Colombia se respeta

La última semana ha sido catastrófica para el Gobierno del presidente Gustavo Petro debido a la infiltración de dineros de origen dudoso en su campaña, los cuales ingresaron de manera ilegal. Se trata de 500 millones de pesos entregados directamente por Diego Marín, alias Pitufo, al ciudadano español Xavier Vendrell, amigo y confidente del presidente; así como a un reconocido político del partido Alianza Verde, afín a la campaña presidencial.

Los colombianos solo nos enteramos de estos aportes casi tres años después, gracias a una rigurosa investigación realizada por la periodista María Jimena Duzán. Curiosamente, un día antes de que se hiciera pública esta investigación, el presidente Petro, en un acto que parece una estrategia para desviar la atención, hizo referencia al tema en un discurso en una prestigiosa universidad de Bucaramanga. En su intervención, el mandatario declaró:

“Diego Marín, claro en sus intenciones de infiltrar el Pacto Histórico y mi campaña, pero no investigan por qué lo pudimos rechazar nosotros y yo decidí ponerlo preso. No porque sea juez, sino porque había cruzado la frontera y estaba en España como ciudadano español, y me correspondía, como jefe de Estado, impulsar su captura. Se trata del mayor contrabandista de Colombia y uno de los principales lavadores de dólares del narcotráfico en el país.”

Con estas palabras, el presidente intentó justificar que, al enterarse del ingreso irregular de estos fondos, ordenó su devolución. Sin embargo, esto plantea varias preguntas importantes:

1. Si la campaña supo de inmediato el origen ilícito del dinero, ¿por qué no informó a las autoridades sobre el intento de infiltración?
2. Cuando el presidente ordenó a Xavier Vendrell y a Augusto Rodríguez, actual director de la Unidad Nacional de Protección, devolver los fondos, ¿por qué no se hizo en presencia de las autoridades para garantizar transparencia?
3. ¿Dónde está la supuesta grabación que prueba la devolución del dinero? Se ha señalado que esta fue realizada por el ciudadano español Ramón Devesa, un experto en espionaje y manipulación de información en campañas políticas, quien tuvo un papel activo en la contienda presidencial. Actualmente, se dice que Devesa está exigiendo dinero a cambio de entregar la grabación, lo que pone en duda la veracidad de la devolución.

Más allá del caso específico de la campaña de Petro, estas revelaciones dejan en evidencia un modus operandi que, según informes periodísticos recientes, ha sido utilizado no solo en elecciones presidenciales, sino también en campañas para el Congreso y autoridades regionales. Es fundamental que tanto las autoridades como la opinión pública exijan respuestas claras sobre el alcance de estos actos y sus implicaciones para la democracia en Colombia.

No obstante, hay una causa adicional que debe ser asumida por todos los colombianos a partir de hoy: la necesidad de que una persona tan seriamente cuestionada como Xavier Vendrell deje de tener la ciudadanía colombiana que actualmente posee.

Vendrell es un empresario y político español reconocido por su vínculo con el movimiento independentista catalán. En 2020, fue detenido en la operación Volhov y se le investiga por presunta financiación y apoyo logístico al independentismo catalán, en actividades que habrían implicado posibles delitos de malversación y tráfico de influencias.

Resulta incomprensible que el presidente Gustavo Petro lo haya premiado con la nacionalidad colombiana apenas tres semanas después de asumir su mandato, utilizando para ello las facultades que la ley otorga exclusivamente al jefe de Estado mediante la figura de “nacionalidad colombiana por adopción con exoneración de requisitos”.

Esto es aún más grave si se considera que, para el momento en que le fue otorgada la ciudadanía, ya se sabía que Vendrell había recibido dineros irregulares en la campaña presidencial y que, supuestamente, fueron devueltos a Diego Marín, alias Pitufo. Además, existen serios cuestionamientos sobre los negocios en los que ha participado, con presuntos indicios de corrupción en ciudades como Bogotá, Santa Marta, Armenia, Pereira y otras, en proyectos cuyo valor supera los 500 millones de dólares.

Dada la magnitud de estos hechos, es fundamental que el país exija explicaciones y tome medidas para evitar que personas con antecedentes tan polémicos reciban beneficios de esta naturaleza.

Una persona que recibe la nacionalidad colombiana mediante un mecanismo especial otorgado por el presidente de la República debe demostrar, a través de su comportamiento, respeto y un compromiso ético y moral con la sociedad que lo acoge. A pesar de esto, es evidente que Xavier Vendrell no cumplía con esas condiciones ni expectativas.

El hecho de que haya recibido 500 millones de pesos en la campaña presidencial y, tras supuestamente devolverlos parcialmente— pues se ha señalado que uno de los miembros de la organización de la campaña sustrajo parte de estos fondos—, implica que tenía la obligación de denunciar la situación ante las autoridades competentes. Su omisión en este sentido constituye una grave falta, aún más tratándose de una persona cercana al presidente. Tanto él como el mandatario, con pleno conocimiento de lo sucedido, decidieron no informar a las autoridades, lo que plantea serios cuestionamientos.

Resulta incomprensible que, en lugar de ser investigado por su conducta, Vendrell haya recibido la nacionalidad colombiana por parte del presidente Petro. Esta situación genera dudas sobre la legitimidad de dicho otorgamiento, pues el mínimo requisito para merecer la nacionalidad es cumplir con las leyes y normas establecidas en Colombia.

Si no hubiera sido por la investigación de la periodista María Jimena Duzán, hoy Colombia seguiría sin conocer la verdad sobre el papel de alias Pitufo en la campaña presidencial de Gustavo Petro, y el silencio cómplice continuaría, como ha ocurrido durante los últimos tres años.

Es fundamental que esta investigación llegue hasta las últimas consecuencias, no solo en relación con el actual gobierno, sino también respecto a todas las campañas políticas que históricamente se han beneficiado de los recursos de esta organización delincuencial. Asimismo, deben ser investigados los funcionarios que han caído bajo la influencia corrupta de Diego Marín y su red criminal, incluyendo a los miembros de la Policía Nacional que habrían formado parte de esta trama delictiva.

Por ahora, el presidente de la República debe actuar de manera inmediata, ya sea por la vía jurídica o instando a Xavier Vendrell a renunciar voluntariamente a la nacionalidad colombiana. Personas como él no tienen la dignidad para ser compatriotas de los 50 millones de colombianos que hoy, con indignación, exigimos con firmeza: ¡Colombia se respeta!