Catatumbo: ¿hecho sobreviniente?

Las noticias sobre la violencia en esa zona son alarmantes: la crisis humanitaria en el Catatumbo ya ha dejado 60 muertos, más de 18.000 desplazados y 46.000 niños sin clases, según la ONU. La guerra entre el ELN y las disidencias en el Catatumbo ha colapsado las morgues en Norte de Santander, con alrededor de 50 cadáveres sin rescatar.

El Catatumbo está bajo fuego, con una crisis de orden público que ha alcanzado niveles sin precedentes en la historia de Norte de Santander. Más de 20.000 personas han sido desplazadas y se han reportado 80 homicidios en los últimos meses.

La crisis humanitaria y de seguridad en el Catatumbo era algo anunciado por diversas autoridades, entre ellas la Defensoría del Pueblo, que el pasado 15 de noviembre advirtió, mediante su sistema de alertas tempranas, de “la situación de riesgo” para la población civil por la presencia y amenazas de los grupos armados ilegales.

El Gobierno anunció la declaratoria del estado de conmoción interior para solucionar la situación. La Constitución establece: “En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía”, el Gobierno, con la firma de todos los ministros, lo podrá declarar.

La figura del estado de conmoción interior ha sido empleada en varias ocasiones desde su inclusión en la Constitución, una en 1992, en relación con la jurisdicción de orden público y las numerosas solicitudes de libertad provisional; otra en 1995, por hechos de violencia que incluyeron el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Una más en 2002, en razón de la situación de inseguridad ocasionada por bandas armadas financiadas por el narcotráfico.

También ha tenido intentos fallidos. Uno ocurrió en 1994, durante el mandato de César Gaviria, con ocasión de la necesidad de destrabar la acción de la Fiscalía y decretar una emergencia judicial, la Corte consideró que la situación no era imprevisible; y otro, en 2008, en el segundo período de Álvaro Uribe Vélez, en razón del deficiente funcionamiento de la justicia y la libertad de más de 2.720 sindicados, la Corte consideró que no se demostró la afectación de la estabilidad institucional ni el grave detrimento del orden público.

En el caso del Catatumbo, la Corte Constitucional tendrá que estudiar si hay una grave perturbación del orden público en esa zona del territorio, al parecer sí la hay. Si se atenta en forma inminente contra la estabilidad institucional, lo cual no se ve muy claro en cuanto las distintas instituciones no están amenazadas ni afectadas, como tampoco la seguridad del Estado, más bien, la convivencia ciudadana ha resultado profundamente perturbada.

Si la crisis puede ser conjurada con las atribuciones ordinarias existentes, esto es, normas de paz total, de orden público, Código Penal, entre otras, aquí parece discutible en cuanto a la coyuntura de los grupos ilegales, mientras que las consecuencias son más extraordinarias. Finalmente, sí se trataba de unos hechos imprevisibles, más aún existiendo la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo.

La Ley 2272 de 2022, que define la política de paz del Estado, permite la negociación con los grupos armados, suspensión de órdenes de captura, ubicación de la Fuerza Pública, constitución de regiones de paz, entre otros.

Lo cierto es que las consecuencias negativas de la política, así como de las negociaciones con los grupos armados previstas en la paz total, en principio, no deben ser objeto de corrección o reparación mediante la declaración de estados de excepción.

La violencia de los grupos armados y sus vínculos con las organizaciones del narcotráfico, lamentablemente, no son hechos ocasionales ni coyunturales de nuestra realidad, muy por el contrario, son endémicos y han ocurrido durante décadas, más recientemente con incidencia del vecino país. Es más, invitan a la revisión y la reflexión en cuanto la negociación parece ya no ser el camino, pues ha sido utilizada estratégicamente para ganar espacios en la guerra.

No, presidente, no es una falla o derrota de la Nación, sino malas políticas y malos manejos gubernamentales, junto con ausencia de decisiones en las relaciones internacionales.

Cita de la semana: “Esa era nuestra ventaja, el tiempo ya era más nuestro, lo mismo que dependíamos de nuestro plan y no del plan de ello”. Tirofijo: Los sueños y las montañas 1964-1984, Arturo Álape.