Colombia forajida

Como se ha advertido desde hace mucho tiempo, la situación de orden público en Colombia es insostenible. Si bien el gobierno de Iván Duque no le entregó a Gustavo Petro un país pacificado, la evolución de la seguridad bajo el mandato de este último no solo es desastrosa, sino que representa una afrenta a las instituciones, al imperio de la ley y a la integridad territorial colombiana.

¿Quién responde por los más de 50.000 desplazados del Catatumbo que no pueden vivir en sus casas por el riesgo de ser asesinados? ¿No es ese un derecho básico de los colombianos que el Gobierno Petro, intencionalmente —como se expondrá en esta columna— está desconociendo? ¿No constituye su deficiente administración una traición a la voluntad de paz de los colombianos?

Es importante señalar que los factores que permitieron la toma guerrillera de gran parte del departamento de Norte de Santander fueron facilitados por el propio Gobierno. Desde su posesión, el ministro de Defensa, con el aval del presidente, ha debilitado la capacidad de reacción de las Fuerzas Armadas. Como resultado, en amplias zonas del territorio colombiano, los grupos ilegales ejercen el control sobre la población pacífica, vulnerando sus derechos y el orden institucional.

Según datos del Comando de Personal del Ejército Nacional, entre agosto de 2022 y abril de 2024, 16.384 militares han abandonado la institución, con un promedio de 25 bajas diarias. Además, el Gobierno Petro ha dado de baja a más de 65 generales con amplia experiencia. En materia presupuestal, el gasto en defensa se redujo del 3,4 % del PIB en 2022 al 2,8 % en 2023, con una estimación de 2,5 % en 2024. En otras palabras, el Gobierno ha desfinanciado a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Estos recortes han generado graves consecuencias: en numerosos municipios, las tropas carecen de insumos básicos como gasolina para operar, aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea están sin mantenimiento, y los recursos para enfrentar a los grupos armados son limitados. Además, existen numerosas denuncias de uniformados que afirman haber recibido órdenes de evitar enfrentamientos con grupos ilegales, en cumplimiento de las políticas de la fracasada paz total. Entre estas medidas se incluyen ceses del fuego unilaterales que han permitido a los grupos armados fortalecerse.

En el Catatumbo, el Gobierno nacional decidió desde abril de 2023 no responder a los ataques guerrilleros, dejando abandonados a nueve soldados que fueron acribillados y retirando cualquier presencia estatal en vastas zonas del departamento. No es sorprendente que, pese a las frecuentes advertencias emitidas por la Defensoría del Pueblo, el Gobierno no haya restablecido el orden y, de facto, haya cedido el territorio al ELN, un grupo que responde a un gobierno extranjero ilegítimo como el de Venezuela.

En un escenario en el que se respetara el territorio colombiano, las Fuerzas Armadas estarían desplegadas de manera masiva en el Catatumbo. Sin embargo, la inacción gubernamental favorece a las guerrillas y a la influencia extranjera en suelo colombiano. La pregunta ante este hecho inocultable es: ¿el Gobierno está beneficiando a los grupos armados por incapacidad o por estrategia?

Es cierto que la presencia de grupos ilegales en Colombia es un problema histórico. Sin embargo, con la excepción del gobierno de Ernesto Samper, nunca se había visto un crecimiento de estas estructuras criminales tan significativo como el actual. Un informe reciente de la Defensoría del Pueblo reporta un incremento del 70 % en los municipios con presencia de grupos armados, lo que evidencia un deterioro alarmante de la seguridad en el país.

Si no fuera porque el Gobierno ha permitido la expansión del narcotráfico y la minería ilegal —las principales fuentes de financiamiento de estos grupos— y ha justificado sus acciones en discursos públicos, podría argumentarse que esta crisis es el resultado de una administración deficiente. Sin embargo, al analizar en conjunto los factores presentes en el campo colombiano, solo se puede concluir que el gobierno del Pacto Histórico ha decidido desconocer el Estado de derecho y dar la espalda a los colombianos, quienes hoy no viven bajo el imperio de la ley, sino bajo la voluntad de criminales.