Cheque en blanco

Cuando se hace un alto en el camino y se observa cuidadosamente el horizonte político latinoamericano, se evidencia que el Gobierno actual en el poder ha aprendido y aplicado numerosas enseñanzas de una escuela política de izquierda que ha dejado a su paso cenizas, tristeza y dolor en varios países del vecindario; acercándose el final del actual período de gobierno son muchos los paralelos que se pueden hacer entre dos naciones hermanas como son Colombia y Venezuela, especialmente por el menoscabo en los campos político, económico y social que han sufrido nuestros vecinos a manos del socialismo del siglo XXI.

Los gobiernos de izquierda regularmente adelantan todas las maniobras políticas posibles para atornillarse ‘legalmente’ al poder, siendo una de ellas la manipulación de la Constitución, pregonando que van a ‘refundar la República’, tal como lo hizo Chávez y lo está haciendo actualmente el Gobierno en Colombia, manifestando continuamente ‘la necesidad’ de una Constituyente, como lo señala el jefe del poder Ejecutivo en el discurso de Puerto Rellena (Valle del Cauca), hoy rebautizado por los zurdos como Puerto Resistencia, o en el reciente discurso de La Dorada (Caldas). Quieren un cheque en blanco para la reelección y para acomodar legalmente el comunismo como doctrina oficial del país.

El Gobierno saliente quiere asegurarse antes de partir de que se lleve a cabo una Constituyente. Es así como están proponiendo una papeleta adicional en las elecciones de 2026, para que bajo la figura del Referendo se tenga que materializar. La Constitución establece que la misma se podrá reformar por el Congreso, como lo hizo Santos violentando la voluntad de los colombianos que dijeron NO a los acuerdos con las FARC, pero ‘los impuso a la brava’ con la anuencia cómplice del Congreso; también se puede modificar mediante lo que disponga una Asamblea Nacional Constituyente o por parte del pueblo mediante un referendo, pero ello requiere que el Congreso lo apruebe mediante una ley.

Parece que al Gobierno se le ha olvidado que la pasada Constituyente de 1991 estaba conformada por 70 miembros con voz y voto de los cuales el 28,5 % eran exintegrantes del M-19 y en total el 38,5 % pertenecían a la izquierda; muchos colombianos se preguntan si no fue suficiente la participación de los numerosos exterroristas para que pudieran imponer sus intereses a quienes asesinaban, secuestraban, extorsionaban y violentaban sus derechos, así como a las familias donde quedaban viudas, huérfanos o mutilados. Una nueva Constituyente es la oportunidad que están esperando ansiosamente los zurdos para que se impongan por ley los preceptos del comunismo, para arrasar con lo que queda de país.

Hay que aprender de los errores pasados, porque si no, para 2026 vamos a tener que lamentarnos ante la reelección del mismo gobernante o de alguno de sus alfiles. Muchos colombianos se dejaron engatusar por la grandilocuencia empleada en la plaza pública, y en especial por la perorata donde se prometía quitarles los bienes a quienes los han trabajado para dárselos a los zánganos que no producen nada, sino que actúan como rémoras esperando las sobras que les lanza el Gobierno, para mantenerlos atados y disponibles para hacer presencia ‘voluntaria’, en las marchas que programa el gobernante de turno para la defensa de sus propuestas amañadas.

Ante una eventual Constituyente queda flotando en el ambiente el mal ejemplo vivido en Colombia con el Plebiscito que se robó Santos en 2016 y en el vecindario con la última elección presidencial de 2024, donde los queridos amigos venezolanos se sintieron asaltados en su buena fe con un resultado muy posiblemente acomodado; la maquinaria al servicio de la izquierda debe estar planeando a marchas forzadas las estratagemas para impedir ‘legalmente’ que su o sus candidatos pierdan las próximas elecciones. Seguramente van a correr ‘la línea ética’ como lo han propuesto anteriormente algunos de sus alfiles.

Debemos asegurar para nuestros hijos y nietos el futuro de la democracia y de las libertades en nuestro país. La participación ciudadana seria y responsable en los procesos electorales es fundamental para el futuro próspero de Colombia.