecer al ELN, su aliado estratégico, que actúa como una guerrilla transnacional con fuerte presencia en Venezuela. Es aún más desconcertante que, mientras el presidente Petro y su ministro de Defensa discutían política exterior en Haití, criticando al presidente Trump —quien es nuestro principal aliado estratégico—, el régimen venezolano militarizaba la frontera con demostraciones de fuerza encabezadas por Diosdado Cabello.

Con el decreto de conmoción interior, el Gobierno nacional pretende remediar lo que debió haberse hecho mucho tiempo atrás: implementar una presencia integral del Estado que incluya una fuerte presencia militar y operaciones ofensivas sostenidas. Es imprescindible una estrategia que desarticule el narcotráfico, fortalezca la justicia y reactive la inversión social. Tanto en el Catatumbo como en otras zonas sensibles como Arauca, sur de Bolívar, Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo y Guaviare, solo así se podrá detener el derramamiento de sangre de inocentes y sus familias.

La crisis en el Catatumbo expone el fracaso de la paz total y la falta de una política estatal efectiva frente a la seguridad, la justicia y el desarrollo. El conflicto entre el ELN y las disidencias de las Farc por el control de rentas ilícitas evidencia el dominio armado sobre el diálogo. Es urgente actuar para evitar la expansión de esta dinámica a otras regiones del país.